Noticias de NavarraDiario de Noticias de Navarra. Noticias de última hora locales, nacionales, e internacionales.

Saltar al Contenido

Períodico de Diario de Noticias de Navarra

Solana subraya que no hay “un solo caso” que demuestre la “imposición” del euskera

Señala que pedir a los ayuntamientos que paguen los autobuses para acudir a la manifestación del 2 de junio en Pamplona “muy moral no parece”

Javier Encinas / Unai Beroiz - Jueves, 17 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:01h

María Solana, consejera de Educación y portavoz, ayer.

María Solana, consejera de Educación y portavoz, ayer. (Unai Beroiz)

Galería Noticia

María Solana, consejera de Educación y portavoz, ayer.

“Que se diga un solo caso al que se le haya impedido desarrollar su derecho civil por el hecho de no ser euskaldún” “Hay más de 80.000 navarros euskaldunes y solo el 1% de los funcionarios se encargaría de atenderles” “Como todo gasto público (el pago de autobuses), tendrá que tener motivación y justificación suficiente”

PAMPLONA- El Gobierno de Navarra ha recibido con sorpresa la manifestación que grupos afines a UPN y PP han convocado para el 2 de junio en contra de la política lingüística y, más en concreto, en contra del euskera. Más allá de que reconozca “la legitimidad y el derecho ciudadano de manifestarse por lo que considere oportuno”, como reiteró ayer la consejera de Educación María Solana, el Ejecutivo no ve sentido a esta convocatoria porque no termina de entender “los argumentos”.

Preguntada por esta protesta, Solana aseveró que no existe un “solo caso” que demuestre la “imposición” del euskera que denuncian los convocantes de esta marcha, que son los mismos que también el año pasado salieron a la calle para defender la bandera de Navarra en lo que fue otra manifestación incomprensible en cuanto a su motivación, ya que la enseña de la comunidad no sufre amenaza alguna.

Solana precisó que el Gobierno “no comparte” los “escasos” argumentos que se han dado para esta movilización, de ahí que pidiera “datos y pruebas” que justifiquen las críticas y esa manifestación “en contra del euskera” ya que no hay “ni un solo caso” que confirme las acusaciones.

Por ello reclamó “un solo ejemplo, un solo caso, en el que a alguien en esta comunidad se la haya impedido por no ser euskaldún desarrollar su derecho civil, el que sea, y desarrollar su vida con normalidad”.

“No existe ni un solo caso de que se vulneren los derechos de la ciudadanía y ni un solo dato de imposición del euskera en esta comunidad”, añadió Solana.

En cambio, recordó que “por el contrario sí hay muchos casos de recortes de derechos lingüísticos a otra parte de la ciudadanía”.

Al hilo de esta situación, la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, aseguró que la realidad es la contraria a la que dibujan los convocantes de la manifestación. Prueba de ello es que en Navarra, donde toda la población es castellanohablante, también hay “más de 80.000 navarros y navarras que son euskaldunes” y, sin embargo, “solo un 1% de los funcionarios serían los encargados de atenderles”, por conocer este idioma.

Desde esta premisa, Ollo explicó que la política lingüística del Gobierno se basa en el derecho de la “ciudadanía castellanohablante pero también euskaldun” y es esta última la que “ve mermados sus derechos en la atención de lo servicios, algo que viene instaurado en la Ley del Euskera, que tiene más de 30 años”.

De ahí que el Ejecutivo foral haya “puesto el foco” en dar respuesta a esta situación, lo que “no impide el derecho de cualquier persona a acceder a la función publica en igualdad de condiciones”, ya que lo contrario “sería inconstitucional”, dijo Ollo.

la petición de autobuses gratisSolana también fue preguntada por la iniciativa que UPN y PP van a llevar a los ayuntamientos para que “se comprometan a financiar” los autobuses hasta Pamplona para asistir a la manifestación. “No sé si es ilegal pero muy moral no parece”, comentó la portavoz con respecto al gasto que acarrearía este desplazamiento con cargo a las cuentas públicas de cada municipio que así lo decida.

También dio su opinión sobre esta cuestión el consejero de Hacienda, Mikel Aranburu, quien no pasó por alto que los ayuntamientos deben tener en cuenta que “como todo gasto público, tendrá que estar sometido a las normas de fiscalización y tendrá que haber partida presupuestaria en el Ayuntamiento y motivación y justificación suficiente que deberá estar fiscalizada por los correspondientes órganos de los ayuntamientos”.