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Las víctimas de la mayor estafa piramidal no logran un acuerdo con el seguro e irán a juicio

La Audiencia dio un plazo para que los clientes del exasesor fiscal pamplonés Miguel Olagüe negociaran con la compañía y trataran de recuperar parte de lo invertido, pero la negociación ha sido imposible
La vista será en noviembre

Enrique Conde - Martes, 10 de Julio de 2018 - Actualizado a las 06:01h

Sala de vistas 102 del Palacio de Justicia donde se celebran los grandes juicios de Navarra.

Sala de vistas 102 del Palacio de Justicia donde se celebran los grandes juicios de Navarra. (JAVIER BERGASA)

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Sala de vistas 102 del Palacio de Justicia donde se celebran los grandes juicios de Navarra.

pamplona- El seguro no ha cedido y, por tanto, la mayor estafa piramidal cometida en Navarra se ha convertido en un entuerto imposible de solucionar sin juicio de por medio. Aun con la vista oral señalada para el 13 de noviembre y a lo largo de ocho sesiones en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra, los afectados no se encuentran muy esperanzados de poder recuperar el dinero que invirtieron en su día ante el asesor fiscal Miguel José Olagüe Roncal. A este hombre se le acusa de haber estafado en torno a 13 millones de euros a medio centenar de afectados, que depositaron su confianza y sus evidentes ahorros -muchos de ellos a espaldas de Hacienda, dinero negro puro y duro- con la expectativa de que iban a recibir intereses jugosos anualmente. Y de hecho, así los fueron recibiendo, hasta que la corriente se estancó y al no haber hallado nuevos inversores, Olagüe empezó a incumplir su obligación de devolver el dinero de sus clientes, a los que conocía desde hace años por sus labores de asesoría laboral y fiscal en Pamplona.

El caso es que el juicio pendiente por estos hechos podía haberse celebrado antes de la primavera, pero la Audiencia concedió un plazo para que las acusaciones trataran de negociar con la compañía de seguros Mapfre las posibilidades de llegar a un acuerdo. La razón oficial de la suspensión del juicio fue la agenda de algunos de los letrados que ejercen la acusación particular y que tenían causas prioritarias con presos o señalamientos previos anteriores a dicha vista que hicieron que se retrasara. Pero en realidad, el ánimo de las víctimas de la estafa pasaba por tratar de negociar con el seguro para recuperar el máximo dinero posible de lo que depositaron en su día en confianza de Miguel Olagüe, que se confiesa arruinado tras haber invertido su patrimonio en tratar de devolver los intereses a los inversores hasta que no consiguió más crédito. Llegados a este punto, la aseguradora ni siquiera ha querido sentarse a negociar con los afectados y lo fía todo a lo que dicte el tribunal en su resolución.

dos pólizasEl principal acusado (también sus hijas están siendo investigadas e irán a juicio) tenía contratadas al menos dos pólizas para su ejercicio profesional. Al seguro se le considera responsable civil subsidiario en esta causa y, en caso de condena, sería la única forma para la que los denunciantes pudieran recuperar parte de su inversión. Por ello, tratarán de alcanzar un acuerdo y que no sea necesaria la celebración del juicio. A todas luces, la pretensión está lejos aún de fructificar debido a la elevada cantidad que se reclama. Olagüe tenía contratadas dos pólizas en los años en los que ocurrieron los hechos. El primero de esos seguros era individual, se contrató al menos desde 2001 y estaba destinado a la cobertura de la responsabilidad civil profesional del contratante. También con Mapfre y desde 2005, Olagüe tenía contratada otra póliza como miembro de la Asociación Española de Expertos Contables. Cubría 300.000 euros.

QUEDÓ EN LIBERTADLa Sección Primera de la Audiencia decretó a finales del año pasado la puesta en libertad provisional, con el pasaporte retirado y la obligación de comparecer dos veces al mes en el juzgado del procesado. Según los informes periciales que obran en la causa, habría defraudado 12,9 millones de euros a un total de 50 perjudicados. Olagüe llevaba en prisión preventiva a la espera de juicio desde noviembre de 2015 y en diciembre de 2017 la Audiencia celebró una vista para analizar la puesta en libertad que había solicitado su defensa. La Fiscalía y la mayoría de las acusaciones particulares, salvo una, se opusieron a la adopción de dicha medida. Pero la Audiencia decidió que en este momento del proceso, tras haber pasado ya dos años en prisión provisional y que ya no concurre un potencial riesgo de fuga, la medida adecuada era su puesta en libertad con obligación de acudir al juzgado y prohibirle la salida del Estado español. La Sección Primera, en una resolución de la que fue ponente Begoña Argal y que firmaron Esther Erice y José Julián Huarte, recuerda que la prisión preventiva fue la medida adoptada en su momento teniendo en cuenta la gravedad tanto del delito indiciariamente perpetrado como de la pena que se le pudiera imponer al acusado. Se adoptaba esa medida para garantizar su presencia a disposición del tribunal.

MINORACIÓN DEL RIESGOPero, una vez que ya no se podía celebrar el juicio antes de que expirara el plazo de dos años en prisión preventiva (el límite temporal que fija la ley y que para prolongarlo es necesario que lo acuerde el tribunal), “lo que implica conforme a la doctrina constitucional que el riesgo de fuga se ha minimizado, ya no tiene la entidad o gravedad que determinó en su momento la adopción y mantenimiento de la prisión preventiva”. A ello, debe añadirse según la Audiencia, que “además del tiempo ya transcurrido, las circunstancias personales del acusado refuerzan dicha minoración del riesgo, teniendo en cuenta que lleva ya dos años en prisión preventiva, tiene 75 años, arraigo familiar, y la gravedad de la pena que se le puede imponer por razón del delito ya la conocía cuando se autoinculpó y estuvo en libertad durante un mes y medio sin que se sustrajera a la acción de la justicia.