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El Instituto de Auditoría de Cuentas se niega a informar del exauditor de Osasuna

CASOEL JUEZ OTAMENDI PIDIÓ AL ICAC UN DICTAMEN DE SUÁREZ Y LE ADVIRTIÓ DE DESOBEDIENCIA SI NO LO HACÍA pero EL ORGANISMO EXIGE INTERVENIR AL MINISTRO

Enrique Conde - Viernes, 29 de Junio de 2018 - Actualizado a las 06:02h

El auditor Adolfo Suárez, con su letrada, al ir a declarar al juzgado.

El auditor Adolfo Suárez, con su letrada, al ir a declarar al juzgado. (IBAN AGUINAGA)

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El auditor Adolfo Suárez, con su letrada, al ir a declarar al juzgado.

Pamplona. - El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) se niega a informar sobre el auditor de Osasuna entre 2004 y 2012 ahora imputado y solicita al Ministerio de Economía, del que depende, que plantee un conflicto de jurisdicción entre la Administración General del Estado y el propio juzgado, cuestión que en caso de plantearse se debería resolver ante el Tribunal Supremo. El informe sobre Adolfo Suárez Lopetegui lo pidió el juez Otamendi para saber si la actuación del imputado se ajustó a las exigencias derivadas de sus obligaciones profesionales y a la ley.

En sendos autos dictados en enero y mayo, el juez instructor consideraba que el ICAC tiene la obligación legal de realizar dicho informe, de cuyo resultado “dependerá, en gran medida”, la decisión que vaya a adoptar el magistrado sobre la continuación o archivo del procedimiento respecto al auditor encausado. Ante la negativa del ICAC a emitir dicho informe alegando por una parte la carga de trabajo existente y, por otro lado, la carencia de competencia legal para elaborar dictámenes a requerimiento de los juzgados y tribunales, el magistrado reclamó en un auto dictado el pasado 29 de mayo al citado organismo que emitiera su informe en un plazo de cinco días, bajo apercibimiento de que en caso de no hacerlo podría cometer un delito de desobediencia y denegación de auxilio. En el auto, el juez instructor advertía al ICAC de que, si hacía caso omiso, depuraría “las responsabilidades penales”, salvo que en dicho plazo acreditase haber interesado del ministro de Economía, Industria y Competitividad el planteamiento de un conflicto de jurisdicción frente al Juzgado de Instrucción número 2.

A este respecto, el ICAC ha hecho uso de esta facultad y el 5 de junio comunicó al magistrado su intención de plantear un conflicto de jurisdicción entre la Administración General del Estado y este juzgado, que deberá ser resuelto por el Tribunal Supremo si se plantea finalmente. Este conflicto competencial tiene su origen en un auto fechado el 29 de enero de este año en el que el juez instructor acordó oficiar al presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas a fin de que informara si la actuación del investigado Adolfo Suárez, por sí o mediante la sociedad AS Auditoría y Consulting, SL, como auditor de Osasuna entre 2004 y 2012, se ajustó a las exigencias derivadas de sus obligaciones legales y a la normativa de aplicación en aquellas fechas.

EL ICAC DICE QUE NO

Mediante escrito recibido por el juzgado el 24 de mayo, el presidente del ICAC rechazó la elaboración del informe requerido. Según expone el juez instructor en la resolución dictada en mayo, las razones expuestas por el presidente del ICAC para justificar su falta de colaboración con la Administración de Justicia no tienen amparo legal. Destaca el juez que las funciones de supervisión pública, objetiva e independiente sobre los auditores de cuentas, desarrolladas mediante la actividad de investigación sobre determinados trabajos de auditoria, adquieren una relevancia especial en los procedimientos penales en los que, como ocurre en el presente caso, existen indicios no solo de una mera actuación incorrecta de un auditor que pudiera dar lugar a responsabilidades disciplinarias o al mero incumplimiento de “normas en materia ética, normas de control de calidad interna en la actividad de auditoría, sino de algo mucho más grave como es la posible participación de un auditor en la comisión de delitos por parte de los administradores de una sociedad auditada, ocultando las actividades delictivas de dichos administradores a cambio de una contraprestación económica”.

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