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comisión de investigación

López Merino cree que el papel del gobierno de UPN en el final de CAN hizo un daño irreparable a Navarra

Explica que las exenciones de CaixaBank por haber absorbido a Banca Cívica reducen la recaudación de la Hacienda Foral Considera que deben pedirse responsabilidades políticas

Sábado, 23 de Junio de 2018 - Actualizado a las 08:55h

El exdirector general de ña Caja de Ahorros Municipal de Pamplona, Manuel López Merino, ayer en el Parlamento de Navarra.

El exdirector general de ña Caja de Ahorros Municipal de Pamplona, Manuel López Merino, en el Parlamento de Navarra. (OSKAR MONTERO)

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El exdirector general de ña Caja de Ahorros Municipal de Pamplona, Manuel López Merino, ayer en el Parlamento de Navarra.

Pamplona. - La desaparición de la Can está lejos de ser simplemente una pérdida sentimental, como ahora defienden UPN, PSN y PP, los partidos abonados a la tesis del tsunami que arrasó con todo el sistema de cajas para disculpar el lastimoso final del instrumento financiero más importante de la historia de Navarra. Aparte de un primer impacto patrimonial (en 2010, el valor de participación de Caja Navarra en Banca Cívica era de 1.433 millones;ahora, la Fundación Caja Navarra tiene sólo el 1% de CaixaBank, equivalente a algo más de 200 millones), la absorción de Caja Navarra por parte del banco catalán tiene un efecto más discreto, pero igualmente sustancioso y sostenido en el tiempo. Ese que representan los millones de euros que la Hacienda Foral (y también la estatal) dejará de percibir vía recaudación por el hecho de que CaixaBank, al haberse hecho cargo de Banca Cívica, tiene derecho a una serie de exenciones que influirán a los ingresos de las administraciones públicas. La cifra es difícil de precisar. Pero ayer, la segunda comparecencia de Manuel López Merino en el Parlamento foral pivotó en torno a un informe particular que él mismo, recurriendo a otras fuentes, ha confeccionado para calcular "cuánto hemos perdido los navarros". El documento del exdirector de la Caja de Ahorros Municipal de Pamplona (CAMP) es complejo y analiza pormenorizadamente los últimos años de la Can en los que se gestó el proyecto de Banca Cívica. Porque ahí está el origen de la situación actual: en "una fusión que se hizo sin estudiar, mal hecha, en la que no se hiló fino y que tuvo grandes costes", advirtió. La idea de hilar fino impregnó toda su explicación. Tomando como fuente el Proyecto Noel (el informe con el que CaixaBank calculó el coste de asumir Banca Cívica), el informe de Ernst y Young de diciembre de 2010 que firman todos los directores generales de las cajas de Banca Cívica (Caja Navarra, CajaSol, Caja Burgos y Caja Canarias) y en el que reconocen los valores de participación de cada entidad;y algunas actas de CaixaBank, deduce que la desaparición tendrá un coste por la vía de los ingresos. La explicación no es sencilla, pero básicamente se basa en una idea: CaixaBank, por asumir una entidad en riesgo como Banca Cívica, accedió a una serie de exenciones de impuestos durante diez años. "Y eso es así por ley y porque se lo han ganado, porque ha salvado a una caja de la desaparición real del mundo de los vivos", ilustró. Pero al margen de que la situación sea esa, López Merino cree que la gestación de Banca Cívica se "hizo mal y rápido". A su juicio, con malos compañeros de viaje "como CajaSol y Caja Burgos, que lastraron el valor conjunto de Banca Cívica". Faltó, además, una due diligence (una investigación a fondo de la operación) y el Gobierno de Navarra "estuvo ausente". Todo, junto a otros detalles, propició la situación final: CaixaBank, en su informe Noel, calcula una serie de pérdidas y cifras nuevas, entre ellas "el crédito fiscal neto de cuota", que López Merino estima en 2.216 millones para las agencias tributarias estatales y navarras. Un daño "irreparable", según sus palabras. No supo deducir qué impacto concreto se extrae de esa cifra global, y se protegió repitiendo que son sus cálculos sin perjuicio "de que pueda haber unos mejores". Pero la parte que corresponda a Navarra "es lo que vamos a recaudar de menos", precisó. La pena, para él, es que cree que se pudo haber evitado. Siempre que el Gobierno de Navarra hubiese cumplido su deber de supervisión. El de los directivos, repitió, es un papel menor "en la mayor hecatombe económica de Navarra". La responsabilidad corresponde a otros. "¿Dónde estaba el Gobierno de Navarra en la primera fase, cuando tenía capacidad para aprobar y denegar operaciones de la caja? Ahí desapareció, estuvo ausente", lamentó. Y concluyó con una reflexión "personal, dicha con todos los riesgos y la pena del mundo. Deberían pedirse responsabilidades, no digo penales, nada de eso. Responsabilidades políticas y de reconocer el error. Hacer una mala venta no es delito, es incompetencia. Y la incompetencia debe tener al menos la pena de la repulsa social", cerró. la comisión