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La demanda para incorporar Meirás al Estado abre la puerta a indemnizar a los Franco por gastos desde 1975

El Pazo pasaría a la Xunta pero habría que devolver a la familia del dictador los gastos de mantenimiento, según informe de los expertos

Martes, 26 de Junio de 2018 - Actualizado a las 06:02h

Torre del Pazo de Meirás.

Torre del Pazo de Meirás. (Foto: D.N.)

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Torre del Pazo de Meirás.

Pamplona- La propuesta jurídica que propone la comisión de expertos nombrada por la Consellería de Cultura para estudiar la incorporación al patrimonio público del Pazo de Meirás (BIC desde 2011) pasa por que la Administración General del Estado presente una acción reivindicatoria, a través de una demanda civil, en la que se argumente el uso del inmueble como espacio institucional durante más de 30 años. La fórmula prevista, cuya palabra técnica es demanialización -y que, en síntesis, significa que por “la fuerza del uso” se trata de un inmueble público-, abre la puerta, eso sí, a que los herederos de los Franco sean compensados económicamente. Así, como resumieron los redactores en rueda de prensa, esta situación de compensación se daría en el caso de que, una vez que haya sentencia firme (Tribunal Supremo) a favor del Estado, se produzca una liquidación de la propiedad y los actuales poseedores del Pazo sean compensados por gastos de mantenimiento desde el 20 de noviembre de 1975 -fecha de la muerte del dictador-, si esas inversiones están probadas.

El trabajo de la comisión de expertos, presidida por el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidade de Santiago de Compostela Xosé Manoel Núñez Seixas, se ha prolongado durante más de seis meses. Al informe final, el Ayuntamiento de Sada ha presentado un voto particular al mostrarse en desacuerdo en esa hipótesis que plantean las conclusiones sobre la “liquidación” del inmueble, que los juristas, sin embargo, ven una hipótesis posible. La comisión de expertos propone una acción reivindicatoria contra la comunidad hereditaria y, solicitar a través de una demanda (civil), que se declare el “carácter del inmueble como bien de dominio público afecto a la Jefatura del Estado”. Esto supondría que, en consecuencia, se condene a los actuales poseedores a “reintegrar la posesión a la Administración general del Estado”.

El motivo de discrepancia del Ayuntamiento de Sada, donde se ubica el Pazo, se da en la conclusión cuarta, en que la comisión advierte de que la estimación de la acción judicial “determinaría la necesidad de liquidar los gastos y costes derivados de la posesión del inmueble”, entre el 21 de noviembre de 1975 y la actualidad.

“Prudencialmente”, se puede calificar la posesión por parte de los herederos como una “posesión de buena fe”, con el objetivo de que prospere por el camino deseado la demanda;eso sí, una vez presentada, pasaría a considerarse “mala fe”.

Precisamente, en este punto ha presentado su voto particular Sada, cuyo representante en la comisión, Francisco Montouto, contrapuso ayer que los herederos de los Franco “conocían perfectamente” cuál era la situación del Pazo cuando falleció el dictador, por lo que “no” se puede hablar de “buena fe”. - D.N.