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Procedentes de Venezuela, Siria, Colombia, Ucrania y Eritrea

CEAR augura un nuevo récord de peticiones de asilo en 2018;el año pasado hubo 31.120 en el Estado

Jueves, 21 de Junio de 2018 - Actualizado a las 06:01h

pamplona- En 2017 Navarra tramitó 175 solicitudes de asilo, según el Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR), entidad acreditada en Navarra junto a Cruz Roja, y que augura que 2018 batirá un nuevo récord de peticiones en el conjunto del Estado ya que eran 17.000 las contabilizadas a mediados del pasado mes de mayo frente a las 31.120 de todo 2017. También destaca que el Estado español rechazó el año pasado el 65% de las peticiones. Según CEAR, España tramita el 4% de todas las solicitudes de asilo que llegan y Navarra figura entre las CCAA que, con 175, menos peticiones tramitó.

En cuanto a Cruz Roja, la entidad apunta que de las 236 personas refugiadas que atiende en la actualidad, 90 se encuentran en la fase de acogida temporal, 93 en fase de integración y 53 en fase de autonomía. La procedencia es Venezuela (26,55%), Siria (17,99%) y Ucrania (10,91%). Junto a ellos, hay también personas procedentes de otros Colombia o Eritrea.

Fuentes del Departamento de Derechos Sociales explicaban ayer que las políticas de asilo y refugio son competencia estatal. La gestión del programa de acogida, que puede prolongarse entre 6 meses y dos años y financia el Gobierno central, lo desarrollan Cruz Roja y CEAR, mientras que al Gobierno de Navarra le compete poner a disposición de este programa los servicios e infraestructuras.

5.000 sin papeles El acogimiento foral, no obstante, va más allá de las personas portadoras del estatus de refugiadas que huyen de la guerra o de la persecución política. La migración es un fenómeno más amplio. Una población flotante que puede sumar cerca de 5.000 personas reside en Navarra en una complicada posición por su situación irregular. Su número, estimado de las estadísticas del flujo migratorio, ha salido a la luz con motivo de la decisión en Navarra de prestar atención sanitaria pese a las cortapisas que puso Madrid a la ley foral de atención universal y gratuita. La ley aprobada en 2013 que ahora, tras el recurso en contra del TC, el Gobierno de Pedro Sánchez quiere desbloquear. - L.C.H