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Comptos fiscalizará la adjudicación de centros de menores que upn hizo a dedo

El cuatripartito cree que es pertinente analizar tres contratos por valor de 15 millones que se firmaron en 2005, 2011 y 2013 sin concurso público
UPN, PP y PSN rehúsan valorar las operaciones

Andoni Irisarri Javier Bergasa - Martes, 29 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:01h

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“Son actuaciones nada justificadas que vienen a encubrir adjudicaciones a dedo, y no por importes mínimos” “Nos parece muy oportuno ver si realmente han sucedido así esas contrataciones, para explicarnos luego cómo han ocurrido” “Si el Gobierno de Navarra tiene alguna duda con las licitaciones anteriores, lo que tiene que hacer es ir a los juzgados” “Queremos analizar estas concesiones a dedo: por lo que suponen en sí y porque la credibilidad de UPN y PP está en mínimos” “Siempre que existan indicios de posible fraude, lo que hay que hacer es fiscalizar lo sucedido. Nos parece oportuno” “Es un intento de dañar y desprestigiar a UPN por parte de un Gobierno que está nervioso;siempre salen titulares que quedan en nada” “Yo desconozco si esto es cierto o no, y desde luego si el departamento tiene pruebas lo que tiene que hacer es denunciarlo”

pamplona- La Cámara de Comptos va a fiscalizar y analizar la legalidad de la serie de contratos para la gestión de centros de menores que UPN adjudicó a dedo durante sus gobiernos anteriores. El órgano fiscalizador auditaría, al menos, tres contratos que se adjudicaron a empresas concretas mediante procedimientos negociados, sin publicidad ni concurrencia pública y que en total suman casi 15 millones de euros. Pudieron ser seis millones más, de no ser porque la Intervención general del Gobierno de Navarra paralizó en 2011 una adjudicación muy similar a las anteriores porque no se cumplían los requisitos, siendo consejera de Bienestar Social la regionalista Maribel García Malo, actual secretaria segunda de la Mesa del Parlamento.

La petición fue registrada ayer por EH Bildu en el Parlamento de Navarra, después de que este periódico revelase que al menos en 2005, 2011 y 2013 se habían adjudicado a dedo sustanciosos contratos a empresas para gestionar el funcionamiento y las actividades terapéuticas de los internados de menores. El Gobierno siempre alegaba que las motivaciones para realizar adjudicaciones sin concurso ni publicidad eran técnicas (porque no todas las empresas podían realizar esos trabajos) o por urgencia. Pero lo cierto es que en muchos casos existía oferta suficiente como para haber acudido a un concurso público con más empresas, y los tiempos no eran tan apretados como para tener que recurrir a la legislación de emergencias, pensada más para gastos extraordinarios en momentos de catástrofe medioambiental que para la externalización de servicios con una duración de hasta diez años. Eso intentó UPN en 2011, pero los propios funcionarios del servicio de intervención del Gobierno de Navarra paralizaron la operación por no cumplir con la Ley de Contratos Públicos.

la oposición, de perfilTodos los partidos se mostraron ayer a favor de que Comptos vaya a analizar los contratos, pero la actitud de unos y otros fue muy diferente. “Queremos que se analicen estas concesiones a dedo. Nos parece fundamental hacerlo”, precisó Koldo Martínez, que en nombre de Geroa Bai también va a solicitar hoy un informe a Comptos y una petición de información al Gobierno. A su juicio, el tema es grave “por lo que suponen en sí” esas adjudicaciones. Pero también porque “la credibilidad de PP y UPN está estos momentos bajo mínimos, con ese informe del Consejo de Navarra sobre el tema de Oncineda en Estella”.

Para Adolfo Araiz, portavoz de EH Bildu, el informe de Comptos está justificado porque son actuaciones “nada justificadas que vienen a encubrir adjudicaciones a dedo”. “Y no por importes mínimos”, subrayó Araiz. Sino por “cantidades bastante sustanciosas y por plazos un tanto extraños, muy largos”, que incluso llamaron la atención de los interventores del Gobierno, que paralizaron un contrato “que UPN quería llevar a cabo contra el criterio de los técnicos”. Mucho más escueta fue Laura Pérez, ayer portavoz del grupo parlamentario de Podemos: “Siempre que existan indicios de posible fraude, lo que hay que hacer es fiscalizar”. Y, en esa línea, también Marisa de Simón, portavoz de I-E, consideró “muy oportuno” aclarar cómo se produjeron aquellas adjudicaciones. Más si cabe después del “follón mediático” que se ha montado a raíz de “un error en la convocatoria del departamento de Derechos Sociales”.

adolfo araiz

Portavoz parlamentario de EH Bildu

marisa de simón

Portavoz parlamentaria de I-E

maría chivite

Portavoz parlamentaria del PSN

koldo martínez

Portavoz parlamentario de Geroa Bai

Sin embargo, los acontecimientos se ven de diferente forma desde la oposición. De hecho, Javier Esparza, presidente de UPN, adoptó su clásica estrategia defensiva y tildó la intención de querer investigar los contratos de “intento de dañar y desprestigiar a UPN”. “Cada vez que hay una manifestación (en referencia a la del próximo 2 de junio) o algún caso oscuro de este Gobierno aparece una información, algún titular, que luego queda en nada”, apuntó el dirigente regionalista, que no quiso valorar ni los contratos adjudicados a dedo por anteriores gobiernos de su partido, ni el papel concreto de dos cargos públicos de UPN, como Maribel García Malo o el diputado Íñigo Alli. María Chivite (PSN) optó por la baza del todo o nada. “Si hay duda con alguna licitación anterior, que el Gobierno vaya a los juzgados”, propuso. Misma estrategia que Ana Beltrán (PP), que invitó al Gobierno “a ir a los tribunales a denunciarlo”, y también rehusó posicionarse porque “desconozco si esas adjudicaciones son ciertas o no”.

los contratos

20 plazas de internado. En 2005, siendo José Ignacio Palacios consejero de Bienestar Social, el Gobierno adjudicó a la Fundación Ilundáin-Haritz Berri la gestión de 20 plazas de internado durante 10 años, a razón de 1,3 millones anuales. Se hizo de forma negociada sin publicidad y sin concurrencia pública, y se justificó por requisitos técnicos y por ser la única con capacidad para el trabajo.

5 plazas para menores infractores. En 2011, con Maribel García Malo como consejera, se volvió a adjudicar de forma directa a la Fundación Ilundáin-Haritz Berri un módulo de cinco plazas para internamiento de menores infractores. Fueron 479.000 € en dos años, que se tramitaron como un expediente de emergencia, como los que se utilizan para cubrir gastos tras desastres naturales.

4 plazas para jóvenes con problemas de tóxicos. La última adjudicación de este tipo se produjo en 2013, con el hoy diputado Íñigo Alli como consejero de Política Social. El beneficiario fue la Asociación Dianova por ser la única empresa capacitada, cuando al menos otras dos (Berriztu y Asoc. Sin Fronteras) podrían haber concurrido. El coste fue de 489.000 €.