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El PP de Camps también se financió con dinero negro

Las confesiones rebajan unas condenas de las que se libra el expresidente por prescripción

C. C. Borra - Martes, 12 de Junio de 2018 - Actualizado a las 06:01h

Camps declara junto a Costa en una sesión del juicio por los trajes de Gürtel, en diciembre de 2011.

Camps declara junto a Costa en una sesión del juicio por los trajes de Gürtel, en diciembre de 2011. (Foto: Efe)

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Camps declara junto a Costa en una sesión del juicio por los trajes de Gürtel, en diciembre de 2011.

pamplona- El PP sigue sufriendo su particular gota malaya en la forma de resoluciones judiciales condenatorias en los numerosos casos de corrupción que le afectan. Escasos días después de la sentencia de la primera época de Gürtel que consideraba probado que el partido se lucró del entramado empresarial de Francisco Correa, la Audiencia Nacional le asestó ayer otro mazazo en relación a la rama valenciana de esta red corrupta. El fallo, demoledor, considera que el PPCV se financió de forma “tan absolutamente irregular” en las campañas electorales de 2007 y 2008 que su proceder “fue delictivo”. Tanto es así que, mientras que la empresa de Correa, Orange Market, facturó 175.000 euros por esas campañas, la cantidad que no fue objeto de facturación fue de 1,9 millones de euros.

El Juzgado Central de lo Penal de la AN condenó a 18 personas por financiación ilegal del partido en los comicios locales y autonómicos de 2007 y las generales de 2008, incluyendo los cuatro años de cárcel impuestos al ex secretario general del PPCV Ricardo Costa, y a tres cabecillas de Gürtel a penas de entre cinco y casi siete años de cárcel. Se trata de Francisco Correa -cinco años y tres meses-, Álvaro Pérez, El Bigotes -seis años y nueve meses- y Pablo Crespo -cinco años-. Otros nueve condenados son empresarios -un décimo empresario fue absuelto- que confesaron haber financiado de manera irregular al PP valenciano, por lo que se han sustituido sus condenas de cárcel por multas. Los principales acusados, empezando por Costa, también optaron por confesar, por lo que lograron una rebaja en sus condenas respecto a las peticiones de la Fiscalía.

En lo que respecta al expresidente valenciano, Francisco Camps, pese a que el juez José María Vázquez asegura que hubiese incurrido en delitos por la financiación irregular del PP valenciano, éstos ya habrían prescrito, pues la investigación comenzó en 2009. Tanto Camps como el que fuera su vicepresidente, Víctor Campos, tuvieron la condición de testigos y no de investigados en el juicio, por lo que el magistrado ve además “jurídicamente imposible” pronunciarse sobre ambos. El exvicepresidente valenciano Vicente Rambla resultó absuelto por falta de pruebas de los delitos electorales de los que se le acusaba, y por los que se pedía para él seis años y tres meses. El juez entendía que si bien “es posible que haya cometido los delitos, existe la probabilidad razonable de que no lo hiciera”.

La sentencia, de 137 folios, declara probado que la expansión del denominado Grupo Correa en Valencia, a través de la empresa Orange Market, que encabezaba El Bigotes, “tenía como finalidad aprovechar las posibilidades de negocio mediante el acceso a determinadas personas que desarrollaban su actividad política” en esa comunidad autónoma.

Todo ello “con el objetivo de conseguir una posición ventajosa en la convocatoria y adjudicación de contratos relativos a eventos que pudieran ser organizados por el propio partido político, por órganos de la Administración autonómica valenciana y por entidades públicas dependientes de la misma”.

Colaboración con la JusticiaEl juez se basó para su resolución en las confesiones de los acusados durante la vista oral, en referencia no solo a la declaración de Francisco Correa, que reconoció la existencia de este entramado, sino también a la versión mantenida por el número dos de la trama, Pablo Crespo, el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, El Bigotes, y el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa.

Aunque apuntó que son confesiones “tardías” y en parte provocadas por el devenir que marcaron los interrogatorios a los empresarios, que fueron los primeros en declarar, entiende que no por ello dejan de ser relevantes para confirmar los indicios que existían en la rama valenciana de la red y para ayudar en otros procedimientos de la Gürtel que se siguen instruyendo en la Audiencia Nacional.

Por ello el magistrado concluye que procede aplicarles también atenuantes a la pena en tanto que puede ser ejemplarizante “que se conozca que la colaboración activa con la Administración de Justicia, veraz y relevante, puede suponer para todos los implicados o que puedan estarlo en casos análogos de corrupción, una disminución de la pena si efectiva y realmente cooperan para restaurar el orden jurídico violentado”.

La resolución reza que “la declaración de Costa corroborada testificalmente por Luis Bárcenas, acredita que efectivamente existía una financiación ilegal del PPCV, tanto como que Costa era plenamente consciente de que ese modo de pago era totalmente ilícito”. Su interrogatorio marcó el rumbo de la vista oral al señalar a Camps y al expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino como los dirigentes que encargaron financiar con dinero negro las campañas de 2007 y 2008.

“No están todos”El titular del Juzgado Central de lo Penal de la AN admite en la sentencia que siente “una cierta desazón” con el hecho de que El Bigotes crea que en este procedimiento “no están todos” los que han participado en la caja B de los populares valencianos. En la resolución, el magistrado hace mención a una de las frases que pronunció durante el juicio el responsable de Orange Market, que afirmó que “todos los que están” sentados en el banquillo de los acusados participaron en la caja B del PP liderado entonces por Camps, aunque “no están todos lo que son”. Ante esto, el juez responde que “lo cierto y probado” es que los nueve empresarios que confesaron los hechos pagaron las facturas falsas giradas por la empresa de Gürtel para cobrar la organización de los actos electorales y otros eventos del PPCV “excediendo, y en mucho, el límite cuantitativo” del gasto electoral.