Censuran que el arzobispado va a desahuciar a una familia de la casa parroquial de Yesa

Abuela, hija y nieta de 12 años deberán abandonar el inmueble el 29 pese a cumplir el acuerdo para mantener la iglesia, la finca y la vivienda, denuncia la PAH
La Iglesia asegura que carece de cédula de habitabilidad y que el contrato ‘en precario’ finalizó

Ana Ibarra Iban Aguinaga - Jueves, 10 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:01h

La PAH de Berriozar arropa a Pilar Cortés, en primera fila, junto a la Plataforma de Defensa del Patrimonio.

La PAH de Berriozar arropa a Pilar Cortés, en primera fila, junto a la Plataforma de Defensa del Patrimonio. (Foto: I. Aguinaga)

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La PAH de Berriozar arropa a Pilar Cortés, en primera fila, junto a la Plataforma de Defensa del Patrimonio.

pamplona- Alrededor de 80 personas protestaron ayer frente a la sede del Arzobispado de Pamplona por la demanda de desahucio interpuesta por la institución eclesial y que obligará a una familia formada por la abuela (55 años), la hija (29 años) y la nieta (12 años) a abandonar la casa parroquial donde residen desde hace cuatro años. La orden del juzgado para la entrega de llaves expira el 29 de mayo (10.30 horas). La PAH denuncia el incumplimiento del acuerdo “en precario” al que llegaron en 2014 el párroco de Yesa y Pilar Cortés para, a cambio de ocupar la vivienda, hacerse cargo del mantenimiento del inmueble, de la iglesia (parroquia de San Esteban) y de la finca anexa. En estos años se han abordado diferentes reformas en una vivienda que, aduce Cortés, es “totalmente habitable”. Dicho acuerdo, según destaca la propia afectada, se “rompió” el año pasado por estas mismas fechas a través de un carta remitida por el abogado del Arzobispado en la que se daba “siete días” de plazo para salir de la vivienda. Previamente la Iglesia paralizó las últimas obras que se iniciaron para poder reformar la cocina.

El Arzobispado por su parte defiende que la vivienda no tiene la cédula de habitabilidad según la consulta que fue formulada al Gobierno de Navarra, requiere una reforma estructural y que la demanda de desahucio se interpuso por finalización del contrato. Recuerdan además que no hubo un contrato por escrito sino un acuerdo verbal -que no se llegó a formalizar- a cambio de mantener la iglesia limpia. “Hay unas obras mínimas pero la casa no da para vivir y la responsabilidad última es del Arzobispado si ocurre algo”, remarcan. La idea de la institución es sacar en alquiler la vivienda tras su rehabilitación. Pilar no pagaba renta, según el pacto. “El cura nos ofreció la luna y el sol pero cuando vio que no le servíamos decidió echarnos a la calle tras arreglar la iglesia y la casa, que estaba a punto de hundirse. Nos dicen que fuera, pero no explican los motivos”, subrayó ayer.

Tras dos pancartas con los lemas “Casa parroquial de Yesa. De la inmatriculación al desahucio” y “El arzobispado desahucia #PilarSeQueda”, los participantes, entre quienes se encontraban las parlamentarias de Podemos Laura Pérez y Fanny Carrillo, permanecieron cerca de media hora entonando eslóganes reivindicativos ante la fachada del Arzobispado, que permaneció con puertas y ventanas cerradas. “Ningún desahucio sin respuesta”, “Ni casa sin gente, ni gente sin casa”, “Arzobispado, cumple lo pactado”, “Desahuciar es un pecado y más cuando has robado”, “Las Pilares se quedan y su nieta, también”, fueron algunos de los gritos que se escucharon.

El ex secretario de Garisoain Álvaro Calderón explicó que cualquier desahucio “es gravísimo, pero en este caso más” porque la Iglesia inmatriculó a su nombre propiedades locales y ahora “hace con ellas lo que quiere”, desde desahuciar hasta vender, en un “negocio descarado”. Las casas parroquiales de Arraiz, Muguiro y Lizoain son otros ejemplos de “la inmatriculación al desahucio”, abundó.

También desde la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, Andrés Valentín denunció el comportamiento de la iglesia y su “falta de compasión que se ve reflejada en la propia sentencia del desahucio de Lizoain”, sentencias que cuentan -dijo- con la “complicidad” de algunos jueces como el de La Manada.

“Las casas parroquiales han sido cedidas para usos tradicionales, como en Lizoain para el cartero, y no era beneficiencia, era gente que trabajaba, al igual que Pilar, con la contrapartida de mantener la casa, la iglesia y la finca”, subrayó tras el acto. “Son tantos los bienes inmatriculados por la Iglesia que no pueden mantener lo que se han apropiado por lo que venden, alquilan o los dejan abandonados”, remarcan. En el caso de Yesa, la iglesia fue inmatriculada en el 2003, y “en aquel registro se hace referencia a la casa parroquial ya inscrita, que no se sabe cuando...”.

Pilar por su parte mira con preocupación el futuro inmediato de su familia: “Trabajamos en lo que podemos: hostelería, fábricas… está la cosa muy mal”. En la actualidad cobra 250 euros de subsidio y está a la espera de recibir la renta de inclusión social. Además, su hija trabaja por horas en empleos “esporádicos”. “No podemos pagar un alquiler aunque estaría dispuesta a darle los 250 euros al Arzobispado para seguir luchando”, reiteró.

Recuerda haber costeado todos los arreglos en materiales ya que el grueso de las obras las llevó a cabo un hijo (reforma de instalaciones de agua, luz, saneamiento, ventanas, puertas, suelos...). “Mientras a ellos les das, todo es de color de rosa, cuando tienen que dar se dan media vuelta. Hasta han cambiado la cerraja de la iglesia”, relata. A su juicio, una viga en mal estado (termitas), que el Arzobispado dice que hay que cambiar, es sólo una “excusa: los técnicos nos dicen que en 48 horas la pueden cambiar, apuntando el techo, sin perjudicar a la estructura”. Por mediación de la PAH asegura que hablaron con el Arzobispado para buscar un realojo mientras durasen las obras de reformas y conseguir así la cédula de habitabilidad, un compromiso que el Arzobispado niega.

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