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El TSJN anula el régimen de retribuciones y jornada de la Ley de Policías de 2015 y el Gobierno recurrirá

Las sentencias entienden que el plazo para alegar fue menor al legal y no entra en el fondo del reglamento

Sábado, 30 de Junio de 2018 - Actualizado a las 06:02h

Agentes en la fiesta de la Policía Foral de este pasado mes de febrero.

Agentes en la fiesta de la Policía Foral de este pasado mes de febrero. (PATXI CASCANTE)

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Agentes en la fiesta de la Policía Foral de este pasado mes de febrero.

Pamplona- El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha anulado el Decreto Foral por el que se aprobó en 2016 el reglamento de jornadas y retribuciones de la Policía Foral que había sido impugnado por 25 altos mandos del cuerpo autonómico, así como por los sindicatos APF y SPF y por varios subinspectores, cabos y policías. Sin embargo, el Gobierno foral va a recurrir dichas sentencias al no compartir los argumentos esgrimidos por la Sala, que únicamente desecha el reglamento por un asunto de forma, al no haberse respetado el plazo legal de audiencia que según el TSJN para un asunto como este debía ser de 15 días, en lugar de los diez que se otorgaron. El recurso del Gobierno, para el que tiene 30 días y por tanto no será recibido por los recurrentes para su impugnación hasta septiembre, impedirá también que las sentencias puedan ejecutarse puesto que todavía no son firmes. Así, por tanto, ni aquellos policías que vieron mermadas sus retribuciones ni los que, al contrario, subieron su salario, verán modificado por el momento su régimen actual, pese a que el TSJN dictamina que tienen que volver a la situación anterior a la ley, y tampoco afectará a la jornada laboral.

Los recurrentes, que ostentan los cargos de comisario principal, comisario o inspector, alegaban haber sufrido una discriminación salarial como consecuencia de la aplicación del nuevo régimen retributivo, que se cifraba en un 6,22% para los comisarios principales, 9,35% para los comisarios y 12,26 o 14,26%, según los casos, para los inspectores. Al respecto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN explica que “la situación jurídica de los demandantes es, en consecuencia, la misma en la que se encontraban en el momento inmediatamente anterior a su entrada en vigor debiendo sujetarse en todos sus aspectos (también el de retribuciones) a la normativa precedente”.

En tres sentencias, que solo pueden ser recurridas por motivos casacionales, la Sala de lo Contencioso estima el primer motivo de nulidad, por infracción de las normas esenciales de procedimiento, por “vulneración del principio de audiencia”. Según establece la Ley Foral 14/2004, el plazo de audiencia a los interesados para formular alegaciones deberá ser el adecuado a la naturaleza de la disposición, y no inferior a quince días hábiles. En el presente procedimiento, a las representaciones sindicales se les otorgó un plazo de 10 días hábiles para formular alegaciones, inferior al legalmente previsto y notoriamente insuficiente dado el objeto respecto al que habían de alegar, y ello sin motivación alguna, según los fallos.

EL CONSEJO DE NAVARRA LO APROBÓEl Ejecutivo no comparte la sentencia y recuerda que el Consejo de Navarra dictaminó la conformidad del reglamento al ordenamiento jurídico. Además, el Gobierno foral entiende que el plazo de audiencia concedido “debe ser adecuado a la naturaleza de la disposición, que la jurisprudencia obliga a una valoración individualizada de los trámites, sin que la reducción de algunos de ellos pueda determinar la nulidad de pleno derecho”. Así, añade el Ejecutivo que en el plazo de 10 días “presentaron alegaciones diversas organizaciones sindicales y entre ellas las propias recurrentes, alegaciones respondidas y algunas admitidas”. Además, afirmó que “el plazo que tuvieron para formular dichas alegaciones fue mayor que el de 15 días pues se les envió antes del trámite de audiencia el estudio de valoración de puestos de trabajo”.

La consejera de Presidencia, Función Público, Interior y Justicia del Gobierno foral, María José Beaumont, remarcó que el Decreto Foral de jornadas y retribuciones “únicamente debía tener un carácter temporal” puesto que el proyecto de Ley que envió el Gobierno al Parlamento en abril de 2017 establecía otro régimen retributivo. “Ello no ha sido posible pues el Parlamento devolvió el proyecto de ley al Gobierno, estando pendiente de materializarse la presentación de una proposición de ley foral que, con base en el proyecto de ley Gobierno e incluyendo el resultado de las negociaciones con la representación sindical y avalado por el referéndum celebrado en diciembre de 2017 en la Policía Foral, pueda llegar a culminar en una nueva ley foral que derogue la Ley 15/2015 tan problemática en su aplicación”, concluyó.

reaccionesEl secretario de APF y presidente de la comisión de personal de la Policía Foral, Santi Arraiza, manifestó ayer que esta sentencia deja a la organización en un “momento crítico” y por ello “debe aprobarse cuanto antes una nueva ley”, porque la Ley 2015 “no se puede mantener con tantos problemas. No puede tener más recorrido”. Por su parte, Sayas (UPN) afirmó que la anulación del reglamento “deja a Beaumont en una situación insostenible y supone un nuevo varapalo a la gestión que está realizando en Interior, basada en la imposición constante y la falta de diálogo”. El sindicato CCOO agregó que la causa de nulidad de la sentencia se origina por “una mala praxis” en el departamento de Beaumont y reclamó la dimisión de toda la cúpula de Interior. - E.C.

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