Sobre la sentencia de Altsasu y otras derivas

Miércoles, 13 de Junio de 2018 - Actualizado a las 06:02h

con la sentencia de Alsasua se supone que deberíamos estar callados. Que aquellos que sostenemos que avanza el modelo de Estado autoritario deberíamos reconocer nuestra imprudente actitud. Que cuando decimos que los poderes ejecutivo y judicial reprimen con especial dureza las acciones directamente políticas o con connotaciones políticas, que cuestionan instituciones, procesos y autoridades políticas consideradas sagradas por lo gobernantes actuales y, probablemente, futuros, debemos mostrar sincero arrepentimiento. Ello es exigible dada la razonable y bondadosa sentencia de la Audiencia Nacional con penas que van desde 9 a 13 años de cárcel en el asunto de Altsasu, con excepción de una condena de 2 años.

Pues no nos arrepentimos. Seguimos creyendo y pensando lo mismo. Autoritarismo y estrategia política represiva mediante el uso abusivo y desproporcionado del Derecho Penal. Conviene recordar, en este sentido, que la petición fiscal de más de 50 años de prisión basada en un delito de terrorismo tenía su particular diseño, situado paralelamente a la estrategia de autoritarismo represivo político antes descrita. La disparatada petición fiscal tenía como objetivo generar la equivalente protesta y la posterior calma y correspondiente amor a la Justicia frente a la sustancial rebaja.

Pero el personal no es idiota porque resulta obvio que la sentencia de la Audiencia Nacional expresa esa estrategia política represiva. Todo el montaje de la descabellada hiperpenalización no ha podido desviar la atención y el rechazo frente a condenas desproporcionadas por una pelea de bar. Pero las condenas no derivan de la pelea en sí, sino de alguna otra circunstancia: uno de los afectados era guardia civil. Y, sobre todo: los jóvenes condenados, según la sentencia, están en contra de la Guardia Civil. Y en cuanto que la Guardia Civil es una institución que simboliza al Estado y a su forma de entender y hacer política, despreciar a esa autoridad merece un severo castigo. En consecuencia, la sentencia es un ejemplo más de la política de un Estado con tintes autoritarios en el uso y abuso selectivo y desproporcionado del Derecho Penal. Selectivo porque si se adjudicó jurisdicción la AN y luego no es terrorismo este caso debería haber vuelto al juez natural de Pamplona. Abusivo no hace falta insistir más, pero es interesante comparar la suerte de los detenidos de Alsasua durante la instrucción donde la jueza Lamela ha tenido casi 2 años en prisión provisional a tres de los encausados, con la decisión de la juez de Instrucción número 4 de Algeciras que ha acordado en un caso también de trifulca con la Guardia Civil, dejar en libertad provisional sin fianza a cinco personas detenidas y con una fianza de 2.000 euros a las otras tres restantes, acusadas de agredir y herir a unos guardia civiles por un grupo de unas 50 personas.

Por no hablar de la presidenta del tribunal, la jueza Espejel, jueza en que más allá de su notoria cercanía al PP, está tan íntimamente emparentada con un miembro del cuerpo agredido en Altsasu y ha sido condecorada por dicho cuerpo, que debería haber sido recusada o haberse inhibido motu propio, aunque esto último sea ya mucho esperar tal es su rigor jurídico.

La sentencia casi ha coincidido en el tiempo con la moción de censura al gobierno de Rajoy y el advenimiento del nuevo gobierno socialista de Sánchez, donde junto a nombramientos dignos y esperanzadores, lamentablemente destaca la designación de Grande Marlaska como ministro de Interior, algo difícilmente comprensible en un Estado de Derecho o que, como mínimo, aspire a serlo con las debidas garantías.

Grande Marlaska representa el ala más dura y autoritaria de los excesos de la Audiencia Nacional. Por si fuera poco, en el tema de torturas a detenidos, le cabe el dudoso honor jurídico de haber sido hasta seis veces señalado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (con condenas firmes contra el Estado) por no investigar torturas a detenidos y también por haber sido denunciado, en otros casos, por denegación de habeas corpus para los detenidos. Un nuevo ministro, en suma, cuyas resoluciones judiciales previas tienden a anteponer la razón de Estado frente a los Derechos Fundamentales y sus necesarias garantías. Un nuevo ministro hasta ahora presidente de la sala de lo penal de esa Audiencia Nacional responsable de la instrucción y de las aberrantes condenas del caso de Alsasua.

Firman este artículo: Pedro Ibarra Güell, Baleren Bakaikoa, Joxerramon Bengoetxea, José Manuel Castells, Luis Elicegui Xabier Ezeizabarrena, Gurutz Jauregi, Esther Larrañaga y Jon Gurutz Olaskoaga

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