Mesa de Redacción

Lío de letrados en el Parlamento

Por Joseba Santamaria - Sábado, 9 de Junio de 2018 - Actualizado a las 06:02h

La Mesa del Parlamento de Navarra encarga a sus servicios jurídicos un informe sobre la aplicación del Reglamento de la Cámara foral tras la solicitud de los cuatro parlamentarios de Podemos que se han desvinculado del partido por el que fueron elegidos y que pretenden denominar ahora al grupo Orain Bai-Ahora Sí, y el informe de los letrados, firmado por Miguel Ángel Laurenz, devuelve a la Mesa la pelota sin dar una respuesta. Más allá del espectáculo éticamente lamentable de la puja política en Podemos, si eso no es dejación de funciones se le parece mucho. Dicho de otra forma, es echar una piedra al charco embarrado para que le salpique a otros y a mí que no me miren. Esto pensando bien. Pensando mal solo se puede elucubrar sobre intereses políticos ajenos a su labor pública profesional. Los letrados del Parlamento están ahí y cobran por ello para asesorar legalmente a la Mesa del Parlamento, el máximo órgano de la institución, y así lo han hecho con indisimulado entusiasmo en numerosas ocasiones en esta Legislatura. Alegar ahora más o menos que esa decisión es política -el farragoso argumentario que adelantó ayer DIARIO DE NOTICIAS no tiene un pase- no es de recibo. Menos aún cuando el pasado lunes la propia letrada mayor Idoia Tajadura ya adelantó que había antecedentes en el Parlamento de Navarra que avalaban el cambio de nombre con la simple firma del portavoz del grupo original, en este caso Carlos Couso, ahora entre quienes abandonan Podemos. Pues nada, si es así no hay nada que hablar. Y si no es así, que los letrados corrijan a la letrada mayor y dicten un informe argumentado en sentido contrario. O se puede cambiar el nombre en las actuales circunstancias o no. No hay otra. Y si alguno de los miembros del grupo de Podemos no está de acuerdo con la decisión en un sentido u otro siempre tendrá la vía de los tribunales ordinarios. Si los letrados no tienen intención de asumir las responsabilidades de sus cargos de funcionarios y de servicio público en el Parlamento que cambien de destino o se pasen a la empresa privada para seguir allí su labor profesional. A la Mesa no le queda otra, desde los principios de una institución democrática, que devolver el informe a los servicios jurídicos para que se pronuncien según la interpretación legal del Reglamento