El problema es el Concordato, señores

Domingo, 1 de Julio de 2018 - Actualizado a las 06:02h

el motivo de este artículo es debate pasado suscitado por la disminución de las horas dedicadas a la enseñanza de la religión en el currículum escolar.

Hay que indicar que no es ese el problema de fondo que afecta a la enseñanza de la religión en las instituciones públicas. Aumentar o disminuir horas de docencia es cuestión colateral. Quienes ejercen como profesores de esa asignatura, es lógico que vivan dicha reducción con angustia. Su situación laboral está en juego. Pero la cuestión clave no es esa, sino saber si el Estado aconfesional debe permitir que en sus establecimientos públicos siga impartiéndose dicha asignatura. A cargo del erario y con profesorado impuesto por la Iglesia católica.

El profesorado que defiende su puesto de trabajo como contratados laborales, no son funcionarios, se escuda en razonamientos que escapan a planteamientos laborales. Sostendrán, incluso, que la reducción de dicho horario es consecuencia de una política partidista, lo que evidenciaría un posicionamiento ideológico torticero que ellos solo ven en los demás. De hecho, Geroa Bai votaría a favor de mantener las dos hora de religión de enseñanza.

La defensa que hacen de la enseñanza de la religión en las instituciones públicas la basan en diversas fantasmagorías. Vienen a decir que quienes reciben clases de religión adquieren un plus de humanidad, de democracia y de bondad que los hace ciudadanos de primera categoría universal. Olvidan que creer o no creer en Dios, en Habermas o en Kant, no nos priva de ser unos desalmados. Ahí tienen a los miembros de La Manada. Todos creyentes y con escapulario en el pecho.

El mundo sin la enseñanza de la religión sería un caos y la educación del niño un desastre, pues se les privaría de “los aprendizajes más importantes de su vida” (sic). Dirán, también, que la finalidad de sus catequesis es “anclar aprendizajes transversales” que lleven a los niños a “aprendizajes finales”, concretados en “la paz, el amor, la justicia, la igualdad”. ¿Y el amor a Dios?

Aseguran que la asignatura “religión y valores sociales cívicos” aporta un “momento especial para hablar con profundidad desde lo divino y lo humano” y en este contexto teresiano “el alumnado buscará y encontrará su identidad, la que reside en el hecho de ser personas y en la ética que nos une, que es la de los derechos humanos”. ¿Y Dios? Sigue sin aparecer.

En otro orden de análisis, este profesorado apela a la intervención política a pesar de aborrecerla, sobre todo, cuando los planteamientos de aquella no le son favorables. Y, nuevamente, apelan a la sabiduría tautológica de Pero Grullo, y así dirán que la asignatura de la religión se debe “al derecho que tienen las familias a la educación de sus hijos, no a una concesión por parte del Estado”. Sin duda. Las familias tienen derecho a educar a sus hijos como les dé la realísima gana, pero deberían considerar que es el Estado quien establece si la enseñanza religiosa se ha de impartir en las instituciones públicas, una decisión que ni debería plantearse tratándose de un Estado aconfesional.

El apartado 3 del artículo 27 de la Constitución española reconoce ese derecho a la familia al señalar que “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Pero en ningún momento se dice que el Estado tenga la obligación de que dicha formación religiosa y moral se imparta en sus establecimientos públicos ni a su costa, menos aún al dictado de ninguna Iglesia.

Por eso sorprende que el portavoz del Gobierno foral de Navarra sostuviera idéntico planteamiento, añadiendo que “para avanzar hacia un sistema educativo laico resulta imprescindible emprender, en primer lugar, una reforma constitucional que permita no impartir en el futuro religión confesional en el currículo escolar”.

Aclarémonos. La Constitución en su artículo 16.3 afirma: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”. Esta declaración bastaría para que la enseñanza de la religión en la escuela fuera eliminada. Bien sabemos que, a la vista del nulo caso que hacen los políticos de dicha aconfesionalidad, hay que convenir que, en la práctica, no tiene ningún efecto pragmático y protocolario.

La declaración de esta aconfesionalidad hace agua desde el momento en que, a continuación, se afirma que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.

Pero, más que relaciones de cooperación, son de sometimiento genuflexo de las instituciones públicas a las exigencias perentorias de la Iglesia.

Nadie puede olvidar que estas relaciones de cooperación se articulan siguiendo los acuerdos del Gobierno español con la Santa Sede, el llamado Concordato. No se precisa, pues, una reforma constitucional, sino una derogación absoluta de los compromisos del Estado marcados por el Concordato. Mientras exista esa espada de Damocles en las relaciones Iglesia y Estado, esa cooperación estará supeditada a dicho Concordato y dictada por las creencias religiosas de quienes están al frente de las instituciones públicas, que no han asumido las consecuencias prácticas que tiene ser coherente con la aconfesionalidad constitucional.

Quienes consideran que la enseñanza de la religión católica y musulmana proporciona al ser humano respuestas a la existencia sigan enseñándola si creen en ello, pero háganlo en la parroquia y en la mezquita, y que sean sus iglesias respectivas quienes les paguen por labor tan encomiable. Era lo que ya defendía Marsilio de Padua en su obra El defensor de la Paz, en el siglo XIV. Y Marsilio era cristiano creyente. No era ateo, ni anticlerical.

Firman este artículo: Víctor Moreno, Carlos Martínez, José Ramón Urtasun y Txema Aranaz Miembros del Ateneo Basilio Lacort