El Gobierno aprueba el plan contra la explotación laboral

Dotará con 30 millones más a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para luchar contra el fraude laboral y fiscal

Sábado, 28 de Julio de 2018 - Actualizado a las 06:01h

Madrid- El Gobierno dotará con 30 millones de euros más a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social hasta 2020 (15 en 2019 y 15 en 2020) para luchar contra el fraude laboral y fiscal, para lo que también incrementará su plantilla con 833 nuevos inspectores y subinspectores.

Así lo anunció ayer la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, en la rueda de prensa posterior el Consejo de Ministros, que ha aprobado el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020 que incluye una mayor dotación económica que representa un aumento del 10% del presupuesto de la Inspección de Trabajo.

El Plan también incluye una mayor dotación de personal, que la ministra calificó de “inversión y no de gasto”, y que incrementará la plantilla total de la Inspección de Trabajo un 23%, hasta los 2.709 funcionarios.

La Inspección de Trabajo cuenta en la actualidad con 1.876 inspectores y subinspectores, que llevaron a cabo más de un millón de actuaciones el año pasado, en las que afloraron dos millones de puestos de trabajo irregulares y recaudaron 1.215 millones de euros. El plan, que comprende 75 medidas y dos actuaciones de choque, tiene como objetivos “recuperar los derechos laborales perdidos o no aplicados” durante la crisis, crear empleo de mayor calidad y combatir el fraude laboral que da lugar a competencia desleal entre las empresas. En concreto, una de las actuaciones tratará de atajar el fraude en la contratación temporal y, la otra, la utilización irregular de la contratación a tiempo parcial, con el fin de conseguir la regularización de situaciones fraudulentas detectadas. Entre las medidas que contempla, destaca el endurecimiento de las sanciones para que el empresario que contrate en fraude de ley sea penalizado por cada uno de los trabajadores afectados y no por el total, ha explicado la ministra. Aunque las medidas serán implementadas en el corto y medio plazo, ambos planes disponen de acciones inmediatas en sus ámbitos de actuación, que comienza el 1 de agosto hasta el 31 de diciembre. No obstante, el Plan no soluciona la precariedad y la explotación laboral, por lo que “es necesario”, precisó la ministra, “adoptar reformas normativas”. - Efe

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