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La Fiscalía y AVT trabajarán juntos para esclarecer atentados sin resolver

El colectivo de víctimas de ETA insiste en crear una unidad específica en la Audiencia Nacional dedicada a este trabajo

Miércoles, 13 de Junio de 2018 - Actualizado a las 06:02h

PAMPLONA.- El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, se comprometió ayer con la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) a mantener reuniones periódicas con las víctimas de ETA para avanzar en la resolución de los atentados que quedan por esclarecer, y que algunas fuentes cifran en alrededor de 300. Dentro de la ronda de contactos que está llevando a cabo la nueva presidenta de la AVT, Maite Araluce pidió ayer al fiscal Alonso lo que ya reclamó hace unos meses por carta al Ministerio del Interior: la posibilidad de que los abogados de esta asociación tengan acceso a la documentación sobre ETA entregada recientemente por Francia, con el fin de poder avanzar en la resolución de los casos pendientes de esclarecer. Asimismo, Araluce explicó al fiscal jefe la propuesta que la AVT lleva solicitando desde hace varios años, y que consiste en crear una unidad específica dedicada a los atentados pendientes de resolver coordinados por un fiscal especial antiterrorista.

poder judicial vascoPor su parte, la ponencia de autogobierno que estudia una posible reforma del estatuto de Gernika incluyó entre sus novedades una propuesta de EH Bildu para que la CAV tenga un poder judicial propio, así como competencia plena en materia de prisiones. En el texto, el partido soberanista plantea que el nuevo estatuto reconozca “un modelo de organización y planta judicial propios”, de conformidad “con la tradición foral y la experiencia autonómica histórica”.

La respuesta al texto vino por parte de Elkarrekin Podemos, que defendió que la propuesta de EH Bildu no puede llevarse a cabo al no estar prevista una división territorial de la Administración de Justicia. Por su parte, Lander Martínez insistió en que “nada impide incluir entre las previsiones estatutarias preceptos dedicados al poder judicial, siempre y cuando no se extiendan sobre materia reservada a la competencia estatal”. En este sentido, remarcó que “sí sería interesante facilitar herramientas para la resolución de conflictos y mediación entre ciudadanos”. - D.N.

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