Noticias de NavarraDiario de Noticias de Navarra. Noticias de última hora locales, nacionales, e internacionales.

Saltar al Contenido

Períodico de Diario de Noticias de Navarra

Urdangarin, a un paso de la cárcel: el TS le condena a 5 años y 10 meses

El alto tribunal rebaja en 5 meses la pena de la Audiencia de Palma - El marido de la infanta Cristina tiene muy difícil eludir el ingreso en prisión

El criterio habitual del TC aboca a Urdangarín a prisión aunque recurra

D.N. - Martes, 12 de Junio de 2018 - Actualizado a las 10:01h

Fotografía de archivo de Iñaki Urdangarin, a su llegada a la Audiencia de Palma.

Fotografía de archivo de Iñaki Urdangarin, a su llegada a la Audiencia de Palma. (EFE)

Galería Noticia

Fotografía de archivo de Iñaki Urdangarin, a su llegada a la Audiencia de Palma.

PAMPLONA. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha rebajado en cinco meses -hasta los 5 años y 10 meses- la condena por el caso Nóss a Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina. El exduque de Palma había sido penado con seis años y 3 meses de cárcel por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca por delitos de prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencia y 2 delitos fiscales relacionados con la actividad de la citada entidad sin ánimo de lucro.

Esta decisión dejaría a Urdangarín al borde de la entrada en prisión, puesto que el Tribunal Constitucional, al que previsiblemente recurrirá su defensa, viene tradicionalmente teniendo en cuenta como límite las penas de entre 5 y 6 años de cárcel para decidir si suspende o no la ejecución de las condenas mientras resuelve sobre el amparo de las mismas.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo revisó el caso el pasado 21 de marzo en una vista pública en la que la fiscal Ángeles Garrido defendió un incremento de las penas para Urdangarin y su socio Diego Torres por considerarles "motor de toda la secuencia" de los delitos cometidos mediante el Instituto Nóos. Para el primero solicitó que se incrementara la condena inicial de 6 años y 3 meses de prisión hasta los 10 años.

La sentencia de la Audiencia de Palma rebajó notablemente las penas que pedía la Fiscalía a los principales acusados en este procedimiento, que se originó como pieza separada del caso Palma Arena por las actividades delictivas que realizó el exduque con su exsocio Diego Torres mediante el instituto Nóos, que se suponía realizaba su labor sin ánimo de lucro. Se impuso pena a 7 de los acusados inicialmente, eran 17.

EL CRITERIO DEL CONSTITUCIONAL El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) que previsiblemente presentará Iñaki Urdangarín contra la sentencia, no evitará que vaya a la cárcel mientras se resuelve, siempre y cuando se siga el criterio habitual.

El Tribunal Constitucional suele tener en cuenta, para decidir si suspende o no provisionalmente la entrada en prisión de un reo cuyo recurso de amparo contra la condena vaya a revisar, la magnitud de la condena: cuando es superior a los cinco años, no paraliza el cumplimiento.

Fuentes del TC consultadas informan de que ese criterio del Constitucional cuando admite a trámite un recurso de amparo contra una condena penal hace poco probable que en el caso de Iñaki Urdangarín se pueda producir una suspensión cautelar de su ingreso en prisión.

Iñaki Urdangarín ha sido condenado por el Supremo a casi seis años de cárcel, por lo cual, aunque no existe una norma que obligue al alto tribunal a actuar en uno u otro sentido, lo previsible es que no suspenda su ingreso en prisión.

Las fuentes consultadas señalan que la cifra que el alto tribunal suele tener en cuenta para este cálculo es la suma total de las penas, con independencia de si se trata de una o varias condenas.

Es decir, el Constitucional no prevé en principio calcular sobre el tiempo de cumplimiento efectivo que resulta de la acumulación de las varias penas que han recaído sobre Urdangarín, un cálculo que podría resultar más favorable para el reo. De este modo, lo previsible es que ingrese pronto en prisión.

Estas son las condenas recogidas en la sentencia:

- Iñaki Urdangarin: Condenado a 5 años y 10 meses de prisión

- Diego Torres: Condenado a 5 años y 8 meses de prisión.

- Jaume Matas, expresidente de Baleares: condenado a 3 años y 8 meses de cárcel.

- José Luis "Pepote" Ballester, ex director general de Deportes de Baleares: Condenado a 15 meses y dos días de prisión, sustituibles por multa.

- Gonzalo Bernal, el exgerente de Illesport: Condenado a 15 meses y dos días de prisión, sustituibles por multa.

- Juan Carlos Alía, exdirector del Instituto Balear de Turismo (Ibatur): Condenado a un año y dos días de prisión, sustituible por multa.

- Miguel Ángel Bonet, el exsecretario de Ibatur: Condenado a un año y dos días de prisión, sustituible por una multa.

La condena a Iñaki Urdangarín se establece en 5 años y 10 meses de prisión por los delitos de prevaricación continuada y malversación (ambos en concurso), tráfico de influencias, fraude a la Administración y dos delitos fiscales. Se reduce en 5 meses respecto a los 6 años y 3 meses que le impuso la Audiencia de Mallorca porque es absuelto del delito continuado de falsedad en documento público cometido por funcionario, un delito que también se anula a Diego Torres, por entender la Sala que en los hechos probados de la sentencia no se les atribuye a ninguno de los dos una contribución a esas falsedades.

En relación a este mismo acusado, se estima el recurso de la Abogacía del Estado y se incrementa ligeramente la cuantía de las dos defraudaciones tributarias por las que fue condenado (en la misma proporción en la que se reduce la de Diego Torres), confirmándose para él 2 años de cárcel por dos delitos fiscales y 512.553 euros de multa, así como el pago de una indemnización a Hacienda de 326.925 euros.

En el caso de Diego Torres, se mantiene su condena por malversación y prevaricación, y su absolución de falsedad no implica además en la práctica una reducción de la pena (que se mantiene en este punto en 3 años menos un día de cárcel). También se confirma su condena por delito fiscal. Sin embargo, su condena total pasa de 8 años y 6 meses de prisión a 5 años y 8 meses al ser absuelto del delito de blanqueo de capitales, por no aparecer claramente establecida la vinculación de los fondos movilizados con la cuota tributaria defraudada, y del delito de tráfico de influencias, al no reflejar los hechos probados su participación directa en esa conducta (por la que sí es condenado Iñaki Urdangarin).

El Supremo confirma la responsabilidad de partícipes a título lucrativo de Ana María Tejeiro y de Cristina de Borbón de los delitos de malversación de caudales públicos y fraude a la Administración cometidos por sus cónyuges. Sin embargo, estima en parte el recurso de Ana María Tejeiro en relación a su declaración de responsabilidad como partícipe a título lucrativo del delito fiscal de su marido, lo que por extensión se aplica también a Cristina de Borbón respecto a los dos delitos fiscales cometidos por su marido, al argumentar que no es posible la participación a título lucrativo en delitos de defraudación tributaria.

 La sentencia ratifica el resto de pronunciamientos de la Audiencia de Palma. Así, mantiene la condena de 3 años y 8 meses de prisión al expresidente balear Jaume Matas;15 meses al exdirector general de Deportes de dicha comunidad José Luis Ballester;15 meses al exgerente de la Fundación Illesport Gonzalo Bernal;1 año al exgerente del Instituto Balear de Turismo Juan Carlos Alía;y 1 año de cárcel al exasesor jurídico de dicho Instituto Miguel Ángel Bonet. Se confirman además las absoluciones dictadas por la Audiencia balear. A los cuatro últimos se les sustituye la pena de prisión por una multa al aplicarles la atenuante de colaboración y reparación del daño.

El Supremo desestima el recurso del Ministerio Fiscal. En los argumentos que justifican esa decisión aparece como un factor relevante la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional, según la cual no es posible revisar en contra del reo la valoración probatoria realizada por la Sala de instancia. La Sala también rechaza el recurso de Manos Limpias, que pretendía que se levantara su condena a abonar las costas procesales causadas a la infanta Cristina tras la acusación que mantuvo contra ella y por la que fue absuelta por el tribunal mallorquín.

Pagos de dinero público por servicios que no se llevaron a cabo

El tribunal rechaza el recurso de Urdangarin (salvo en lo relativo al delito de falsedad), y confirma que cometió los delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación, fraude a la Administración y dos contra la Hacienda Pública.

En relación a la malversación, el tribunal destaca que no puede cuestionarse la naturaleza pública de los fondos sustraídos, que la sentencia cuantifica en 445.000 euros, pagados a Noos “pese a no haberse producido la correlativa contraprestación. Los servicios a que obedecían esos pagos no se habían llevado a cabo”. Urdangarin tuvo una implicación en la actividad malversadora (pago indebido) que encajaría en dos formas de participación: tanto la inducción como la cooperación necesaria.

En ese sentido, el alto tribunal recuerda que la Audiencia de Palma subraya como “en el ejercicio 2006, la ascendencia de D. Ignacio Urdangarin procura nuevamente la adopción de la decisión verbal y unilateral de contratar a la Asociación Instituto Nóos para la celebración de una segunda cumbre en Baleares. Para revestir formalmente esa decisión, del mismo modo que en las actuaciones precedentes, don Gonzalo Bernal García, siguiendo las indicaciones de D. José Luís Ballester Tulies- respecto de las que no consta oposición alguna por parte del President del Govern, D. Jaume Matas Palau, elabora cuatro actas. (...)”.

El Supremo también considera cometido el tráfico de influencias del artículo 429 del Código Penal, que en su redacción vigente al tiempo de ocurrir los hechos, castigaba al “... particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar, directa o indirectamente, un beneficio económico para sí o para un tercero...”.

Situación de privilegio de Urdangarin

La sentencia indica que está “acreditado que el acusado, a través de su amistad con el coacusado, Director de deportes, y la situación de privilegio de que disfrutaba como consecuencia de su matrimonio con una hija de quien era entonces Jefe del Estado consiguió mover la voluntad tanto de José Luis Ballester como de Jaume Matas para obtener la contratación con la Asociación Instituto Noos y celebrar la cumbre de 2005 y, singularmente, para que se llevase a cabo orillando toda concurrencia, y los condicionantes que podrían derivarse de una tramitación ajustada a la legalidad”.

Por ello, cree correcta la subsunción jurídica realizada: “Es de destacar que el logro del influjo ejercido desde el trampolín de su privilegiada posición no se limita a la contratación, sino también y particularmente a la exclusión de toda concurrencia posible obviando las condiciones, presupuestos y proyectos que otras empresas podían ofrecer mejorando las fijadas casi unilateralmente por el recurrente y su socio”.

“Más aún –agrega la sentencia-, el desarrollo posterior de la secuencia con la voluntariosa, y disciplinada actitud de acatamiento a todas las propuestas de los recurrentes por parte del Presidente y su desarrollo, aceptando precios, imponiendo decisiones y sin reparar en obstáculos burocráticos o rémoras de reglas administrativas, pone bien a las claras de manifiesto que se produjo ese sutil pero patente y efectivo sometimiento ante la posición del proponente, actitud que buscó y provocó deliberadamente amparado en su notoria condición, combinada y reforzada por su amistad con José Luis Ballester”.

Absolución por falsedad

La sentencia excluye a Urdangarin y Torres del delito de falsedad por el que venían condenados en combinación con delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación, al no darse como probada una intervención de ninguno de los dos en la documentación falsaria elaborada por los funcionarios para plasmar y justificar las resoluciones arbitrarias analizadas.

La Sala entiende así que no se les atribuye un conocimiento ni participación en maniobras falsarias llevadas a cabo exclusivamente por quienes a efectos penales tienen la consideración de funcionarios o autoridad.

La traducción penológica de la absolución por falsedad es escasa por los mecanismos de imposición de penas previstos para los casos de concursos de delitos en el Código Penal, en este caso malversación y prevaricación. De hecho, a Torres se le mantiene la misma pena de prisión (3 años, la máxima posible) que cuando tenía también falsedad, mientras que a Urdangarin le supone una reducción de 5 meses por la aplicación de la atenuante de reparación del daño que observó la Audiencia de Palma, al haber consignado antes del juicio fondos suficientes para hacer frente a todas las responsabilidades civiles e indemnizaciones a las que debía hacer frente.

Responsabilidad como partícipes a título lucrativo por malversación y fraude, pero no por delito fiscal

La Sala mantiene la responsabilidad como partícipes a título lucrativo de Cristina de Borbón y de Ana María Tejeiro en lo que respecta a las cantidades correspondientes a los delitos de malversación de caudales públicos y de fraude a la Administración cometidos por sus maridos. En el caso de Cristina de Borbón, la cuantía asciende a 136.950 euros, y en el de Ana María Tejeiro, a 172.550 euros.

Sin embargo, deja sin efecto la responsabilidad como partícipes a título lucrativo de Cristina de Borbón (128.138 euros) y Ana María Tejeiro (172.384 euros) en lo que se refiere a las indemnizaciones fijadas por los delitos contra la Hacienda Pública por el que también fueron condenados ambos. La consecuencia de esta decisión es que tanto Iñaki Urdangarín como Diego Torres deberán asumir en su totalidad el pago de lo defraudado, que en el caso de este último y en el de su esposa ya está consignado, como resaltaba la sentencia recurrida.

El tribunal da la razón en este punto a Ana María Tejeiro, y por extensión a Cristina de Borbón, al considerar que no existen precedentes de que se haya aplicado la responsabilidad civil a título lucrativo en un delito fiscal. La Sala explica que una aproximación a la responsabilidad civil proclamada en el artículo 122 del Código Penal invita a pensar que solo abarca a los delitos de enriquecimiento: aquéllos que producen beneficios económicos directamente, que vienen a engrosar el patrimonio del autor y, eventualmente, el de terceros beneficiarios, pero no comprende delitos que consisten en un impago, como sería el caso.

En este sentido, afirma que quien elude el pago de tributos “consigue retener lo que ya tenía” y no hay efectos procedentes de ese delito, por lo que “no se puede participar de lo generado por un delito que no reporta directamente bienes sino que evita una disminución del patrimonio. La cantidad no abonada no queda identificada o señalada”.

Pero, además, recuerda la Sala, que las indemnizaciones en favor de la Hacienda Pública que puedan fijarse en un proceso penal no constituyen en rigor responsabilidad civil nacida de delito, sino “una deuda tributaria, regida por la legislación tributaria (que señala quiénes son los responsables y en qué cuantías y en qué condiciones, aunque exigible en el proceso penal por virtud de una norma de atribución específica”. Esa normativa tributaria, precisa la sentencia, “no contempla como deudor a quien se haya podido lucrar con algún dinero del defraudador (dinero que, además, tampoco podremos vincular justamente con la cuota defraudada y excluyendo otras rentas)”.

Estrategia de Manos Limpias

Sobre la acusación ejercida por Manos Limpias, la Sala señala que algunos indicios hacen pensar que la estrategia procesal de esta parte en relación con Cristina de Borbón estaba presidida por consideraciones ligadas más bien a escenarios extraprocesales que con el legítimo proceso de convencer a un tribunal de que esa condena era justa.

En este sentido, recuerda que dicha acusación popular pedía 8 años de prisión para Cristina de Borbón por dos delitos fiscales, y razona: “Se hace difícil pensar que un profesional del derecho considere que un delito contra la hacienda pública del que no es autor, sino cooperador necesario y por cuantía no superior a 120.000 euros merezca ese máximo punitivo, despreciando sin razones especiales la posibilidad del artículo 65.3 CP que permitiría rebasar por debajo el mínimo legal o minimizando el dato de que la cantidad adeudada ha sido íntegramente consignada”, subraya el tribunal.

Por ello, aprecia en el comportamiento procesal de esta acusación, al menos en las últimas fases del proceso, “una ausencia de prudencia y de ponderación y una absoluta y aparentemente deliberada y preconcebida impermeabilidad a cualquier elemento que pudiera favorecer a quien acusaba en solitario”.

DOCE AÑOS DE PROCESOLa resolución del Tribunal Supremo de los recursos contra la sentencia del caso Nóos culmina el proceso judicial sobre una trama destapada hace 12 años, cuando un diputado socialista pidió explicaciones al Govern balear por el alto coste de un foro de turismo y deporte organizado por Iñaki Urdangarin.

Antoni Diéguez, que en la actualidad preside el Consejo Consultivo de Baleares, denunció en una rueda de prensa el 16 de febrero de 2006 que el Instituto Nóos de Urdangarin, elegido a dedo por el entonces presidente Jaume Matas, había cobrado 1,2 millones de euros por organizar en Palma un encuentro de deportistas y gestores con dos jornadas de trabajo efectivas.

En agosto de 2008, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella por varios presuntos delitos de corrupción con lo que se inició el llamado caso Palma Arena, a partir de la investigación del posible sobrecoste para construir ese velódromo palmesano.

Dos años después, una carpeta de esa causa daría pie a su vez a otra pieza separada, la número 25, que se ha colado en la historia al sentar a Urdangarin y la infanta Cristina en el banquillo. La abrió el juez de instrucción número 3 de Palma, José Castro, recientemente jubilado.

Cuando los investigadores terminaron de echar las cuentas habían averiguado que el Instituto Nóos, entidad sin ánimo de lucro, había recibido más de 5,8 millones de euros de organismos públicos entre 2004 y 2007, de los que 5,6 millones habían ido a parar a las distintas empresas propiedad de Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres.

Su forma de tributar a Hacienda y la presencia de sociedades internacionales y cuentas en el extranjero llevó a los investigadores a indagar posibles delitos fiscales y blanqueo.

A partir de ahí se fueron sucediendo hitos, entre ellos la imputación del entonces duque de Palma, hace ahora seis años y medio, y luego la de su esposa, que el 8 de febrero de 2014 compareció ante el juez para prestar declaración.

Finalmente, la infanta Cristina, su marido, el socio de éste y otras catorce personas fueron juzgadas en 2016, entre el 11 de enero y el 22 de junio, jornada en la que el proceso quedó visto para sentencia después de las declaraciones de más de 200 testigos.

En febrero del año pasado, el tribunal condenó a 7 de los 18 acusados. Únicamente tres de ellos recibieron condenas que implicarían el ingreso en prisión, que suman en total 18 años y 5 meses de cárcel. Absolvió a los demás, incluida la infanta Cristina, a quien la Audiencia consideró responsable civil a título lucrativo por 265.088 euros.

También quedaron absueltos los acusados de las ramas valenciana y madrileña del caso.

Los tres condenados con penas de prisión por la sección primera de la Audiencia de Palma fueron Urdangarin, a 6 años y 3 meses, Torres, a 8 años y 6 meses, y el exministro y expresidente Matas, a 3 años y 8 meses. Todos recurrieron.

La sentencia declaró probado que la entidad que dirigían Urdangarin y Torres fue contratada para llevar la oficina del proyecto del equipo ciclista Illes Balears y para organizar los eventos IB Fórum de 2005 y 2006, prescindiendo de la tramitación legal y por decisión unilateral de Matas, ante la influencia y posición privilegiada del yerno del rey.

Al menos les pagaron 619.000 euros por trabajos que llegaron a ejecutarse o que no tenía que pagar el gobierno autonómico.

Cuatro ex altos cargos del Govern balear, entre ellos el director general de Deportes, José Luis "Pepote" Ballester, amigo de la infanta y Urdangarin, recibieron condenas por intentar revestir de legalidad las decisiones unilateralmente adoptadas por Matas, pero ninguna de cárcel.

Además, según el tribunal, Torres y Urdangarin tributaron a través del Impuesto de Sociedades lo que, en realidad, eran rendimientos devengados como consecuencia de su actividad profesional, que debieron haber tributado a través del IRPF. En el caso de Urdangarin, la sala consideró que defraudó 255.905 euros. Torres también superó los 120.000 euros que fijan la comisión de delito.

etiquetas: urdangarin, caso noos

Últimas Noticias Multimedia