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García Malo intentó adjudicar un contrato de seis millones de euros sin concurso ni publicidad

La intervención general paralizó la operación porque había plazo para que se tramitara mediante un procedimiento abierto y porque había otras entidades que podían asumir la gestión
La parlamentaria de UPN adjudicó en 2011 otro contrato a dedo a la misma entidad con un coste cercano al millón de euros

Ibai Fernandez - Lunes, 28 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:01h

La exconsejera Maribel García Malo, durante una rueda de prensa en la sede de UPN.

La exconsejera Maribel García Malo, durante una rueda de prensa en la sede de UPN. (Javier Bergasa)

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La exconsejera Maribel García Malo, durante una rueda de prensa en la sede de UPN.

Pamplona- La intervención general del Gobierno de Navarra paralizó en 2011 el intento del Departamento de Asuntos Sociales de adjudicar por vía directa, sin concurrencia pública ni publicidad, un contrato para la atención de menores por valor de 6,4 millones. La titular de la consejería en ese momento era la hoy parlamentaria de UPN, Maribel García Malo, que ejerce como portavoz en la comisión de Políticas Sociales.

Con fecha 15 de abril de 2011, el Servicio de Promoción, Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia de la consejería de García Malo planteó un contrato con la Fundación Ilundain-Haritz Berri para cuatro años de duración de algo más de 1,5 millones anuales. Proponía para ello un contrato de asistencia para la gestión del centro de cumplimiento de medidas judiciales de internamiento para menores infractores, con capacidad para 20 plazas.

Lo hizo de forma directa, mediante un procedimiento de contratación sin publicidad ni concurso público, ni consulta con otras entidades del sector. Se alega para ello “cuestiones técnicas”, que implican que ninguna otra entidad tiene capacidad para asumir la gestión encomendada. Una decisión ratificada un mes después, el 30 de mayo del 2011, por el consejo de Gobierno de Navarra, que en ese momento se encuentra en funciones tras las elecciones de ocho días antes, y que da luz verde a un gasto plurianual superior a los seis millones.

Sin embargo, el 20 de junio de 2011 la intervención delegada del Departamento de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud plantea un reparo suspensivo del contrato. Considera que el procedimiento elegido, negociado sin publicidad, no es el procedimiento correcto porque “no cumple los requisitos previstos en el artículo 73 de la Ley Foral de Contratos Públicos”. La intervención señala así que, en el caso de que la necesidad estuviera debidamente justificada, podría haberse recurrido a un expediente de urgencia, previsto para situaciones que requieren una solución en tiempo inmediato.

El informe cuestiona también la actuación del departamento porque en el expediente “no se explica qué cambia en este contrato que siempre se ha adjudicado mediante procedimiento abierto y porqué en 18 meses en contrato sí podría tramitarse por medio de un procedimiento abierto”. Y destaca además que, junto con la Fundación Ilundain, la entidad escogida por la consejería, hay otras “que pueden asumir la gestión del servicio, siendo prueba de ello que hay entidades ejecutando contratos similares y que existen más entidades inscritas en el Registro de Servicios Sociales capacitadas para ejecutar el presente contrato”.

La resolución sin embargo es cuestionada por el departamento de García Malo, que opta por plantear recurso ante la intervención general el 29 de junio de ese año. Esta sin embargo, acaba resolviendo dando la razón a la intervención delegada del departamento el 5 de julio de 2011, por lo que el contrato finalmente queda en suspenso.

El proceso de adjudicación se retoma con el nuevo de Gobierno de UPN-PSN, con la socialista Elena Torres como responsable del área de Política Social. Esta vez el expediente se tramita vía concurso y con publicidad. Sin embargo, posteriormente se establece un recurso de alzada, estimado parcialmente, lo que obliga a modificar los pliegos administrativos quedando desierta la licitación. Finalmente, el contrato se vuelve a licitar en 2012, adjudicándose a la Fundación Ilundain. La entidad, no obstante, acaba renunciando a él en 2013, por lo que se vuelve a licitar en 2014, siendo la Asociación Educativa Berriztu la adjudicataria.

contratos a dedoAl margen del contrato paralizado por la intervención, el Gobierno de UPN adjudicó al menos otros tres contratos para la atención de menores sin concurso ni publicidad. En dos de ellos lo hizo además por causas técnicas, alegando que no existían otras empresas con capacidad para asumir la gestión, pese que en ese momento había varias entidades realizando labores similares. En 2005, con José Ignacio Palacios como consejero, se adjudica un contrato por diez años a 1,3 millones anuales. Y en 2013, con Iñigo Alli, otro por cuatro años con un presupuesto total de 490.000 euros. Con los criterios fijados por la intervención general en 2011, ninguno de los dos debería haberse adjudicado de forma directa.

Además, con Maribel García Malo al frente de Políticas Sociales, el Gobierno de UPN adjudicó en 2011 un tercer contrato para la atención de menores sin concurso ni publicidad. También a la Fundación Ilundain, y con un gasto anual de 479.000 euros durante dos ejercicios. En este caso, se hizo recurriendo al procedimiento de emergencia, reservado para urgencias excepcionales como los desastres naturales. La intervención delegada emitió un informe mostrando su oposición a una vía que la ley limita de forma restrictiva y como último recurso. No obstante, en este caso el reparo de intervención no fue suspensivo, por lo que la tramitación siguió su curso y se adjudicó sin objeciones administrativas.