La injusticia del caso Altsasu

Por Eduardo Santos - Jueves, 7 de Junio de 2018 - Actualizado a las 06:02h

recapitulando. En Altsasu, en un contexto de fiesta, se produce una desagradable pelea en un bar. Los agredidos son dos guardias civiles y sus parejas. Se provoca un tumulto. Hay hematomas y lesiones graves. Se detiene a algunas personas por parte de la Policía Foral y se inicia un atestado.

Hasta aquí todo normal. De repente hay una denuncia de Covite ante la Audiencia Nacional por un delito de terrorismo. Entra la Guardia Civil. Se hace cargo de la investigación. Empieza a relacionar la agresión con ETA. Dice que esta se produce con base en un intento de amedrentar a la Guardia Civil para que se vaya de Navarra y lo relaciona con actuaciones de grupos que tiene esta finalidad.

Con base en ese atestado, la Audiencia Nacional reclama el caso, dado que puede ser un delito de terrorismo. Las personas identificadas se presentan voluntariamente y declaran. Se produce un conflicto de competencias dado que la Audiencia de Navarra, en un Auto razonado y fundamentado jurídicamente establece que no es terrorismo de ninguna manera. Para entonces ya se ha aplicado la prisión preventiva a cinco acusados, con base en la gravedad de los hechos terroristas. El Tribunal Supremo, en un lacónico Auto, avala la acusación de terrorismo en contra del criterio de los jueces naturales. Aumenta la presión política y mediática. El Ministro del Interior acusa a los partidos que criticamos la desproporción de la causa y pedimos un juicio justo de amparar el terrorismo.

Ciudadanos se suma a las críticas estableciendo que además estamos humillando a las víctimas de ETA. La Brunete mediática se suma con gozo al festín. Podemos-Ahal Dugu es amigo de los terroristas. Ya lo decíamos nosotros. Después de Venezuela e Irán, esta es la consecuencia lógica. Son gente miserable. Las familias van obteniendo cada vez más solidaridad. La sociedad vasca y navarra tiene clara la interpretación de los hechos.

En Pamplona-Iruñea se produce una manifestación histórica. Poco más tarde algunos partidos entre los que se encuentran UPN y Ciudadanos se manifiestan en apoyo de la Guardia Civil, en una manipulación política evidente de los hechos. El juicio es seguido con expectación por lo que puede significar de cara al recorte de las libertades y el abuso de la expresión terrorista que ha impulsado la Fiscalía al servicio del Partido Popular. Amnistía Internacional se presenta como observadora en la vista oral. Manifiesta su preocupación en varios informes sobre la vulneración del derecho a un juicio justo.

La condena es durísima. Elimina el concepto de terrorismo, que obviamente no tenía ningún encaje e iba a ser objeto de un general rechazo en el mundo jurídico estatal y europeo. Pero acto seguido comienza a extender la aplicación de tipos concomitantes y agravantes penales a fin de exasperar las penas y llegar al menos a 9 años de prisión con la acumulación jurídica de condenas. Lo contrario que en la sentencia de La Manada, en la que, en nuestra opinión el Tribunal buscó la pena de 9 años y después adecuó la calificación jurídica a los hechos. Lo último es buscar una operación policial en Altsasu para detener a los condenados y las condenadas con gran aparato político y mediático y alegando un eventual riesgo de fuga porque resulta que un rapero se ha largado del país para no cumplir condena por hacer uso de su libertad de expresión.

Hace nada en el caso Gürtel se evita que la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias ingrese en prisión a pesar de haber sido condenada a 15 años de prisión y tener, notoriamente, dinero en el extranjero. Para eso se cambia al Juez de Prada con una interpretación del Consejo General del Poder Judicial contraria a la habilitación que se le había dado anteriormente. El mismo Juez de Prada al que Rafael Hernando atacó duramente y sin justificación en su defensa de la moción de censura y al que el Consejo, en el momento en que escribimos esto no ha amparado todavía. La gente de Altsasu entrará en prisión a pesar de que la sentencia no es firme. Y será una injusticia. Otra más.

En un caso desgraciado para el sistema judicial y que aparte de generar un dolor innecesario y ser letal para la convivencia manifiesta a las claras la corrupción de un sistema que necesita una regeneración urgente.

El autor es secretario general de Podemos Ahal Dugu, diputado y portavoz de Justicia de Unidos Podemos