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Ley de Contratos

Por Cecilio Aperte Mínguez - Sábado, 12 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:02h

Las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo vinieron a modificar sustancialmente la forma de entender la contratación pública, surgiendo con ello en los países de la UE la necesidad de adaptar su ordenamiento jurídico. El 9 de noviembre se publicó en el BOE la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público que incorporó en su contenido una muy buena parte de las enmiendas planteadas a los partidos políticos por CCOO y que supone un avance importante en lo relativo a los derechos de las personas trabajadoras con relación a la legislación anterior.

Toda vez que Navarra goza de competencia legislativa exclusiva en materia de contratación pública, el 17 de marzo el BON publica la Ley Foral de Contratos de Navarra aprobada por el Parlamento de Navarra el pasado 12 de abril y que entrará en vigor en todo su contenido el próximo 7 de mayo. Una ley que garantiza las condiciones laborales y salariales de las trabajadoras y trabajadores que prestan servicios públicos, aunque lo hagan de forma indirecta en empresas privadas, y blinda los derechos laborales asegurando que durante toda la ejecución del contrato se garantiza el cumplimiento de las obligaciones adquiridas desde el propio pliego.

Una Ley de Contratos como la que desde CCOO veníamos reclamando a las Administraciones Públicas en la intención de que asumiesen su responsabilidad con las plantillas que prestan servicios públicos a través de la gestión privada de los mismos.

La dinámica de los últimos años de adjudicar los servicios a las empresas que ofertasen el precio más bajo ha provocado la precarización de las condiciones de trabajo en forma de despidos, reducciones de jornada y salario, aumento de las cargas de trabajo del personal y, en definitiva, un empeoramiento de la calidad de los servicios públicos. Por ello, desde junio de 2016, iniciamos una campaña en CCOO con el objetivo de buscar una solución global al problema de la contratación pública y de proteger los derechos de las personas trabajadoras. La protección de los trabajadores y trabajadoras hacía necesario que la Ley de Contratos obligase a las administraciones a incorporar una serie de requisitos y garantías de carácter laboral en los pliegos y a las empresas a cumplir con ellos. Entre otras medidas, el establecimiento de un precio adecuado al coste del servicio incorporando la obligatoriedad de contemplar en el mismo los costes derivados de la aplicación del convenio colectivo, la obligatoriedad de subrogación de las plantillas, la estabilidad en el empleo, el mantenimiento de las condiciones de trabajo y de unas plantillas mínimas con jornadas garantizadas durante toda la vigencia de la contrata, etcétera.

Desde esa convicción solicitamos a los partidos políticos una ronda de contactos en la que les explicamos la necesidad de intervenir en la contratación pública mediante la modificación de la Ley Foral de Contratos vigente en aquel momento.

Ante la presentación de un proyecto de Ley de Contratos por parte del Gobierno de Navarra que no recogía nuestras aspiraciones y siendo coincidentes estas con las de otras organizaciones sindicales, alcanzamos con ELA y LAB un acuerdo para trasladar al Parlamento de Navarra nuestras reivindicaciones en lo relativo a la modificación de la ley. En estas conversaciones no fue posible llegar a acuerdos con UGT. Los tres sindicatos iniciamos una nueva ronda de contactos con los grupos políticos en la intención de recabar los apoyos necesarios para incluir en la ley nuestras propuestas. En esta ronda de contactos, recabamos los apoyos de los partidos que sustentan al actual gobierno (IE, Podemos, Geroa-Bai y Bildu) y del PSN para garantizar que se incluyesen nuestras reivindicaciones en la ley por la vía de las enmiendas al texto propuesto por el gobierno. Desde CCOO trasladamos a los grupos políticos las enmiendas, que en línea con los acuerdos con ELA y LAB fuimos trabajando y que finalmente se han incorporado al articulado de la ley. Algunas de ellas importantísimas, como la subrogación de las plantillas, la aplicación obligatoria del convenio colectivo, la garantía de un mínimo de personal y de jornadas mínimas durante toda la contrata y el mantenimiento de las condiciones laborales y salariales.

Toda vez que se garantizan en los pliegos los costes reales del servicio, y que la ley modifica la forma de adjudicación de los contratos desde el menor precio a una pluralidad de criterios basados en la mejor relación calidad precio, las empresas no van a poder utilizar los salarios y condiciones de trabajadoras y trabajadores para, empeorándolos, conseguir la adjudicación de la gestión de los servicios privatizados.

Lo único que empaña la aprobación de esta importante ley es el cambio de criterio a última hora de UPN y PP, que pasaron de estar de acuerdo con el contenido del dictamen de la ponencia (se aprobó por unanimidad) a terminar votando en contra de la ley con el argumento de que ésta perjudicaba a las empresas navarras al obligar a las empresas subcontratadas, cuando el cumplimiento del contrato exija un servicio de atención al público, a elaborar un plan de euskera para que los y las personas trabajadoras que ocupen puestos de atención al público, puedan formarse en dicha lengua. Una pena.

El autor es secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Navarra

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