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El presidente del tribunal insiste en la gravedad del delito y defiende la prisión de los cinco condenados

Jueves, 19 de Julio de 2018 - Actualizado a las 06:00h

pamplona- El magistrado discrepante con la puesta en libertad de La Manada, José Francisco Cobo Sáenz, presidente de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, insiste en la “gravedad” del delito y defiende que la prisión provisional constituye, “pese a su excepcionalidad, un medio constitucional indispensable para posibilitar la administración de justicia”.

En su voto particular, al igual que hizo contra el auto que dejó en libertad a los condenados, Cobo incide en “las características y gravedad del delito” y argumenta que “ponderando las circunstancias del caso y las personales de los procesados” es “razonable y proporcionado” prorrogar la prisión.

Para el presidente de la Sala, es “indiscutible la gravedad del delito, expresada en el contenido de la pena impuesta, la afectación a bienes jurídicos especialmente relevantes como lo es en este caso la libertad e indemnidad sexual, en el marco en que se produjeron los hechos delictuales” por los que establecieron la condena.

Añade que puede constatar “diversas realidades que no avalan la decisión favorable” a la excarcelación de los acusados y, en concreto, se refiere a argumentos como “la estabilidad domiciliaria de los procesados, la disponibilidad de medios para poder desarrollar su vida o la integración en su contexto familiar y convivencial extenso”. Esto “no permite conjurar eficazmente el riesgo de que los procesados se sustraigan a la acción de la justicia” y también considera que “las medidas a tal efecto propuestas en la decisión mayoritaria, se pueden revelar ineficaces, al fin para cuya prosecución están diseñadas”.

Abundando en lo que argumentó en su anterior voto particular y tras exponer que “la prisión provisional constituye, pese a su excepcionalidad, un medio constitucional indispensable” para posibilitar la administración de justicia penal”, afirma que “se justifica, principalmente, por la necesidad de asegurar el proceso y el cumplimiento de lo dispuesto en él”.

El magistrado se refiere a la protección de la víctima, “otra de las finalidades a las que ha de atender la realización efectiva de la justicia penal” y considera que las medidas establecidas, “pueden resultar ineficaces, para la consecución del designio propuesto”. “Con el mantenimiento de la medida cautelar personal de prisión provisional incondicional, no se están persiguiendo finalidades ciertamente proscritas de anticipación de ejecución de la pena privativa de libertad;sino que mediante la misma se procura la obtención de las finalidades constitucionalmente legítimas que amparan dicha prórroga”, agrega en su voto particular. - E.P.