La PAH pide al consistorio una campaña para que propietarios e inmobiliarias no discriminen

El aumento de los precios de alquiler les coloca en situación de ventaja a la hora de elegir inquilino
Plantean medidas ante la escasez de pisos y la no renovación de alquileres por parte de bancos y particulares

Ana Ibarra / Oskar Montero - Viernes, 18 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:02h

Foto de una habitación en la que vive una familia, situaciones de hacinamiento por falta de vivienda social.

Foto de una habitación en la que vive una familia, situaciones de hacinamiento por falta de vivienda social. (Oskar Montero)

Galería Noticia

Foto de una habitación en la que vive una familia, situaciones de hacinamiento por falta de vivienda social.

pamplona- La oferta de alquiler es tan “escasa” y entran a competir por la vivienda tantas familias que los precios han aumentado exponencialmente, alerta la PAH de Pamplona. Familias receptoras de Renta Garantizada o con trabajos en precario no pueden hacer frente a los alquileres de mercado, además de ser objeto de “discriminación” por pobreza o racismo. “El propietario se encuentra en posición ventajosa y de elegir, y en un elevado número de casos se discrimina, por pobreza y por etnia. Si a ello sumamos que las personas inmigrantes tiene mayor dificultad para acceder a la información y que muchos no dominan el idioma, sus posibilidades de acceder a una vivienda decrecen”, denuncian. Tres nóminas y 3.000 euros de aval son algunas de las condiciones draconianas de las que es testigo la PAH. “Si llama alguien con acento no hay posibilidades de arrendar”, añaden.

La PAH de Pamplona ha presentado un informe con una batería de propuestas al Ayuntamiento de Pamplona y al Gobierno de Navarra en materia de vivienda y exclusión social donde ponen de manifiesto el problema de acceso a la vivienda de los sectores más vulnerables. La crisis del 2009 al 2015 trabajo consigo los desahucios de las familias que no pudieron seguir pagando sus cuotas hipotecarias, infladas por la burbuja inmobiliaria. La segunda fase de desahucios se cebó en familias que tampoco podían pagar alquileres de mercado. En la actualidad, a esta situación se añade a aquellas a las que se les niega la renovación del contrato de arrendamiento, después de tres años, ya que la Ley de Arrendamientos Urbanos responde a una “filosofía especulativa”. Esto ocurre en viviendas de particulares y de bancos o sus inmobiliarias afines. Todo ello agravado con la escasez de vivienda, con el “increíble” incremento que están sufriendo los precios del alquiler y las “inaccesibles” condiciones que las inmobiliarias y propietarios imponen para el acceso al mismo: nóminas, contratos de trabajo, fianzas y avales, que hacen imposible el acceso a un piso de alquiler para las familias más empobrecidas, para los jóvenes, para familias monoparentales, para personas solas mayores en situación de precariedad o enfermedad. Muchas de estas familias y personas son víctimas de violencia de genero, cabezas de familia que trabajan en el servicio doméstico o en el cuidado de personas mayores durante horas, que complementan sus “escasos” ingresos con la Renta Garantizada. En otros casos, son hombres separados o de sectores que se ven obligados a seguir trabajando sin contratos y otras situaciones precarias del mercado laboral, personas “condenadas” a integrar los ficheros de morosos.

Recuerdan que en Pamplona hay diez familias desahuciadas sin solución de vivienda, otras 10 viven en infravivienda, dos en local y hasta 69 en habitaciones de 10 m2. A día de hoy, cuando una familia es obligada a irse de casa no se le ofrece una solución habitacional alternativa, asegura la PAH.

fondos buitre La dación en pago supuso para muchas familias quedarse sin deuda entregando el piso al banco y firmando un contrato de alquiler social. Los bancos inscribieron esas viviendas a nombre de gestoras o las han vendido a posteriori a fondos buitre. Tres años después los contratos de alquiler han finalizado y, “con total alevosía”, las mismas entidades financieras que los despojaron de la propiedad por no abonar 3 cuotas, “intentan ahora expulsarles no renovando los contratos o pidiendo cantidades imposibles”, cuestionan. Según la PAH, los bancos tienen además órdenes europeas de vender el parque inmobiliario antes del 2019, de lo contrario deberán aprovisionar en depósito el valor de esas viviendas, de ahí que vendan “compulsivamente”.

Entre otras medidas para paliar los devastadores efectos que los desahucios tienen en materia de salud, educación y hacinamiento (mujeres, por ejemplo, que deambulan muchas veces de habitación en habitación, de barrio en barrio...), piden al Consistorio que desarrolle una campaña de sensibilización social en la ciudad para superar las situaciones de discriminación que se están dando por “pobreza y racismo” por parte de inmobiliarias y propietarios de vivienda. Proponen también que los servicios sociales de base, colegios, centros de salud o el instituto de la mujer, entre otros organismos, elaboren un censo de mujeres, personas y familias que se encuentran en situación de emergencia habitacional, que “malviven en habitaciones realquiladas y/o residen en infraviviendas, sin atreverse a denunciar a quien se lo alquila”. Este censo contaría con la colaboración del Gobierno de Navarra. La creación de una tarjeta pro-hogar, que pudiera extender cualquier área o departamento, podría a ayudar a visibilizar estas situaciones. Recuerdan también que el Consistorio se comprometió en el pleno celebrado el pasado 3 de mayo a priorizar la rehabilitación de todas las viviendas vacías municipales y agilizar su destino social. La misma demanda -cesión provisional- va dirigida al fondo que tiene Pamplona Centro Histórico. Teniendo en cuenta además que un nuevo decreto ley permite a los ayuntamientos reinvertir su superávit se propone que a través de PCH se inicien las gestiones de compra de pisos de segunda mano.

La PAH también es partidaria de una ley contra los fondos buitres en todo el territorio del Estado español. También abogam por una ley de segunda oportunidad para muchas familias a las que se les quitó la vivienda y cuyas deudas fueron compradas por fondos buitres, así como la reforma de la ley de arrendamientos (contratos de seis años) y un control público para modular las subidas de los precios de los alquileres.

Más sobre Pamplona

ir a Pamplona »

Últimas Noticias Multimedia