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La otra Justicia de Algeciras y Gürtel

UNA JUEZ DE ALGECIRAS DEJÓ AYER LIBRES A los 8 agresores a 9 GUARDIAS civiles que iban DE PAISANO. Además, la an solo impuso fianza a condenados a 17 años por la gürtel

Un reportaje de Enrique Conde - Miércoles, 6 de Junio de 2018 - Actualizado a las 06:01h

Unos vecinos de Alsasua, delante del cartel colocado en la iglesia.

Unos vecinos de Alsasua, delante del cartel colocado en la iglesia. (EFE)

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Unos vecinos de Alsasua, delante del cartel colocado en la iglesia.

La Justicia debe guardar en algún rincón moldes adaptables de la legislación según la geografía en la que se imparte. Solo en parámetros así puede entenderse que en aparentes casos con similitudes más que evidentes, se adopten resoluciones que desembocan en caminos bien distintos. Por ejemplo, coincidiendo precisamente con la decisión de encarcelar ayer a otros cuatro de los jóvenes condenados en Alsasua, la titular del Juzgado de Instrucción de Algeciras (Cádiz) decidió decretar la libertad provisional sin fianza a cinco de los ocho detenidos por agredir a nueve guardias civiles de paisano el pasado mes de mayo. A los otros tres investigados tampoco los mandó a prisión, sino que les impuso una fianza de 2.000 euros para que pudieran evitar su encarcelamiento. Es evidente que con semejante cantidad a fiar no tuvieron demasiado problema en librarse de la medida excepcional. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) informó de que la magistrada ha impuesto como medidas cautelares para los ocho detenidos la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de territorio nacional, la obligación de comunicar cambio de domicilio y de comparecer cada 15 días.

Ello mismo podía haber ocurrido con los jóvenes de Alsasua, que llevaban meses acudiendo al juzgado periódicamente para reseñar que se encontraban en el lugar que se les requería. Así lo hacían desde que habían pasado ya 36 días en prisión preventiva cuando fueron arrestados por vez primera por estos hechos. En el caso de Algeciras, llama además la atención que la juez adoptó la decisión en contra del criterio de la Fiscalía, que pedía el mantenimiento de la prisión provisional para los ocho investigados. La juez consideró que, de lo actuado, pueden extraerse indicios racionales de que se produjeron los delitos de atentado y desórdenes públicos. Para decretar la libertad provisional, argumenta que no hay peligro de destrucción de pruebas “ni se percibe un riesgo especial de atentar contra bienes jurídicos de las víctimas”. Añade que, en el caso de estos ocho investigados, se trata de ciudadanos que cuentan con arraigo en España, que tienen familia y domicilio conocido y, en la mayoría de los casos, trabajo. El arraigo, aquí, sí que cuenta como argumento de defensa, pero no si los detenidos son de Alsasua, cuyo arraigo entonces puede potenciar sus deseos de fugarse, según se podría deducir de lo que razonó ayer el fiscal Perals.

En otro caso reciente, y que realmente generó alarma social, como la sentencia Gürtel, que incluso ha hecho caer al Gobierno de Rajoy, la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, o el exmarido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda, así como otros acusados condenados a gravísimas penas de cárcel (entre 14 y 17 años de prisión según los casos) evitaron su encarcelamiento a través del pago de fianza. Así lo decretó la AN, que no mandó a la Guardia Civil a detenerles. En ese caso se les citó a través del juzgado. Otro trato. Otros intereses. Otra Justicia.