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Golpe a los ‘Escobar’ de Granada

la guardia civil desmantela la mayor red de criptomonedas y drogas europea operada por 8 miembros del mismo clan

Un reportaje de Mónica Estormi - Viernes, 29 de Junio de 2018 - Actualizado a las 06:02h

Materiales intervenidos por la Guardia Civil.

Materiales intervenidos por la Guardia Civil. (Foto: Efe)

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Materiales intervenidos por la Guardia Civil.

Elaboraban y vendían a más de 100 países sustancias psicoactivas camufladas como productos contra la humedad o para cemento que los clientes compraban con moneda virtual, un complejo entramado empresarial montado en dos pueblos granadinos hace más de siete años por una familia: la madre de 65 años, sus hijos y sus parejas.

Los cinco fueron detenidos en los municipios granadinos de Dílar y Alhendín por la Guardia Civil en la Operación Dryer, en la que también fueron arrestados otras dos personas en Valencia, una de ellas de nacionalidad francesa, y un octavo en Austria.

Ninguno con antecedentes, entre 25 y 65 años, que están detrás de la mayor incautación de moneda virtual de Europa (más de 4,5 millones de criptomonedas bloqueadas) y de la distribución internacional de más de 100 tipos de sustancias psicoactivas, cuyo valor en el mercado superaría los 12 millones de euros, sin olvidar que se han aprehendido cerca de 800.000 dosis de LSD.

Una compleja y la vez sencilla organización en la que todos sus miembros llevaban una vida normal en Alhendín, un pueblo de 8.700 habitantes donde se gestionaba una de las más potentes redes mundiales de producción y distribución de sustancias psicoactivas.

“Todo quedaba en familia y se repartían los roles en función de las capacidades de cada uno”, explicó en rueda de prensa el teniente coronel Javier Rogero, jefe del Grupo de Delincuencia Organizada de la UCO, y el sargento Francisco Blanco, que detalló que el cerebro era el marido de la hija de la matriarca.

Él es el que convierte su casa de Alhendin en un “sofisticado centro neurálgico” desde el que se controlan las ventas por internet de los productos, un negocio que emprende gracias a su contacto con el ciudadano austríaco, socio cooperativo de la trama.

mucha organizaciónSu suegra, de 65 años y con formación en dirección de empresas, supervisa las ganancias, mientras que el otro hijo, químico, y su mujer trabajan en uno de los laboratorios de producción y empaquetado de las sustancias psicoactivas, localizado en Dilar y que tiene conexión con el otro centro de elaboración en Valencia, donde trabajan otras dos personas.

El modus operandi no estaba exento de una enorme complejidad, según los responsables de la investigación iniciada hace más de dos años cuando la policía alemana intercepta un paquete con varios tipos de estas nuevas drogas con un apartado postal granadino, concretamente de Ogijares.

Con este primer hilo, la Guardia Civil descubre que desde ese código postal hay un gran movimiento de paquetes de entre 250 y 500 miligramos a más de 100 países distintos (ninguno africano) con dosis supuestamente de aditivos para cemento o productos para combatir las humedades, algo que no cuadra a los investigadores porque esos productos se venden normalmente por kilos.

Rogero destacó que este tipo de estupefacientes no siempre están fiscalizadas como drogas ilícitas, aunque su consumo produce efectos similares a los cannabinoides, las anfetaminas, el MDMA o la cocaína.

Para la venta, uno de los miembros del clan familiar, informático, había diseñado varias páginas web alojadas en la llamada internet profunda a la que llegaban los clientes, fundamentalmente jóvenes de menos de 30 años, por foros exclusivos y con acceso restringido.

Los investigadores destacan que dos de estas web tenían reputación mundial en el mundillo del de tráfico ilegal de drogas, desde las cuales se animaba a los clientes a pagar el producto con transferencias de criptomonedas, principalmente bitcoin.

Para convertir esos beneficios en dinero efectivo, los investigados utilizaban el tradicional sistema de la Hawala, a través de distintos intermediarios con otras organizaciones criminales, llegando a hacer transacciones de hasta 700.000 euros, dinero que posteriormente era depositado en cajas fuertes de empresas.