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La Cámara foral propone reformar la Constitución para blindar las pensiones

Aprueba una ley para que se actualicen conforme al IPC, que debe ser admitida en Madrid para su debate

Javier Encinas - Viernes, 8 de Junio de 2018 - Actualizado a las 06:02h

pamplona- Geroa Bai, EH Bildu, Podemos y PSN dieron su apoyo ayer a una proposición de ley foral impulsada por Izquierda-Ezkerra que reforma el artículo 50 de la Constitución española con el fin de “blindar” la actualización de las pensiones como “mínimo” conforme al incremento del coste de la vida y recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2013.

La iniciativa debe ser admitida a trámite por la Mesa del Congreso de los Diputados para continuar su recorrido parlamentario antes de entrar en vigor, algo que parece poco menos que imposible, habida cuenta del respaldo crítico de que recibió del PSN y el rechazo de UPN y PPN. No obstante, en el hipotético caso de que prospere en la Cámara Baja, deberá ser defendida por tres parlamentarios forales en Madrid antes de ser votada de nuevo.

La proposición de ley es realmente ambiciosa, ya que plantea una nueva redacción del artículo 50 de la Constitución, que incluye la derogación de la ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social y la promoción de “un sistema público de servicios sociales acorde a los actuales parámetros de bienestar”.

La nueva redacción del artículo 50 de la Constitución que se propone dice lo siguiente: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones públicas adecuadas y actualizadas anualmente como mínimo conforme al incremento del coste de la vida, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema público de servicios sociales que atenderá sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y otros”.

RECUPERAR LO PERDIDOEn el debate ante el pleno, Marisa de Simón (I-E) destacó que con esta propuesta se busca “blindar la subida de las pensiones al aumento del coste de la vida”, además de “recuperar el poder adquisitivo perdido por los pensionistas desde el año 2013 con la aplicación del pensionazo”.

En la misma línea, Isabel Aranburu (Geroa Bai) defendió que “la calidad de vida de las personas pensionistas no se puede remitir a la bonanza de la economía, a la mayor o menor productividad, ni a otro tipo de factores cambiantes”.

Adolfo Araiz (EH Bildu) también compartió la necesidad de modificar este artículo de la Constitución, ya que “la suficiencia económica” de las pensiones “no ha sido tal”. “Esa insuficiencia para garantizar el sistema público de pensiones es un reto que tenemos”, añadió.

Laura Pérez (Podemos) dijo que “la mejor manera de garantizar un sistema de pensiones público para todas las personas y en condiciones de dignidad no sólo sería incluyendo esta referencia al IPC, sino fundamentalmente haciendo que se considere como derecho fundamental”.

Aunque votó a favor, Nuria Medina (PSN) abogó por “volver al consenso y establecer un pacto por la sostenibilidad y eficiencia del sistema público de pensiones”, en el marco del Pacto de Toledo

Luis Casado (UPN) subrayó que la propuesta “se queda en un mero gesto político hacia los jubilados”, porque “no va a ser aceptada” en las Cortes. Y Ana Beltrán (PPN) apoyó “el fondo” de la ley, pero la rechazó al ser contraria al procedimiento utilizado.