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Las costas judiciales por pleitos de legislaturas anteriores de UPN superaron los 790.000 euros

Los gastos más gravosos derivan de fallos contra recursos de malas adjudicaciones
La Ciudad del Transporte o la autovía a Jaca destacan como litigios perdidos

Lunes, 23 de Julio de 2018 - Actualizado a las 06:01h

El pleito por la indemnización de los terrenos de la Ciudad del Transporte (en la imagen) se dilata desde el año 2008 y se falló en contra del Gobierno de Navarra.

El pleito por la indemnización de los terrenos de la Ciudad del Transporte (en la imagen) se dilata desde el año 2008 y se falló en contra del Gobierno de Navarra. (JAVIER BERGASA)

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El pleito por la indemnización de los terrenos de la Ciudad del Transporte (en la imagen) se dilata desde el año 2008 y se falló en contra del Gobierno de Navarra.

pamplona- El Gobierno de Navarra, a través de su Asesoría Jurídica, destinó 790.161,44 euros a pagar las costas de diferentes procesos judiciales en su propia defensa o en mantener pleitos exclusivamente heredados de legislaturas anteriores de UPN. Esta es la cuantía que las arcas forales tuvieron que depositar desde el 1 de enero hasta el 7 de junio de 2018 por los litigios en los que el Gobierno de Navarra intervino en defensa y representación de la Comunidad Foral en diferentes procedimientos que quedaron pendientes de resolución al inicio de esta legislatura. Así informó el propio servicio jurídico a una pregunta formulada por el parlamentario foral de EH Bildu, Maiorga Ramirez, a la consejera de Presidencia y Función Pública.

Es habitual que la Administración actúe en su defensa en litigios comunes frente a licitaciones, recursos administrativos o incidentes más graves como pacientes afectados por una negligencia médica o accidentes causados por el mal estado de instalaciones o infraestructuras públicas, por ejemplo. Es ahí cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra resuelve en contra de la propia Comunidad Foral.

empecinamiento Pero, en muchos otros casos, el desembolso por estas querellas y causas responde al empecinamiento de la propia Administración, el Gobierno o las diferentes instituciones o incluso fuerzas parlamentarias en mantener pugnas judiciales que tienen que ver más con la pelea política que con la lógica de los tribunales.

Pese a los continuos cuestionamientos sobre las costas que han originado al bolsillo de la ciudadanía navarra sentencias condenatorias de esta legislatura como exhibir la bandera republicana en la fachada del Parlamento de Navarra el pasado 14 de abril -al estimar el recurso presentado por la Abogacía del Estado- o las costas de 8.000 euros al Ayuntamiento de Pamplona por colocar la ikurriña en el mástil de su balcón, en realidad los pagos más onerosos y gravosos han sido aquellos heredados de los errores de adjudicación, planificación o interpelación en grandes obras, infraestructuras o procesos empresariales.

desde el año 2008Uno de los ejemplos más claros es el sistemático rechazo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra a todos los recursos de casación que presentó el Gobierno de Navarra a la indemnización de 48,3 millones a los propietarios de los terrenos de la Ciudad del Transporte: un pleito que el Ejecutivo foral lleva arrastrando desde el año 2008 y que cuyo último recurso fue presentado por UPN en marzo de 2015 que fue desestimado y que sentó sentencia firme el pasado enero de 2017. A este ejemplo se le suma las frustradas intentonas de los anteriores gobiernos de Navarra liderados por UPN de revertir el error en la configuración del contrato concesional de la A-21 (autovía a Jaca), que añadía 676 metros virtuales inexistentes, proyectados y contratados pero que nunca hicieron falta. Este error, que fue llevado por las empresas concesionarias a juicio -y supuso un sobrecoste de 60.000 euros al año durante las próximas tres décadas (un total de 2,4 millones de euros)-, fue también otro largo proceso judicial, dilatado en el tiempo y finalmente perdido en los tribunales en contra de la propia Administración foral.

También se han producido enconamientos políticos en sentencias relacionadas como los pleitos que mantuvieron entre 2014 y 2015 el Sindicato Médico y el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. U otros litigios de índole más política, como el último recurso que el actual líder de UPN, José Javier Esparza, y entonces consejero de Desarrollo Rural en funciones interpuso en marzo de 2015 ante en Tribunal Constitucional para recurrir el ERE de Gestión Ambiental de Navarra SA (Ganasa), pese a que ya había una sentencia del Tribunal Supremo que anulaba el expediente de regulación de empleo y la empresa estaba ya readmitiendo a los 33 despedidos. Un proceso que ya había costado un millón de euros a las arcas públicas y que Javier Esparza se empeñó en proseguir por la vía judicial. Finalmente fue el nuevo Gobierno de Uxue Barkos el que asumió la responsabilidad de retirar ese recurso antes de que el proceso que ya se había resuelto se prolongase sin sentido.- D. Burgui