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Laparra plantea gestión pública para el centro de justicia juvenil y defiende la legalidad del concurso

El vicepresidente explicó que el error del concurso, que ha quedado desierto, fue subsanado a tiempo

Lola Cabasés Hita Javier Bergasa - Miércoles, 30 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:01h

Miguel Laparra, ayer en comisión junto a su equipo, atiende la intervención de la parlamentaria Nuria Medina (PSN) de espaldas.

Miguel Laparra, ayer en comisión junto a su equipo, atiende la intervención de la parlamentaria Nuria Medina (PSN) de espaldas.

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Miguel Laparra, ayer en comisión junto a su equipo, atiende la intervención de la parlamentaria Nuria Medina (PSN) de espaldas.

pamplona- El vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra, reiteró ayer la legalidad del concurso para la creación del centro de día de justicia juvenil, que lleva 18 años de retraso y ha quedado desierto por falta de ofertas, y anunció que planteará su gestión directa a través de la fundación pública de Servicios Sociales en la que trabaja su departamento. Laparra compareció en comisión parlamentaria, a instancias de UPN, PSN y PPN, que, rechazaron las explicaciones y mantienen su petición de dimisión.

El vicepresidente aseguró, sobre la “errata” que se coló en el pliego para adjudicar el contrato de asistencia técnica para la gestión de 16 plazas mixtas de centro de día de justicia juvenil, que “no hay ninguna vulneración de la ley, todo se ha hecho acorde a derecho”. El concurso, no obstante, ha quedado desierto al no concurrir ningún posible gestor. Como es sabido, el Gobierno solicitó colaboración a la entidad Berriztu para elaborar el pliego y por error apareció su nombre en el apartado de las condiciones técnicas propuestas. Este apoyo suponía la imposibilidad de que la entidad concurriera, como así ocurrió, y así se lo hizo saber el Gobierno.

El hecho de que el concurso haya quedado desierto supone que Navarra continúa sin disponer de un recurso que están requiriendo jueces y fiscales y que debería estar operativo desde el año 2000, tal y como establece la Ley Orgánica 5/2000 de responsabilidad penal de los menores. Laparra recordó que se trata, además, de una prestación garantizada recogida en la cartera de Servicios Sociales desde 2008 que nunca se ha llevado a la práctica pese al incremento de medidas judiciales tanto en internamiento como en medio abierto, y se ha tenido que recurrir a CCAA limítrofes.

18 años sin centro en navarra “Un centro de día de justicia juvenil es necesario, es una obligación legal y viene siendo incumplida desde hace 18 años”, recordó el vicepresidente. “Es una necesidad ineludible para cumplir la ley y atender debidamente a los menores”, expuso Laparra para comentar que “son muchas las CCAA que tienen este servicio”.

En cuanto al concurso, Laparra manifestó que “no hay absolutamente ninguna irregularidad en todo el procedimiento de licitación, hay un respeto escrupuloso de la ley de Contratos”. “La revisión que pueda hacer la Cámara de Comptos va a llegar claramente a la misma conclusión”. Comptos fiscalizará las adjudicaciones de los centros de menores tras conocerse irregularidades cometidas con UPN en el Gobierno.

En cuanto a este concurso, Laparra aseguró que “nunca hubo intención de adjudicar o favorecer a una entidad”. Añadió que el error en la convocatoria publicada en el Portal de Contratación fue subsanado y ayer entregó un informe del secretario general técnico del departamento de Derechos Sociales en el que se detalla que, según informa la unidad gestora del contrato, “la Subdirección de Familia y Menor de la ANADP solicitó a la entidad Berriztu su colaboración en la determinación de las prescripciones técnicas al venir prestando el servicio que se licitaba en otra CCAA”. Añade el informe que “nada impide a las unidades gestoras de los contratos solicitar criterios técnicos a las empresas especializadas en las materias de que se trate, intervención que queda condicionada a la prohibición de que dichas empresas concurran”.

El vicepresidente precisó que Berriztu no concurrió a la licitación y que “ninguna entidad lo hizo, declarándose desierto el contrato” y añadió que, según el informe no se ha dado incumplimiento de la ley foral de Contratos ni consta que se haya presentado reclamación en materia de contratación o recurso administrativo contra la licitación. Insistió en que, según el informe, el expediente “es conforme a derecho”;que la entidad citada, al colaborar en el pliego, no podía concurrir;que “no es extraño que quede desierta” la adjudicación y que “ni de esta ni de otras circunstancias puede deducirse que hubiese intención de adjudicar el servicio a la entidad referida”.

Laparra añadió que “la empresa no se presenta y lo que eso demuestra es que no tenía intención de presentarse más que lo contrario” y criticó que “UPN siga en un intento de intoxicar y confundir”. “El concurso queda desierto por no presentarse ninguna entidad. La entidad confirma públicamente el proceso y que incluso teniendo intención inicial de presentarse, es el Gobierno el que le dice que no puede presentarse y acepta esos condicionamientos”, comentó para apuntar que “en todo momento ha sido conocedora de que no podía hacerlo en cumplimiento de la ley de Contratos”. Precisó que fue el 12 de marzo cuando Berriztu presentó la propuesta sobre las necesidades que puede tener el centro de día y que entre abril y mayo pasaron 16 días de los 18 hábiles en los que la entidad no se presentó al concurso.

Laparra indicó que desde la oposición “se ha dicho que la citada entidad era la única que cumplía las condiciones y que éstas eran extraordinarias, cuando esas condiciones son las mismas que se han planteado en 2017 y se las copiamos a ustedes -UPN-”, dijo. “La solvencia técnica de profesionales que se pide es igual que en la mayor parte de licitaciones e incluso las titulaciones profesionales que se exigen plantean introducir nuevas titulaciones universitarias porque van cambiando y esto hace que el concurso es más abierto en cuanto más entidades podrían cumplirlo”, añadió.

El vicepresidente recordó que el primer servicio que gestiona Berriztu en Navarra es de 2004 y para 75 años. “En 2016 modificamos la vigencia de ese contrato, que era excesivo, junto a algún otro, y reducido a un tiempo estándar, 4 años”, explicó para señalar que “si algo hemos hecho con Berriztu ha sido perjudicarles, les hemos reducido la duración de uno de los contratos”, manifestó.

PSN se suma a pedir la dimisión Las portavoces de UPN, PSN y PPN coincidieron en mantener la petición de dimisión de Laparra. Maribel García Malo (UPN), tras decir que el tema es “grave”, opinó que “una empresa no puede hacer los pliegos de un concurso y menos si puede tener ánimo de presentarse;y la empresa se iba a presentar”, aseguró, para decir que el consejero ha dicho “mentiras”. “Usted dijo que esta empresa no se iba a presentar, sabemos que sí y si ha mentido tiene que dimitir”, dijo. Acusó a Laparra de ir “poco preparado” a la comisión, con un informe de una hoja que “no dice que las actuaciones realizadas sean legales, sólo dice que no se ha presentado la empresa”.

Nuria Medina (PSN) cuestionó que Berriztu no se fuera a presentar al ser la única que cumplía determinados requisitos. “Así que si ladra como un perro, come un perro y se mueve como un perro entienda que pensemos que es un perro”, dijo para considerar el concurso “una chapuza” y pedir la dimisión de Laparra por considerar que la documentación “no aporta nada”. Ana Beltrán (PPN) dijo que “esta acción pone en tela de juicio adjudicaciones anteriores” y “hay una preocupante inseguridad jurídica”. Acusó a Laparra de poner “en práctica la política del ventilador”;ve “amaño” en el proceso y pidió su dimisión.