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Condenados a un año y 11 meses de cárcel dos ex altos cargos de Pujol

El juez dicta penas de hasta 7 años a los 11 implicados en tres pelotazos urbanísticos en Barcelona

Martes, 3 de Julio de 2018 - Actualizado a las 06:01h

Madrid- La Audiencia Nacional ha condenado a un año y once meses de cárcel al exconsejero de Economía de la Generalitat Macià Alavedra y al exsecretario de Presidencia Lluis Prenafeta, ambos hombres fuertes en el gobierno catalán de Jordi Pujol, por delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales tras cobrar comisiones ilegales a cambio de mediar en tres pelotazos urbanísticos en el área metropolitana de Barcelona.

Los dos ex altos cargos de la Generalitat, a los que se les impone multa de 3,2 millones de euros en el caso de Alavedra y de 5,8 millones en el caso de Prenafeta, evitarán entrar en la cárcel tras el acuerdo de conformidad alcanzado con la Fiscalía Anticorrupción, que les rebajó su petición de 6 a 2 años de prisión al reconocer al comienzo de la vista oral que habían percibido mordidas del 4% de cada operación;unos 800.000 euros cada uno.

La sentencia recoge además el “trato cordial y familiaridad” que mantenían los dos condenados con los expresidentes catalanes Jordi Pujol y Artur Mas, “a los que recurrían para que mediaran en diversos asuntos administrativos” de los que obtuvieron beneficios, de acuerdo con las grabaciones telefónicas que se convirtieron en la principal prueba de cargo durante la vista oral.

11 acusadosLa Sección Segunda de la Sala de lo Penal condena a los 11 acusados de la red imponiendo la pena más alta (siete años y un mes de cárcel y 14,1 millones de euros) al presunto cabecilla y exdiputado autonómico del PSC, Luis García Luigi, por tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho y falsedad en documento oficial. Anticorrupción pedía para él 13 años de cárcel y multa de 26 millones por su implicación en las tres operaciones de la trama Pretoria: Pallaresa, Niesma y Badalona.

Para Bartomeu Muñoz, exalcalde de Santa Coloma, el tribunal impone una pena de cinco años y 9 meses y multa de 3,4 millones de euros por la operación Pallaresa, aprobada por el Consistorio en el año 2001 para la creación de un centro comercial hoteles y viviendas. La modificación de los contratos iniciales ocho años después ocultaba una revalorización del terreno de la que se benefició las sociedades que consiguieron irregularmente la adjudicación. - E.P.