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el nuevo gobierno socialista

Los ministros del PP dejan su cargo sin publicar su patrimonio

El Ejecutivo popular se amparó en una gestión burocrática para evitar que se conocieran los bienes de sus miembros

Martes, 5 de Junio de 2018 - Actualizado a las 06:01h

madrid- El Gobierno del PP dejará su puesto en los próximos días sin haber publicado en el Boletín Oficial del Estrado (BOE) el patrimonio del presidente y de los ministros y altos cargos en el momento de su nombramiento. La última vez que se hizo fue en 2014, y en los últimos dos años el Ejecutivo no ha aprobado el reglamento para ajustarse a la ley de 2015 sobre el ejercicio del alto cargo.

Fue una ley del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que regula los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y los Altos Cargos de la Administración General del Estado, la que implantó en 2006 la obligación de publicar en el BOE esas declaraciones.

Los altos cargos deben presentar una declaración de bienes y patrimonio en los tres meses siguientes a su toma de posesión y se añadió que, antes de finales de septiembre, debían publicarse en el BOE las de los ministros y secretarios de Estado nombrados o cesados entre el 1 de julio del año anterior y el 30 de junio del presente.

Con la Ley de Transparencia, el Ejecutivo del PP amplió el listado de cargos que deben publicar las declaraciones de bienes, incluyendo a embajadores, subsecretarios y otros. Así se hizo en septiembre de 2014, la última vez que se cumplió con este trámite.

La Ley de 2015 derogó el decreto que fijaba en septiembre el momento de la publicación en el BOE y dejó todo pendiente de un reglamento que nunca llegó a ver la luz. Por tanto, el Gobierno de Rajoy nunca llegó a hacer público su patrimonio en el momento de ser nombrados y todo apunta a que tampoco se verán las actas de su cese.

en comú respondeEl pasado enero, En Comú Podem pidió explicaciones al Gobierno por no haber aprobado ese reglamento. “¿No ha encontrado un momento en 15 meses para hacerlo?”, preguntó el portavoz adjunto de la confluencia catalana de Unidos Podemos, Josep Vendrell.

En su respuesta, el Gobierno aseguró no tener “la más mínima intención de incumplir o retrasar” ninguno de los preceptos de la ley de 2015 que precisamente tenía por objeto “mejorar la credibilidad en los altos cargos y luchar contra la corrupción”.

Pero Moncloa insistió en la necesidad de esperar a ese desarrollo reglamentario para definir exactamente qué es lo que se publica en el BOE. A su juicio, se trata de buscar “una declaración comprensiva de la situación patrimonial de los altos cargos, omitiéndose aquellos datos referentes a su localización y salvaguardando la privacidad de sus titulares”.

Mientras tanto, la custodia de las declaraciones de bienes y actividades sigue en manos del Ministerio de Hacienda, cuya Oficina de Conflictos de Intereses tiene encargada la vigilancia de las incompatibilidades. Precisamente, el Tribunal de Cuentas desveló en un informe referido al periodo 2012-2014 que esa Oficina no verifica las declaraciones de los altos cargos ni tampoco busca posibles omisiones, y que en ese periodo sólo solicitó aclaraciones sobre actividades previamente declaradas o sobre noticias que aparecían en la prensa.

En concreto, el Tribunal criticaba que la mencionada Oficina “se limitó” a gestionar los registros de bienes y actividades de los altos cargos, pero “no desarrolló las facultades que le atribuye la ley para verificar e investigar” la información declarada. - E.P.

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