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Cifuentes, imputada por cohecho y falsificación por el caso de su máster

La jueza le tomará declaración como investigada el próximo 26 de junio, una vez que haya escuchado a todos los protagonistas del caso

EFE - Viernes, 11 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 13:37h

Desde la tribuna de oradores, Cristina Cifuentes intentando defenderse de las acusaciones sobre el master.

Desde la tribuna de oradores, Cristina Cifuentes intentando defenderse de las acusaciones sobre el máster. (EFE)

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Desde la tribuna de oradores, Cristina Cifuentes intentando defenderse de las acusaciones sobre el master.La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes.La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.Uno de los documentos presentados por Cifuentes.
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MADRID. La juez que investiga la presunta falsificación del máster de Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos ha citado como investigada (imputada) a la expresidenta madrileña el próximo 26 de junio por delitos de falsificación de documento público y cohecho.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han informado de la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, que ayer comenzó la toma de declaraciones a los investigados en el caso y ha decidido realizar nuevas citaciones, incluida la de Cifuentes.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, quien dimitió el pasado 25 de abril como máxima autoridad de la comunidad, también ha renunciado a su condición de diputada, es decir, ha perdido su aforamiento y puede ser investigada por un juzgado ordinario.

Cifuentes, que ha pedido el reingreso en la Universidad Complutense, será investigada por delitos que, además de pena de cárcel, llevan aparejada la inhabilitación especial para cargo o empleo público o al menos la suspensión.

La juez del número 51 de Madrid investiga las circunstancias en las que se produjo la aprobación del máster de la expresidenta madrileña en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), causa en la que, de momento, ha citado a cuatro personas más como investigadas.

La última de ellas, ayer mismo, Alicia López de los Mozos, supuesta presidenta del tribunal del trabajo de fin de máster y quien aseguró que su firma fue falsificada en el acta de evaluación.

La juez tomó declaración a López de los Mozos como testigo, pero decidió imputarla por un presunto delito de prevaricación administrativa por haber calificado supuestamente a alumnos que podrían no haber cursado el máster de esa universidad.

Ayer declararon ante la magistrada otras dos investigadas: Cecilia Rosado, profesora del máster de Cifuentes y secretaria del tribunal encargado de examinarla;Amalia Calonge, funcionaria de la Universidad Rey Juan Carlos que alteró sus notas.

La titular del Juzgado número 51 empezó la investigación por la denuncia de Ángela Figueruelo, catedrática de la Universidad de Salamanca y una de las profesoras cuya firma fue falsificada, en este caso en el acta de convalidación de notas.

Después, asumió la investigación que había iniciado la Fiscalía de Móstoles y finalmente decidió ampliar la causa para averiguar qué ocurrió con el acta relativa a la defensa del trabajo de fin de máster de Cifuentes.

Para el lunes 14 la magistrada ha citado como testigo a Ignacio Escolar, director de eldiario.es (que publicó las primeras informaciones sobre el caso) y ya el próximo 6 de junio al exdirector del Instituto de Derecho Público de esa universidad, Enrique Álvarez Conde, en este caso como investigado.

Ese mismo día declararán como testigos Figueruelo y otros doce testigos, entre ellos los profesores Alfredo Allué y Laura Nuño y nueve alumnos.

El cohecho y falsedad acarrean penas de hasta 6 años de cárcel y 12 de inhabilitación

Los delitos de cohecho y falsedad documental, infracciones penales por los que tendrá que declarar la expresidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes por el caso del máster, acarrean penas de prisión de hasta seis años e inhabilitación para ejercer como cargo público durante un periodo de doce años.

El cohecho es la infracción penal que se produce contra la Administración pública por parte de un funcionario o particular que solicite dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo.

Este delito viene regulado en el Capítulo V del nuevo Código Penal entre los artículos 419 y 427 bajo el título de 'Delitos contra la Administración Pública'.

El artículo 419 establece que "la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar, incurrirá en la pena de prisión de tres a seis años, multa de doce a veinticuatro meses".

Además, prevé "inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a doce años, sin perjuicio de la pena correspondiente al acto realizado, omitido o retrasado en razón de la retribución o promesa, si fuera constitutivo de delito.

El 420 contempla que "la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo, incurrirá en la pena de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de cinco a nueve años".

El delito de falsedad documental viene recogido en el Capítulo II del Código Penal. El artículo 390 contempla que "será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad".

Especifica que está falsedad se refiere a alterar "un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial" o simular "un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad", entre otros aspectos.

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