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Morosos y responsabilidad fiscal

La publicación del listado de deudores con la Hacienda Foral es una medida necesaria para luchar contra el fraude, hacer frente a los 6.000 millones de deuda que arrastra Navarra y revertir los recortes heredados del Estado de Bienestar

Miércoles, 30 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:01h

la publicación anual de la lista de contribuyentes navarros -personas físicas y jurídicas y otros modelos tributarios- que acumulan deudas fiscales con la Hacienda Foral por encima de los 120.000 euros -el año pasado el límite era a partir de los 250.000 euros- es una buena medida. La creación y publicación de este listado, una medida aprobada también en el Estado y en las Haciendas Forales de la CAV, se ampara, en el caso de Navarra, en la modificación de la Ley Foral General Tributaria en 2015, según la cual, por encima de la privacidad de los datos tributarios, se halla el importante perjuicio que estos comportamientos ocasionan a las arcas forales y a los intereses generales del conjunto de los navarros y navarras. Más aún en el caso de Navarra, con un sistema de autogobierno fiscal propio que exige para su efectividad en la prestación de servicios públicos de calidad en sanidad, educación, atención social o infraestructuras altas dosis de corresponsabilidad fiscal por parte de quienes pagan impuestos y más aún tras los tiempos de rebajas fiscales que redujeron la capacidad de recaudación de la Hacienda Foral. En la lista hecha pública ayer aparecen 580 grandes deudores, personas físicas y jurídicas, que deben a Navarra 270,7 millones de euros y cuyas deudas no se encuentran aplazadas o suspendidas. Es cierto que del listado de morosos de 2016 se han recuperado solo 9 millones de euros -lo que dice mucho de la poca vergüenza tributaria de quienes se benefician del sistema de cobertura social de Navarra, pero se escaquean de sus obligaciones-, pero también lo es que la publicación de estas listas amplía el plazo que evita la prescripción de la deuda fiscal. De hecho, Navarra sigue estando muy lejos del ratio de recaudación fiscal/PIB de la media de la UE. Una actuación imprescindible si se quiere de verdad hacer efectiva y justa la lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida o el cada vez más complejo, opaco e internacionalizado entramado delictivo organizado para el escaqueo de las obligaciones tributarias de unos pocos privilegiados a costa del esfuerzo colectivo de la inmensa mayoría de los contribuyentes navarros. La lucha contra el fraude fiscal y, en ese contexto, el conocimiento público de quienes utilizan subterfugios jurídicos y y arquitecturas fiscales para intentar evadir sus obligaciones tributarias estafando al conjunto de la sociedad es una obligación legal, política, ética y democrática para garantizar la equidad fiscal a la que tienen derecho todos los ciudadanos y empresas.

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