Independencia judicial

Por Blanca Ramos - Viernes, 11 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:02h

La Abogacía defiende, sin fisuras, la independencia judicial, entendida como la necesaria ausencia de influencias por parte de otros poderes del Estado o de intereses o grupos de presión de cualquier índole. Resultaría inexplicable otra posición por cuanto, para acceder a la profesión, nos comprometemos a acatar la Constitución y cumplir el ordenamiento jurídico. La Constitución deja claro que la Justicia se administra por jueces y magistrados que deben ser independientes y someterse, únicamente, al imperio de la ley.

La obtención de la tutela judicial es un derecho fundamental de la ciudadanía, como lo es la defensa y asistencia letrada, el derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, la utilización de los medios de prueba pertinentes para ejercer la defensa y la presunción de inocencia, pilar sobre el que carga nuestro sistema y que, aunque a veces se cuestione, es un seguro para todas las personas.

En los procedimientos judiciales los jueces deben interpretar la ley y aplicarla a través de la técnica jurídica, respetar, por tanto, las reglas establecidas, valorar en conciencia las pruebas, descender al matiz y emplear criterios razonables, motivando sus sentencias. Estos deberes garantizan la necesaria seguridad a quienes precisan de la Administración de Justicia para que resuelva sus problemas.

Los abogados ejercemos continuamente, a través de los recursos, nuestro derecho a la crítica de las sentencias, partiendo de su legitimidad. Ese derecho a la crítica, que no es patrimonio de la Abogacía, es necesario y esencial, pero no puede traspasar el límite del respeto a las funciones judiciales.

Vivimos en un Estado de Derecho. El Derecho es el remedio del que se dota una sociedad evolucionada y cabal para resolver los conflictos. Su antítesis es que el más fuerte aplique su ley. Nuestro sistema, con sus virtudes y defectos, es el mejor de los posibles y debemos confiar en él. Establece, por ejemplo, que para sancionar a cualquier persona, antes debe existir una ley que prevea la infracción, unas normas de procedimiento iguales para todos, el derecho a conocer la acusación para poder ejercitar la defensa, la igualdad de armas o que no pueda elegirse a quien debe juzgar unos hechos ni presionársele para que dicte una sentencia en determinado sentido.

Es cierto que a veces las resoluciones judiciales se pueden percibir desde determinados ámbitos como algo lejano o de difícil comprensión, y es entonces cuando surge la impotencia y prevalece el sentimiento sobre la reflexión. Este hecho se aprecia con claridad en las causas más graves y de mayor repercusión mediática, pero también en el devenir cotidiano, pues la tutela judicial es un derecho que se ejercita por muchas personas a diario. La respuesta ante la incomprensión o el desacuerdo con una resolución judicial no puede ser nunca el ataque a las instituciones, o la ofensa personal, ni la sinrazón. A los abogados, como parte de la Administración de Justicia, desde nuestra independencia y desde la proximidad a las personas que depositan en nosotros su confianza directa, nos corresponde acercar esa Justicia a la ciudadanía, a la que defendemos y que da sentido a nuestra profesión. Los abogados trabajamos para la concordia y somos un instrumento de civilización: al lado de la parte demandante, de la demandada, de la acusación o de la defensa.

Por tanto, defendemos el respeto al Estado de Derecho, a la función jurisdiccional y a las resoluciones de los Tribunales de Justicia y a sus miembros, sin perjuicio de los recursos que resulten procedentes. También exigimos respeto, por parte de todas las instituciones que participan en la Administración de Justicia y por los medios de comunicación, a la función constitucional de primer orden que tenemos encomendada, que es la defensa de la ciudadanía.


La autora es decana del Muy Ilustre Colegio de Abogados de Pamplona