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el socialista Jorge Rodríguez (PSPV-PSOE)

Destituido el presidente de la Diputación de Valencia tras su arresto por contratos a dedo

El juez investiga si dinero público acabó en el PSPV y Compromís y si enchufaron a altos cargos en la nueva Imelsa

Jueves, 28 de Junio de 2018 - Actualizado a las 06:02h

Rodríguez, durante uno de los registros.

Rodríguez, durante uno de los registros. (EFE)

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Rodríguez, durante uno de los registros.

pamplona- El presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, ha sido detenido, junto a otras cinco personas, tras una investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre varios contratos de alta dirección en la empresa pública Divalterra en una causa abierta por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación. El secretario general del PSPV-PSOE y presidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig destituyó anoche de todos sus cargos a Jorge Rodríguez. Puig apuntó que la detención de un presidente de la Diputación “es perjudicial para el esfuerzo que todos los valencianos y valencianas estamos haciendo para levantar la hipoteca reputacional, tras veinte años de gobiernos del PP”.

La Diputación de Valencia ha sufrido en menos de dos años y medio las detenciones de sus dos máximos responsables, Alfonso Rus (PP) y Rodríguez en sendas operaciones contra la corrupción que tienen marcado a fuego el nombre de una empresa pública ya maldito para esta institución: Imelsa, la actual Divalterra.

El resto de detenidos en la denominada operación Alquería son los cogerentes de Divalterra (la antigua Imelsa), Agustina Brines (de Compromís) y Javier Simó (del PSPV);el secretario-letrado asesor de esta empresa pública, Jorge Cuerda;y dos asesores de la Diputación, entre ellos el jefe de gabinete de Rodríguez, Ricard Gallego. Rodríguez es también alcalde de Ontinyent y portavoz de la Ejecutiva nacional del PSPV-PSOE, uno de los jóvenes con más proyección dentro del partido y preside la Diputación desde 2015 con Compromís y Esquerra Unida como socios de gobierno.

Según las estimaciones del Tribunal Superior de Justicia valenciano, Rodríguez, sus dos asesores y Cuerda pasarán previsiblemente el próximo viernes a disposición del juez instructor que ha coordinado la operación Alquería, desarrollada desde las 7.30 horas entre Valencia y Ontinyent.

La causa se inició este año tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia y en ella se investigan irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra en 2015, que nació como Imelsa en 1995, bajo el mandato del PP, como empresa de gestión forestal, pero con el cambio de gobierno se modificó el nombre para desvincularla de los procesos judiciales del llamado caso Imelsa y se le ampliaron sus competencias para abarcar más áreas de promoción económica y ambiental de la provincia.

El juez que instruye el asunto investiga si los detenidos desviaron grandes sumas de dinero obtenidas de las contrataciones supuestamente ejecutadas por un sistema al margen de la legalidad que pudieron acabar en los partidos políticos que gobiernan la Corporación. Anticorrupción considera que Rodríguez podría ser responsable, entre otras cosas, de enchufar a siete militantes del PSOE y de Compromís como altos cargos en la empresa dependiente de la Diputación de Valencia. También se investigan contratos duplicados, fraccionados para evitar el concurso público y encargados sin presupuesto ni seguimiento posterior.

Agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) practicaron registros en la Diputación, en las dos sedes de las que dispone el Ayuntamiento de Ontinyent -con Rodríguez escoltado por varios agentes- y en la sede de Divalterra. El instructor autorizó también el registro en cuatro viviendas particulares: la del presidente de la Diputación y las de otros tres investigados.

Las reacciones políticas fueron desde la cautela pedida por los partidos que sustentan el gobierno de la Diputación hasta la exigencia de dimisión de Rodríguez por parte del PP y de Ciudadanos. Precisamente este último partido reveló que denunció el pasado abril ante la Fiscalía posibles irregularidades en contratos de alta dirección en Divalterra, lo que según su portavoz en la Diputación, Mari Carmen Peris, ha propiciado la operación Alquería.

En marzo, Ciudadanos ya pidió la convocatoria urgente del consejo de administración de esta empresa pública por las responsabilidades que se pueden derivar por la publicación en un diario valenciano de un dossier que cuestiona las cuatro contrataciones de alta dirección en Divalterra.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió aplicar el código ético del PSOE a Jorge Rodríguez, que fija no la adopción de medidas cuando se notifique la apertura de juicio. El PSPV y Compromís calificaron de “desproporcionado” el dispositivo policial desplegado y pidieron cautela hasta que se aclare el grado de implicación de los detenidos, mientras desde Podemos avanzaron que se pedirá la dimisión de Rodríguez si se confirman las acusaciones. Para la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, admitió que noticias como estas son “desoladoras”.

Rodríguez, a sus 39 años, abanderaba hasta ayer el frente renovador del socialismo valenciano y presentaba una imagen amable, municipalista y dialogante tanto como alcalde de su Ontinyent natal como presidente de la Diputación de Valencia, donde intentaba hacer olvidar la etapa de su predecesor, el popular Alfonso Rus. Apuesta de Puig para refrescar la imagen de la Diputación, en su toma de posesión defendió “pasar página” ante los entonces aún recientes escándalos. - D.N.

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