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Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona recurren la sentencia de 'La Manada': Fue agresión sexual

El Ejecutivo solicita la revocación de la Sentencia y la condena a los 5 acusados por delitos continuados de agresión sexual con penetración o violación, contra la intimidad y, de robo con violencia o intimidación

D.N. - Lunes, 28 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 11:25h

Una de las recientes manifestaciones en contra de la sentencia de la Manada.

Una de las recientes manifestaciones en contra de la sentencia de la Manada. (EFE)

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Una de las recientes manifestaciones en contra de la sentencia de la Manada.

PAMPLONA. El Gobierno de Navarra ha presentado este lunes por mañana el recurso de apelación contra la Sentencia sobre la agresión sexual en Sanfermines 2016. En el recurso del Gobierno se alega la infracción de los artículos 178, 179 y 180.1 del Código Penal, al entender que los hechos enjuiciados son constitutivos de 5 delitos continuados de agresión sexual y no de 5 delitos continuados de abuso sexual, razón por la que se solicita la revocación de la Sentencia recurrida, solicitándose que todos y cada uno de los acusados deben ser condenados a la pena de 18 años y 9 meses de prisión, libertad vigilada durante 10 años que se ejecutará con posterioridad al cumplimiento de todas las penas de privación de libertad, prohibición de acercarse a la víctima, a su domicilio, a su lugar de trabajo, o a cualquier otro que sea frecuentado por ella, a una distancia no inferior a 500 metros, así como prohibición de comunicarse con la víctima por cualquier medio escrito, verbal o visual, en ambos casos por un tiempo de 20 años, y como pena accesoria, inhabilitación absoluta de todos los acusados durante el tiempo de la condena.

Así también, en el recurso se alega infracción de los artículos 28, 237 y 242.1 del Código Penal, al entender que los hechos enjuiciados son constitutivos de un delito de robo con violencia o intimidación en las personas, y no de un delito leve de hurto, razón por la cual se solicita la revocación de la Sentencia recurrida y la condena a los 5 acusados, uno de ellos en cuanto autor material y el resto como cooperadores necesarios, debiendo todos ellos ser condenados a la pena de 3 años de prisión, más la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y la de suspensión de empleo o cargo público durante el tiempo de la condena para 2 de los acusados.

Por último, se alega en el recurso de apelación del Gobierno la infracción de los artículos 650 y 732 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y del artículo 197.1 y 5 del Código Penal, entendiendo que los hechos enjuiciados constituyen un delito contra la intimidad, solicitándose por ello la revocación de la Sentencia recurrida y la condena a todos y cada uno de los acusados a las penas de 3 años y 3 meses de prisión, y multa de 21 meses con una cuota diaria de 9 euros para 4 de ellos y de 15 euros para otro, y como penas accesorias, la de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y la de suspensión de empleo o cargo público para 2 de los acusados durante el tiempo de la condena.

Presentado el recurso como procede ante la propia Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra que dictó la Sentencia número 38/2018, de 20 de marzo pasado, se solicita su admisión y traslado a las demás partes, y el emplazamiento en su momento ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Navarra, que es quien deberá resolver el recurso y ante la que se solicita la revocación de la Sentencia y el dictado de otra con las condenas citadas, así como al pago íntegro de todas las costas del proceso seguido ante la Audiencia Provincial y del propio recurso de apelación.

EL RECURSO DEL AYUNTAMIENTO El Ayuntamiento de Pamplona ha presentado también este lunes ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra su recurso de apelación. El recurso insiste en que los hechos debieron ser considerados constitutivos de un "delito continuado de agresión sexual" por "la existencia tanto de violencia como de intimidación".

El texto presentado, ha informado el Ayuntamiento en una nota, recurre tres aspectos concretos de la sentencia: la calificación de los hechos como abuso sexual con prevalimiento, la calificación de hurto leve por la sustracción del teléfono móvil de la víctima y la absolución por un delito contra la intimidad por los vídeos grabados por los cinco condenados. Para la consideración de los hechos como agresión sexual es necesaria la concurrencia de violencia e intimidación de los condenados a la víctima, cuestión en la que se basa principalmente el recurso presentado, ha añadido.

SOBRE LA VIOLENCIA
En el recurso se considera que "se produjo violencia física sobre la víctima tanto en la conducción al lugar donde fue agredida sexualmente como en la forma de acometer los diversos actos de contenido sexual ejecutados por los condenados". Según los hechos probados en la sentencia, recuerda, "se infiere la existencia de violencia consistente en agarrar, sujetar, conducir, tirar del pelo, agarrar de la nuca (...) por parte de 5 personas de gran envergadura a una chica".

Se expone, además, que "tampoco resulta necesario que la violencia haya sido causada por todos y cada uno de los acusados, resultando suficiente que cualquiera de ellos se aproveche de la ejercida por alguno de los sujetos activos". También recuerda que "el hecho de no presentar lesiones o la pequeña entidad de las mismas, resultan ajenas al tipo penal de la agresión sexual".

SOBRE LA INTIMIDACIÓN Respecto a la intimidación, el recurso considera que "estos efectos los puede provocar un sujeto sobre otro sin necesidad de proferir una amenaza;por ejemplo, a través de gestos, actitudes, con la mirada, de las características del lugar o del tiempo en el que se produce el encuentro, de la sorpresa, del número y apariencia de los agresores;o, lo que es más común, de una combinación de estos factores".

Por ello, señala que "la intimidación se produjo por número, fuerza y situación". El Ayuntamiento entiende de la exhaustiva descripción que la sentencia hace de los hechos que "no existió consentimiento por su parte (...) ante el bloqueo sufrido con ocasión de los traumáticos de los hechos, la absoluta desproporción entre las partes que hizo que esta se sintiera totalmente anulada, aterrada y a merced de los condenados, quienes con sus distintas actuaciones habían buscado crear esta situación de intimidación ambiental". Incluso "puede darse la intimidación con la presencia de una actitud activa, cuando la conducta sexual se impone mediante actos tendentes a vencer la negativa de la víctima".

El recurso señala que "la víctima fue privada de toda libertad para decidir" y que "su voluntad fue doblegada por una situación de temor, de tal intensidad como para anular su voluntad y sumirla en una actitud de sumisión y entrega". "Su libertad sexual no fue coartada o condicionada sino que fue radicalmente eliminada", motivo por el que el Ayuntamiento de Pamplona entiende que "no puede calificar como prevalimiento los actos de los condenados sino de agresión sexual por la existencia tanto de violencia como de intimidación".

ROBO DEL TELÉFONO MÓVIL El Ayuntamiento de Pamplona recurre también la condena por un delito leve de hurto por la sustracción del teléfono móvil de la víctima. Se considera que "se produjo un robo con intimidación, pues obviamente, como consecuencia del proceso intimidatorio y violento desplegado por la totalidad de los acusados, la víctima se encontró carente de toda posibilidad de defender la posesión de su teléfono".

Continúa el recurso señalando en este aspecto que "la situación tanto de violencia como de intimidación opera también como instrumento para vencer la voluntad de la víctima a los efectos de que pueda perpetrarse la conducta típica propia del robo mediante violencia y/o intimidación, y se aprovecha para continuar la agresión dirigiéndola a otro bien jurídico, en este caso el derecho de propiedad de la víctima".

Asimismo, el Ayuntamiento recurre la absolución de los cinco acusados del delito contra la intimidad. Según dice, la sentencia señala que para que sean enjuiciados por ese delito se necesita la previa denuncia de la persona agraviada.

El recurso se centra en que en el primer momento de la denuncia ante la Policía Municipal y ante el Juzgado de Instrucción, la víctima no pudo "denunciar expresamente la grabación de parte de los hechos por cuanto en ningún momento fue consciente de ello". También el recurso entiende que "no se causó ninguna indefensión a los acusados por cuanto estos siempre supieron que deberían responder por las grabaciones efectuadas, contestando sobre esta cuestión a las preguntas formuladas por todas las partes en las indagatorias practicadas en su día".

Por último, el recurso considera que el auto de procesamiento en el relato que hace de los hechos incluye la realización de las grabaciones y la falta de consentimiento por parte de la víctima.