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Navarra comparte con Sanidad los principios para recuperar la universalidad

El acuerdo, en vincular el derecho a la asistencia con el concepto de ciudadanía
El Ministerio propone como requisitos que el inmigrante lleve al menos 90 días empadronado o acredite vulnerabilidad

Viernes, 29 de Junio de 2018 - Actualizado a las 06:02h

Carmen Montón (centro) posa junto a los consejeros en su primer Consejo Interterritorial de Salud como ministra de Sanidad.

Carmen Montón (centro) posa junto a los consejeros en su primer Consejo Interterritorial de Salud como ministra de Sanidad. (EFE)

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Carmen Montón (centro) posa junto a los consejeros en su primer Consejo Interterritorial de Salud como ministra de Sanidad.

Pamplona- El Gobierno de Navarra comparte los principios del nuevo Ministerio de Sanidad para recuperar la sanidad universal, según indicaron ayer desde el departamento de Salud, refiriéndose principalmente al hecho de que la cobertura sanitaria se desligue del concepto de asegurado y se reoriente a la condición de ciudadanía. No obstante, esperarán a tener el borrador de la propuesta, como se comprometió a enviar el Ministerio, para valorar la misma en detalle.

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, propuso a las comunidades autónomas “modificar” el real decreto 16/2012 de reforma sanitaria aprobado por el PP, que retiró la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, para ligar la asistencia sanitaria al concepto de ciudadanía. Por su parte, el consejero de Salud del Gobierno foral, Fernando Domínguez, pidió que “el nuevo marco legislativo vincule directamente el derecho a la asistencia sanitaria con el concepto de ciudadanía”, pero también que “establezca un criterio asistencial homogéneo para todas las comunidades y que garantice la cobertura sanitaria de la forma más adecuada, para evitar los casos de inequidad que se producen tanto en el acceso a la asistencia como en la prestación farmacéutica”.

Llevar un mínimo de 90 días empadronado en el Estado o acreditar una situación de vulnerabilidad mediante un informe social son las condiciones que tendrán que cumplir los inmigrantes en situación irregular para acceder a la sanidad pública en igualdad de condiciones. Esta fue la propuesta que presentó la ministra a las comunidades y que se plasmará en un real decreto para modificar la reforma sanitaria aprobada en 2012 por el PP, que retiró la tarjeta sanitaria a unas 840.000 personas.

Montón quiso que su primer Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud como ministra estuviera dedicado exclusivamente a recuperar la universalidad de la sanidad pública, reunión que fue criticada por los consejeros del PP al considerarla “demagógica” por ser una cuestión que habían resuelto las comunidades.

Con los dos requisitos mencionados, Sanidad quiere garantizar que no haya “ningún abuso” y que ningún ciudadano que lo necesite quede desatendido. En la rueda de prensa posterior a la reunión, la ministra admitió que tras la reforma del PP las comunidades buscaron soluciones para atender a estas personas, pero de una manera “no armónica y desigual”, por lo que consideró que ahora es el momento de “dar un paso adelante y construir de manera unitaria”.

La reforma planteada por Sanidad trata de recuperar el derecho a la protección de la salud para este colectivo “en las mismas condiciones que las personas de nacionalidad española”, vinculándolo al concepto de ciudadanía, mientras que desliga la atención sanitaria del concepto de asegurado, como establecía la reforma de 2012.

impulso foralDomínguez, que fue precisamente el que impulsó el diálogo en el anterior pleno del Consejo Interterritorial para revertir una situación “injusta”, defendió en Madrid la tramitación “urgente de una nueva normativa que garantice la cobertura sanitaria universal para toda la ciudadanía”, bien mediante la modificación del real decreto en vigor o con la aprobación de uno nuevo.

En la sesión, según informó también el departamento, se constató “el acuerdo general de todas las comunidades autónomas para buscar un procedimiento homogéneo que ofrezca seguridad jurídica al proceso de universalización de la salud”. Asimismo, acordaron “implantar las cautelas necesarias para que no se produzcan abusos al amparo de la cobertura sanitaria universal, como por ejemplo a través del llamado turismo sanitario”.

Con la recuperación de la universalidad sanitaria, el Gobierno de Sánchez hace suya una iniciativa que Navarra ha defendido desde su origen, ya que fue en 2013, a iniciativa de los grupos entonces en la oposición al Gobierno de UPN, cuando el Parlamento aprobó una ley foral para garantizar la atención sanitaria universal y gratuita a todas las personas, incluidas aquellas migrantes que se encuentran en situación administrativa irregular. Esta norma foral fue recurrida por el Estado al Tribunal Constitucional a instancias del PP, tribunal que falló en contra de la pretensión foral el pasado mes de febrero. Una situación que no ha impedido que Navarra haya garantizado la atención a las personas inmigrantes con medidas vinculadas a ayudas de servicios sociales y sanitarios y haya liderado un movimiento interautonómico en este sentido. - M.P.M. / Agencias

Apuntes

PSOE: cuestión de “voluntad política”. Los consejeros socialistas celebraron la recuperación de la sanidad universal y coincidieron en que es un tema de “voluntad política” y no económico, ya que, a su juicio, la exclusión de los sin papeles no ha supuesto ningún ahorro. La ministra, por su parte, recordó que distintos organismos internacionales constatan que la asistencia sanitaria a través de la Atención Primaria es “menos gravosa” que la que se realiza a través de los servicios de urgencias.

PP critica la ausencia de memoria económica. Las comunidades gobernadas por el PP criticaron la ausencia de una memoria económica, porque, según sus estimaciones, volver a atender a los inmigrantes en situación irregular tendría un coste de 1.200 millones de euros. Todos ellos coincidieron en que no era necesaria la modificación, ya que la asistencia sanitaria a este colectivo ya está garantizada de “una u otra forma” por las distintas comunidades.

“Ideas básicas”. Carmen Montón dijo que de esta reunión salieron con unas “ideas básicas” para llevar adelante la norma y que propondrá la creación de una Comisión Mixta para hacer seguimiento de su implementación.

Lo antes “posible”. La ministra confió en poder aprobar el real decreto “lo más rápidamente posible” y dijo que quedaría derogado automáticamente lo anterior, en referencia a las medidas puestas en marcha por las CCAA.