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“La falta de ayudas, autos judiciales o la tutela del maltratador dificultan erradicar la violencia de género”

Así lo afirma la experta Marisa Soleto Ávila, directora de la Fundación Mujeres

Lola Cabasés Hita Javier Bergasa - Viernes, 1 de Junio de 2018 - Actualizado a las 06:01h

La jornada, dirigida a profesionales, se celebró en el salón del Archivo General de Navarra.

La jornada, dirigida a profesionales, se celebró en el salón del Archivo General de Navarra.

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La jornada, dirigida a profesionales, se celebró en el salón del Archivo General de Navarra.Marisa Soleto Ávila, ayer en Pamplona.

pamplona- “Va ser muy difícil que podamos erradicar y prevenir la violencia de género mientras sigamos dejando que haya muchas mujeres que encuentren obstáculos en su recuperación y reparación del daño por falta de ayudas, por resoluciones judiciales o por el uso que, en muchos casos, se hace de la tutela o de la patria potestad por parte del agresor”. Así lo manifestó ayer Marisa Soleto Ávila, experta feminista, directora de la Fundación Mujeres y licenciada en Derecho que participó en la primera sesión del Programa de Reflexión que sobre la violencia contra las mujeres promueve el Instituto Navarro para la Igualdad.

En su intervención, Soleto hizo especial hincapié en la necesidad de conocer las necesidades y situación real en la que se quedan las víctimas de esta violencia, sus problemas cotidianos, para hacer un reconocimiento directo y reglado de los derechos. Porque, agregó, el daño, si bien debe de estar probado, está reconocido en el ámbito jurídico y es el detrimento que puede producirse sobre una persona en cuanto a su integración física o moral, derechos o patrimonio, situación que se da en las víctimas de violencia de género.

Para esta experta, en estas sesiones de reflexión, “se trata de cuestionarnos si los servicios que se están dando a las mujeres víctimas y el tratamiento judicial que se esta dando a ella y a sus hijos e hijas constituyen mecanismos que permitan su recuperación, es decir si estamos reparando a las víctimas directas el daño que causa la violencia de género. Hay que ser conscientes de que mientras no reparemos ese daño individual, el daño social va a permanecer”.

En este sentido, apuntó que “se ha reconocido una reparación del daño muy centrada en los servicios pero poco centrada en las excepciones de cuando se produce una daño judicial grave. Por ejemplo, ¿qué pasa con una mujer que denuncia una agresión, no le hacen caso y le vuelven a agredir? Cuestiones que nos hacen ver que tendríamos que tener un sistema más engrasado para compensar e incluso indemnizar a esas mujeres”, manifestó.

Puso como ejemplo de este déficit el caso de Ángela González Carreño , “para quien desde las organizaciones feministas hemos pedido siempre que se le indemnizara porque su marido, maltratador, mató a su hija, y aunque el caso ha llegado incluso a Naciones Unidas no lo hemos conseguido”.

Marisa Soleto insistió en que desde el estado de bienestar hay que abordar la reparación del daño causado a estas víctimas “si no queremos que las consecuencias permanezcan no solo en la víctima sino en varias generaciones”.

Proteger a los huérfanosLa protección de los menores que quedan huérfanos por la violencia machista fue otro de los aspectos abordados por la ponente. Marisa Soleto es directora de la Fundación Mujeres, una “organización fantástica”, aseguró, creada en 1994;sin ánimo de lucro que hoy agrupa a 90 profesionales y que trabaja en la puesta en marcha de proyectos de intervención, en los diferentes ámbitos de la participación social, política, económica y cultural, con el objetivo de lograr que la igualdad de oportunidades sea real y efectiva.

Desde la Fundación Mujeres se gestiona el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto, con el objetivo de dar protección y apoyo a los menores que han quedado huérfanos como consecuencia de los asesinatos por violencia de género. Cubre por tanto una responsabilidad que, en opinión de Soleto, corresponde al Estado y cuya inacción conlleva un “esfuerzo adicional” para las familias en las que quedan esos huérfanos, habitualmente los padres o hermanos de la mujer asesinada.

Aunque la Ley Integral de Violencia de Género se aprobó en 2004, las cifras de huérfanos no entraron en las estadísticas hasta nueve años después. Según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 178 menores han perdido a sus madres a manos de sus padres, entre 2013 y agosto de 2017. Se estima en 500 los menores que han quedado huérfanos desde la vigencia de la ley, menores que necesitan apoyo y una respuesta institucional. “Hablamos de menores que se han visto golpeados por un crimen atroz y, sino somos capaces de reparar ese daño, las consecuencias de la violencia de género nos acompañarán durante muchos años”, afirmó Soleto.

Denunció que “no tenemos una indemnización específica para los huérfanos de la violencia de género. Están al albur de las cotizaciones de la madre y si recordamos, además, que el delito de la violencia contra las mujeres lo que hace es aislarlas, impedirles trabajar e impedir su pleno desarrollo, nos encontramos con menores que se quedan muy desprotegidos porque no tienen pensión de orfandad”, dijo Soleto quien insistió en que “queda bastante por hacer y por conocer. La clave es conocer las necesidades reales de estas víctimas directas y centrarnos en saber cuales son los problemas cotidianos para hacer un reconocimiento directo de derechos”.

mayor conciencia social“Es una consecuencia de la violencia de género que merece una reparación por parte de la sociedad”, señaló Marisa Soleto quien, tras reconocer que el abordaje de esta consecuencia como otras, requiere modificaciones legales pero también otras intervenciones. “Hay algunas cuestiones que se pueden hacer, como proteger a los menores del contacto con los maltratadores, intervenir cuando hay conflicto, etc, que están en el Pacto de Estado contra la violencia de género, pero es conveniente que les busquemos las soluciones legales y administrativas que necesiten, y hay otras cosas que requieren de una mayor conciencia por parte de toda la sociedad y de algunos estamentos como por ejemplo la Justicia”, manifestó. La Justicia -añadió “todavía aplica en muchas ocasiones criterios que lejos de ser la salida del problema de las mujeres víctimas es la entrada en un laberinto del que es muy difícil salir y mientras una está complicada en este tipo de cuestiones es muy difícil que se recupere y se le repare el daño”.