Mesa de Redacción

Fin a una excepcionalidad injusta

Por Joseba Santamaria - Sábado, 30 de Junio de 2018 - Actualizado a las 06:02h

una amplia mayoría política del Parlamento de Navarra aprobó el jueves una moción que reclama el fin de las políticas penitenciarias excepcionales y el acercamiento de los presos navarros a cárceles próximas a sus domicilios, la aplicación de los grados y la excarcelación de quienes padecen enfermedades graves. Los votos de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, I-E y también en esta ocasión los del PSN avalaron un posicionamiento histórico, no por nuevo -la Cámara ya había reclamado el fin de la dispersión carcelaria en otras ocasiones-, sino por avanzar en la suma de posiciones políticas a un consenso democrático básico en esta cuestión. Una demanda a la que hoy se sumarán los sindicatos navarros también con una imagen de acuerdo histórica. Que UPN y PP se hayan quedado solos en la defensa de sus posiciones más intransigentes sólo es otro ejemplo del creciente alejamiento de sus posiciones políticas de la mayoría de la sociedad navarra y de lo anquilosado en el pasado de su discurso. El acercamiento de los presos y presas cumple la legalidad penitenciaria y el espíritu constitucional y no supone ni cesión, ni precio alguno. A mediados de los 90, hace ya 25 años, Gesto por la Paz de Euskal Herria hizo público su compromiso con esta demanda argumentando, entre cuestiones técnicas y jurídicas, razones éticas y humanistas, el espíritu y la letra de la ley y denunciando que era un castigo añadido a presos y familiares. Hablar de concesión es una mentira más de las muchas que adornan los exaltados exabruptos de UPN y PP. De hecho, ya antes gobiernos del PP han aplicado medidas de acercamiento de presos, lo hizo Aznar y ahora lo estaba haciendo Rajoy y posiblemente antes que después hubiera adoptado posiciones similares a las que ahora impulsa el Gobierno de Sánchez, e igualmente UPN -Sanz, sin ir más lejos, siendo presidente de Navarra- se ha posicionado a favor de poner fin a la dispersión. Incluso en momentos en que ETA seguía en activo. La decisión del Gobierno de Sánchez pondrá fin a una excepcionalidad más que cuestionable legal y constitucionalmente que ha costado la vida en accidentes de carretera a 16 personas, familiares y personas cercanas a los presos, que no habían cometido delito alguno. Eso también es un daño injusto, en este caso responsabilidad del Estado.