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El presidente del TSJN duda de que sea constitucional vincular el delito sexual a un “sí” explícito

Galve rechaza que las víctimas sean consideradas víctimas de violencia de género

Viernes, 13 de Julio de 2018 - Actualizado a las 06:02h

Galve atiende a los medios de comunicación.

Galve atiende a los medios de comunicación. (Foto: Javier Bergasa)

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Galve atiende a los medios de comunicación.

pamplona- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Joaquín Galve, dudó ayer de la constitucionalidad de modificar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento para considerar un delito sexual todo lo que no sea un “sí” expreso.

“Desde el punto de vista práctico prefiero no opinar”, dijo Galve en declaraciones a los periodistas, tras asistir en el Colegio de Abogados al acto de celebración del Día de la Justicia Gratuita, y desde el jurídico, añadió, “tampoco, porque no cabe la menor duda de que según cual sea la redacción va a ir al Tribunal Constitucional”. En este sentido recordó que han sido distintos miembros de la judicatura y de la universidad los que ya han alertado de que “es dudosa la constitucionalidad, en relación con la presunción de inocencia, de esa matización que se quiere introducir” en la ley.

El presidente del TSJN mostró su desacuerdo también con la posibilidad de considerar a las víctimas de la agresión sexual como víctimas de violencia de género, comentada por la ministra de Justicia, ya que “son dos cosas totalmente distintas” aunque en algún caso concreto pueda haber alguna relación. “Si hay un denominador común necesario en la violencia de género es el conocimiento previo que existe entre el sujeto activo del delito y el sujeto pasivo”, comentó, y agregó que sin embargo “en las agresiones sexuales en muchas ocasiones son personas que no se conocen”.

Galve se refirió también a la queja planteada por 750 magistrados españoles ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos por la “presión social” al tribunal que condenó a los miembros de La Manada. Un escrito que él no ha suscrito porque discrepa de que el Consejo General del Poder Judicial haya hecho poco por los jueces, pero que sí comparte en lo que supone de denuncia de “determinadas manifestaciones de responsables políticos”. Incluso consideró que la expresión “linchamiento” que se utiliza en la queja “muy desencaminada no está” como “linchamiento mediático por lo menos a uno de los jueces”, el que discrepó del fallo en un voto particular. Al respecto defendió el derecho “a la crítica”, que según apuntó reciben “constantemente”, ya que le parece “lógico y muy bien que cada uno dé su opinión, pero otra cosa es recibir insultos y amenazas”.

Galve, que espera “lo antes posible” el auto que aclare si el guardia civil de La Manada quiso o no sacarse el pasaporte en una comisaría de Sevilla, deseó que sea “un pequeño problema y no un gran problema” el que se ha planteado al responsabilizar a la letrada de la Sección Segunda de la filtración de datos de la víctima. - Efe