Editorial DE DIARIO DE NOTICIAS

Predicar con el ejemplo

Las actitudes demasiado opacas y discrecionales de algunos dirigentes de UPN a su paso por el Ejecutivo contrastan con el impulso regenerador del actual Gobierno con la Ley de Contratos y la Oficina Anticorrupción

Lunes, 28 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:01h

la adjudicación a dedo por parte de gobiernos de UPN de al menos tres contratos para la atención de menores, sin mediar concurso público, publicidad ni negociado por el que se invita a varias empresas a participar, y con un coste total de 15 millones ha destapado nuevas actitudes poco transparentes de los Gobiernos de Miguel Sanz y Yolanda Barcina. El principal se remonta a 2005, firmado con la Fundación Ilundain. La misma empresa fue adjudicataria en 2011 de otro. Ya en 2012, la adjudicación fue para Dianova en similares circunstancias. El consejero de Políticas Sociales en esta última fecha era el hoy diputado de UPN en el Congreso Íñigo Alli, que alegó motivos técnicos para adjudicar directamente y sin concurso ni publicidad. Independientemente del calibre de las irregularidades, el caso pone en evidencia el cinismo político de UPN, que está atacando a Miguel Laparra, vicepresidente de Derechos Sociales del actual Gobierno de Navarra por la aparición por error en un concurso público de una empresa implicada. Error reconocido y subsanado por el departamento que dirige. Pese a ello UPN, por boca de Maribel García Malo, portavoz regionalista en la Comisión de Derechos Sociales. Precisamente la hoy parlamentaria de UPN adjudicó al menos un contrato más para la atención de menores sin concurrencia pública, publicidad ni negociado en 2011 estando al frente del departamento. García Malo alegó una emergencia para agilizar los trámites y evitar el concurso público. Una fórmula poco habitual en la Administración Pública, y que se reserva para casos de especial urgencia o gravedad, como suelen ser los desastres naturales y que algunos juristas consideran de “dudosa” legalidad. La propia García Malo, que ahora intenta dar lecciones de rectitud, vio como la intervención general le paralizaba en 2011 la adjudicación de otro contrato por valor de seis millones sin concurso ni publicidad. Demasiadas actitudes opacas y muy discrecionales para quien pretende convertirse ahora en adalid de las buenas prácticas. Unas irregularidades que las medidas de regeneración tomadas por el actual Gobierno del cambio -sobre todo con la Ley de Transparencia y la Ley de Contratos Públicos, así como con la creación de la Oficina Anticorrupción y de las Buenas Prácticas- van ha hacer casi imposibles de que se vuelvan a repetir. Les pese lo que les pese a quienes han estado haciendo de la Administración foral su cortijo durante décadas.

etiquetas: editorial, predicar

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