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“Actuar al amparo de una organización terrorista es más que compartir fines”

La Audiencia desestima la petición de la Fiscalía y condena a los jóvenes guipuzcoanos a dos años de prisión a cada uno por los altercados de Pamplona

J. Arretxe - Sábado, 2 de Junio de 2018 - Actualizado a las 06:02h

Los cuatro encausados, durante la primera sesión de la vista oral en la Audiencia Nacional.

Los cuatro encausados, durante la primera sesión de la vista oral en la Audiencia Nacional. (EFE)

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Los cuatro encausados, durante la primera sesión de la vista oral en la Audiencia Nacional.

pamplona- Los tres jóvenes de Errenteria y el cuarto de Beasain acusados de desórdenes públicos terroristas han sido condenados a dos años de prisión por su participación en los altercados que tuvieron lugar en el Casco Viejo de Pamplona el 11 de marzo de 2017 durante una manifestación bajo el lema Errepresioari autodefentsa, aunque el tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal ha rechazado que dichos incidentes tuvieran un componente de terrorismo, como sí consideró la Fiscalía: “Actuar al amparo de una organización o grupo terrorista es mucho más que compartir determinados fines u objetivos”.

La sentencia, que como la del caso Altsasu se conoció ayer en plena vorágine por la moción de censura contra Mariano Rajoy, añade que “no existe en el atestado policial ni en las declaraciones de los agentes policiales ninguna referencia precisa a la participación de una organización terrorista o grupo concreto”.

Esta posición, que supone la condena a dos años de prisión, rechaza la tesis del fiscal, José Perals, que en la última sesión de la vista oral que tuvo lugar el 21 y el 23 de mayo, declaró que “si algo nos ha demostrado la historia es que el terrorismo existe sin la necesidad de muertos. Todo esto sigue siendo lo mismo”. “Persiste la herencia de décadas de terrorismo en el País Vasco y Navarra”, denunció Perals para señalar que estos incidentes no fueron “una simple algarada”, sino que formaban parte “de ese entramado” que aunque “el frente armado es cierto que ha dejado de matarnos, que no es poco”, “se resiste a desaparecer” y continúa “en la idea de seguir imponiendo su ley mediante la violencia y causando el terror”.

Para el tribunal presidido por María José Rodríguez y compuesto por Julio de Diego y Juan Pablo González, sin embargo, no fue así. En su fallo, recuerda que para calificar unos desórdenes como terroristas “se exige que las conductas sean realizadas por una organización o un grupo de los considerados por sus fines terroristas, o individualmente, actuando sus autores bajo el amparo de la organización, en los términos indicados”.

Los magistrados hablan de que dicha organización “preste algún tipo de apoyo, protección o cobertura material a los autores, respondiendo en todo momento su conducta a las directrices y estrategia definida por la organización terrorista”.

Nada de esto sucedió en los altercados de Iruñea a tenor del tribunal, que avisa de que durante el proceso judicial “no ha quedado aclarado cuál es la línea oficial” ni la disidente de la izquierda abertzale a las que aludió Perals, “ni si esa línea es precisamente la de los restos de una ETA crepuscular, pues no se ha investigado a las personas físicas convocantes, claramente identificadas en fotografías, ni tenemos datos sobre las entidades convocantes o sobre sus conexiones con la organización terrorista ETA, o sobre la página lahaine.org” que publicó la convocatoria de la marcha.

Los magistrados recuperan parte de la sentencia 38/2012 de la Audiencia Nacional, en la que tres participantes en una manifestación de Batasuna fueron absueltos, para recordar que “pretender que siempre que nos encontremos ante una pluralidad de sujetos, que en actuación coordinada, cometan delitos que por su finalidad impliquen un apoyo a los postulados de ETA debamos reputar a los autores o colaboradores de la organización terrorista, supone una extensión desmesurada del concepto de integrante”, una ampliación que “carece de apoyo legal” y que “habrá de probarse en cada caso”.

No ha sido así en este proceso judicial (“no ha quedado acreditado que los acusados actuaran con la protección o amparo de la organización terrorista ETA ni de ninguna otra”), por lo que el tribunal no ha atendido la petición de siete años de cárcel para cada joven, aunque sí ha visto probada su participación en unos altercados que considera planificados y “potencialmente peligrosos para la vida de las personas con la posibilidad de causar lesiones graves” tras una marcha “que no se encontraba preceptivamente comunicada a la autoridad gubernativa ni autorizada por esta”.

El fallo recoge el parte de daños en establecimientos, cajeros automáticos y mobiliario urbano, y asegura que entre el material pirotécnico recogido había “un papel pegado con la inscripción Tinglao”, lanzado en el interior del bar Tinglado de la calle San Nicolás.

La sentencia basa sus hechos en los testimonios de los agentes, que habían renunciado en la vista oral “a recibir cualquier indemnización” por las lesiones. El jefe de la Brigada de Información en Navarra asegura que las entidades convocantes de la marcha a la que acudieron unas 400 personas “pertenecen a la izquierda abertzale, la parte disidente de la línea oficial, más radical”.

Durante la manifestación, “un grupo de individuos con las tareas perfectamente distribuidas y que usaban guantes, embozados mediante capuchas y camisetas que ocultabas su rostro”, actuó con el “propósito de alterar de forma grave la paz y tranquilidad ciudadana”.

La ausencia de un componente de terrorismo llevó a la Audiencia Provincial de Navarra a declararse competente para juzgar los hechos, pero ante el conflicto de competencias, el Tribunal Supremo decidió a favor de la Audiencia Nacional.


Sin responsabilidad civil Más allá de las lesiones a tres agentes de la Policía, los magistrados rechazan en su fallo de 22 páginas condenar a los acusados al pago de 30.000 euros en concepto de indemnizaciones: “Al considerar que siendo en el delito de desórdenes públicos el bien jurídico protegido el orden público, es decir, un bien que no posee carácter privado, sino público y social, no procede establecer ninguna cantidad en concepto de reparación patrimonial”.