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El Gobierno foral estudia recurrir en casación la anulación del reglamento de jornadas y retribuciones de Policía Foral

EP - Viernes, 29 de Junio de 2018 - Actualizado a las 14:13h

PAMPLONA. El Gobierno de Navarra estudia recurrir en casación las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) que anulan el Decreto Foral por el que se aprobó en 2016 el reglamento de jornadas y retribuciones de la Policía Foral que había sido impugnado por 25 altos mandos del cuerpo autonómico, así como por al menos dos sindicatos.

En un comunicado, el Ejecutivo foral ha remarcado que al tomar posesión se encontró con la ley foral 15/2015, de modificación de la ley de las Policías de Navarra, que "obligaba al Gobierno a aprobar un reglamento de jornadas y retribuciones en su desarrollo antes del 1 de enero de 2016".

Según ha expuesto, "en consideración de que el Gobierno anterior de UPN no había realizado actuación de ninguna clase, así como en consideración de la necesidad de realizar un estudio de valoración de puestos de trabajo previo al Decreto Foral de jornadas y retribuciones", en el otoño de 2015 el Gobierno remitió al Parlamento un proyecto de ley foral "a los efectos de que el plazo para aprobar el reglamento se pospusiese a abril de 2017, haciéndolo coincidir con el que la propia ley foral 15/2015 había dispuesto para que el Gobierno elevase al Parlamento un proyecto de ley regulador de las Policías Locales".

Sin embargo, ha subrayado el Ejecutivo, "el Parlamento foral consideró dicho plazo excesivo y mediante ley foral dispuso que el Decreto Foral de jornadas y retribuciones debía entrar en vigor como fecha límite el 1 de octubre de 2016".

Así las cosas, ha agregado, "desde el Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia se dispusieron inmediatamente los medios para conformar el grupo de trabajo que realizara el estudio de valoración de puestos de trabajo, grupo de trabajo que estuvo integrado por funcionarios públicos adscritos a Policía Foral, a Función Pública, al Instituto Navarro de Administración Pública y al Servicio de Organización de la Dirección General de Informática, Telecomunicaciones e Innovación Pública".

"Finalizado el trabajo que fue coordinado desde la Secretaría General Técnica del Departamento y ya en verano de 2016 se mantuvieron varias reuniones con el personal de Policía Foral, tanto directamente como a través de su representación sindical", ha asegurado el Ejecutivo.

En este sentido, ha indicado que "se celebraron varias reuniones de la Mesa Sectorial de Policía Foral cuyos representantes conocieron de primera mano tanto el texto inicial del anteproyecto de Decreto Foral de jornadas y retribuciones, como el texto definitivo sometido a negociación sindical previamente a su aprobación".

De hecho, ha asegurado el Ejecutivo foral, "desde la Dirección del Servicio de Régimen Jurídico de Interior, como desde la propia Secretaría General Técnica del Departamento, se les tuvo puntualmente informados de las diversas fases del procedimiento que culminó con el Decreto Foral que ahora la Sala de lo Contencioso declara nulo de pleno derecho en las tres sentencias notificadas hoy, y ello a pesar de que el Consejo de Navarra dictaminó su conformidad al ordenamiento jurídico".

Según han expuesto desde el Gobierno foral, "el motivo de nulidad de pleno derecho, según la Sala de lo Contencioso, es por haberse reducido de 15 a 10 días el plazo de audiencia a que obliga el artículo 60 de la ley foral del Gobierno de Navarra y de su Presidente, respecto a la elaboración de las disposiciones reglamentarias, y ello a pesar de que como se alegara desde la Asesoría Jurídica del Gobierno en los procedimientos, dicho plazo de audiencia debe ser adecuado a la naturaleza de la disposición, que la jurisprudencia obliga a una valoración individualizada de los trámites, sin que la reducción de algunos de ellos pueda determinar la nulidad de pleno derecho".

A este respecto, el Ejecutivo ha agregado que "en el plazo de 10 días concedido presentaron alegaciones diversas organizaciones sindicales y entre ellas las propias recurrentes, alegaciones que fueron respondidas y por cierto en buena parte admitidas". Además, ha asegurado que "el plazo que tuvieron para formular dichas alegaciones fue mucho mayor que el de 15 días pues se les envió antes del trámite de audiencia el estudio de valoración de puestos de trabajo y se les tuvo informados como se ha dicho de los trámites que se estaban siguiendo".

Por ello, el Gobierno de Navarra "discrepa" de la argumentación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y valora la posibilidad de recurrir las citadas sentencias en el plazo de 30 días.

CARÁCTER TEMPORAL DEL DECRETO FORAL

La consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno foral, María José Beaumont, ha remarcado que el Decreto Foral de jornadas y retribuciones "únicamente debía tener un carácter temporal, en cuanto que por virtud del proyecto de ley foral de las Policías de Navarra que el Gobierno remitió al Parlamento el día 12 de abril de 2017, se estableció un nuevo régimen retributivo que habría de ser posteriormente desarrollado mediante otro Decreto Foral".

"Ello no ha sido posible al día de hoy pues el Parlamento devolvió el proyecto de ley al Gobierno, estando pendiente de materializarse la presentación de una proposición de ley foral que, con base en el proyecto de ley Gobierno e incluyendo el resultado de las negociaciones con la representación sindical y avalado por el referéndum celebrado en diciembre de 2017 entre el personal de la Policía Foral, pueda llegar a culminar en una nueva ley foral que derogue la ley 15/2015 tan problemática en su aplicación", ha concluido.