Los seis años del caso Bankia

La entidad que presidió Rodrigo Rato pasa de guiar la nueva banca a ver a una treintena de sus exdirectivos en el banquillo

Domingo, 27 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:02h

Rodrigo Rato.

Rodrigo Rato. (Foto: Efe)

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Rodrigo Rato.

madrid- Previsto para el primer semestre del año próximo, el juicio del caso Bankia sentará en el banquillo a una treintena de exconsejeros y antiguos directivos del grupo, entre ellos a su primer presidente, Rodrigo Rato, para quien la Fiscalía pide cinco años de prisión por presunta estafa en la salida a Bolsa de la entidad financiera.

Un final difícil de presagiar aquel 20 de julio de 2011, cuando el exvicepresidente del Gobierno, previo toque de campana, celebraba en el parqué madrileño el éxito de un complejo debut al que acudieron más de 347.000 accionistas particulares y 280 institucionales, que reportaron más de 3.000 millones de euros.

Pese a de las alertas de los analistas, partidarios de retrasar el debut bursátil por la mala coyuntura de la economía europea, Bankia culminaba una operación estratégica con la que esperaba cumplir las nuevas exigencias de capital.

A sus resultados se encomendaba el Gobierno en su intento por garantizar la recapitalización del sistema financiero y evitar el rescate, como reconoció el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que públicamente dio el visto bueno a la salida a Bolsa.

Sin embargo, la marcha de Rato en mayo de 2012 precipitó la caída en plenas negociaciones con el Ministerio de Economía y el Banco de España para sanear Bankia, entonces afectada por la alta exposición al “ladrillo”, herencia de Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caixa Laietana y las de Ávila, La Rioja y Segovia.

A finales de ese mes, el actual equipo de la entidad, dirigido por José Ignacio Goirigolzarri, admitía pérdidas de 2.979 millones de euros en 2011, en lugar de los 309 millones de beneficio publicados, lo que inició una avalancha de acciones por parte de los inversores y de la Fiscalía Anticorrupción.

El 11 de junio de 2012, la extinta UPyD presentó la primera querella por estafa, apropiación indebida y falsedad contable contra 35 directivos y consejeros.

Las acusaciones incluyen a Rato, a número dos, Francisco Verdú, al expresidente de Bancaja, José Luis Olivas, y a Ángel Acebes, que fue ministro de Interior, de Justicia y de Administraciones Públicas en el Gobierno de Aznar, quienes supuestamente ocultaron la situación patrimonial para “recabar varios miles de millones de euros”.

Desde su admisión por el juez Fernando Andreu, no han dejado de sucederse las acusaciones y los reproches, ya no hacia a la excúpula de Bankia, sino hacia los máximos responsables de los organismos regulador y supervisor que dieron su aprobación a las cuentas empleadas para el folleto informativo y a la operación.

El empeño de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), representada por el exUPyD Andrés Herzog, dio un vuelco a las pesquisas y tras varias negativas, la Audiencia Nacional acordó investigar al exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y al expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura, entre otros altos cargos.

Aunque se les apartó del banquillo de los acusados, sus declaraciones han alimentado la comisión del Congreso sobre la crisis, la misma en la que la socialista Elena Salgado, ministra de Economía en 2011, negó haber llamado a grandes empresarios o banqueros para que acudieran al debut de Bankia, extremo que cuestionan algunas de las partes.

En previsión de uno de los juicios más esperados, el tribunal ha reservado seis meses la misma macrosala por la que desfilaron varios de los condenados por las tarjetas black de Caja Madrid, única pieza separada de la que hay sentencia y que deja a Rato, con cuatro años y medio de cárcel, como principal autor.

el paso siguienteSegún informaron a Efe fuentes del ámbito jurídico, el Tribunal Supremo volverá a reunirse la próxima semana para tratar los recursos en contra del fallo que condenó con entre tres meses y seis años de prisión -para el fallecido presidente, Miguel Blesa- a los usuarios, que “mermaron” el patrimonio de la entidad con gastos personales superiores, en total, a los 12 millones de euros.

De las investigaciones paralelas, la de las preferentes de Caja Madrid y Bancaja es la más incierta, sobre todo después de que el juez haya decretado su archivo al expirar el plazo de instrucción y no quedar probada la voluntad de engaño, decisión recurrida esta misma semana por una de las acusaciones. - Efe