Editorial de diario de noticias

Otra controvertida decisión judicial

La anulación de la ley foral de víctimas de abusos policiales se produce con cuatro votos discrepantes y coincide con el anuncio de que el Gobierno español retirará el recurso contra la similar ley aprobada en la CAV

Lunes, 30 de Julio de 2018 - Actualizado a las 06:01h

la decisión del Tribunal Constitucional de anular la práctica totalidad de los artículos de la ley foral de reconocimiento y reparación de las víctimas de motivación política provocadas por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos supone, además del enésimo golpe al autogobierno de Navarra, otra controvertida decisión judicial en la Comunidad Foral, que mayoritariamente ya ha manifestado su descontento con las sentencias del caso Altsasu y de La Manada. En esta ocasión, el fallo del alto tribunal se produce con los votos discrepantes de cuatro de los doce magistrados que integran el pleno, varios de los cuales cuestionan que la norma pretenda suplantar al Poder Judicial -como se dice en la resolución- y defienden el derecho de las administraciones a resarcir a las víctimas fuera del proceso penal, como ya se hace con las víctimas de ETA. Esta sentencia es además un duro golpe a las víctimas de estos actos terroristas y abusos policiales que va a suponer una vulneración de su legítimo derecho al reconocimiento y la reparación como damnificados. Conviene no pasar por alto que esta decisión es fruto del recurso presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy contra la ley foral, en un intento por evitar la realidad de la existencia durante décadas de una violencia proveniente de grupos de extrema derecha y parapoliciales y de excesos y vulneraciones de los derechos humanos cometidos por funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es, en este sentido, un fallo derivado de una política del pasado basada en la confrontación y la negación y en un intento por imponer un relato único y uniforme sobre la violencia en nuestro país. La resolución del TC considera que la ley invade competencias del Poder Judicial y que busca “fijar la verdad de lo sucedido”. El fallo, además, ha podido generar inquietud también sobre el futuro de la ley de abusos policiales aprobada en la CAV, que también fue recurrida por el Ejecutivo de Rajoy, si bien hay un acuerdo entre los gobiernos de Iñigo Urkullu y de Pedro Sánchez para retirar el recurso -lo que hará en el próximo Consejo de Ministros- tras unos retoques de la norma que no afectan a su núcleo central. Además, las leyes de Navarra y la CAV no son gemelas aunque mantienen el mismo objetivo de reconocer y reparar a los damnificados con la única finalidad que no sigan siendo víctimas de segunda.

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