Sobre las sentencias judiciales

Por Eduardo Santos - Lunes, 30 de Julio de 2018 - Actualizado a las 06:01h

mucho se ha escrito sobre la Sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra en relación al grave ataque contra la libertad sexual producido durante los Sanfermines de 2016. Sería difícil y pretencioso por nuestra parte tratar de añadir algo al torrente de opiniones, de diverso mérito, eso sí, que se han ido volcando por diferentes medios y que no obstante transmiten una impresión general de injusticia con respecto al fallo judicial. Los contornos entre la ciencia penal, la acción política, el firme convencimiento de que debe darse a todo el mundo un juicio justo con garantías, la oposición al inútil populismo punitivo, la firme convicción de que el mundo feminista tiene razón en un sentimiento de agravio histórico en la interpretación de leyes donde son las víctimas casi exclusivas (junto con los menores) son elementos que manejamos desde hace tiempo. Desde esa reflexión es desde la que tratamos de sintetizar algunas opiniones con relación a la inmensa polémica desatada, que como todas, tiene múltiples aristas y algunas desviaciones interesadas.

1º.- Creemos que las sentencias judiciales pueden y deben ser criticadas porque son la expresión pública de un reproche social a una conducta y como tal pueden ser contradichas o matizadas por el público en general. La expresión de las personas que nos manifestamos en la calle es válida, no puede ser desprestigiada como producto de “turbas” o movimientos antisistema. Detrás hay una indignación razonada. Decisiones tan incomprensibles como la libertad provisional de personas que han sido condenadas en primera instancia a 9 años de prisión sin que hayan cambiado las circunstancias y atendidos los parámetros en los que habitualmente se mueve la justicia generan distancia de la ciudadanía y rechazo, sobre todo en comparación con casos similares que la sociedad navarra tiene delante de sus ojos (caso Altsasu).

2º.- Los acusados fueron condenados a 9 años de prisión. Por tanto es una pena importante, por lo que no hay mensaje de impunidad. El sistema es perfectible, pero protege a las mujeres y a las víctimas de delitos contra la libertad sexual, en general y en abstracto. Una política criminal machista ofrece una falsa seguridad basada en el incremento del castigo, sin tener en cuenta la opinión ni la posición de la víctima, despreciándola en el proceso y olvidándola después. Es ese amigo que está en el bar y te dice que estés tranquila, que ya le va a dar una paliza al tipo que te ha tocado y lo soluciona. Entre la dicotomía de la justicia punitiva y la justicia restaurativa, que pone a la víctima y sus necesidades en el centro del proceso, optamos claramente por la segunda opción. Las mujeres son seres capaces de defenderse y de dar su opinión y consentimiento. Debe respetarse siempre. El Grupo Confederal de Unidos Podemos ha registrado una proposición de Ley Integral para combatir todas las violencias sexuales que pretende un abordaje social, no estrictamente punitivo de la problemática para combatir la cultura de la violación. Desde el ámbito estrictamente penal abogamos por acabar con la distinción entre abuso y agresión para evitar poner el acento en la existencia o no de intimidación o violencia y además abogamos por introducir un tipo autónomo para el castigo de hechos como el de La Manada, que dan lugar en la jurisprudencia a interpretaciones muy dispares.

3º.- Debe adaptarse la tipificación de los delitos a su función comunicativa. No se están pidiendo incrementos de penas;no servirían para nada. La sociedad entiende que toda penetración sin consentimiento debe ser considerada violación, se produzca mediante violencia, intimidación, abuso de superioridad, uso de fármacos, etc., que podrían ser, junto con otros, criterios de individualización de la pena. El código penal debe ser modificado para que el sistema penal pueda expresar el reproche social que la mayoría inmensa está exigiendo. Otra cosa es que la ciencia penal siempre deberá respetar la proporcionalidad en el castigo de las conductas en función de su gravedad, porque si no lo hace corremos el riesgo de nivelar y banalizar agresiones muy diferentes. De la prevención, de la educación, de los medios de comunicación, de la educación a través de la pornografía, de todo eso habrá que hablar también, sin moralinas pero poniendo los problemas sociales encima de la mesa. Esa es nuestra propuesta.

4º.- Hay que revisar la formación de juezas y jueces en materia de género y derechos humanos y hay que revisar el sistema de valoración de la prueba para que no se cuelen en esta los prejuicios del juzgador/a, especialmente proporcionando a los órganos judiciales la asistencia técnica necesaria en materia de ciencias del comportamiento. Las partidas destinadas a la formación necesaria a la judicatura y la fiscalía han sufrido un recorte notable en los actuales Presupuestos Generales del Estado. Debemos evitar actuaciones simplemente cosméticas al calor de la indignación, en concreto aquellas que sólo pretenden reconducir al punitivismo y que no elimina de por sí la aplicación de estereotipos de género a la interpretación de las leyes penales en contra de una sociedad que ha dicho que ya basta desde hace mucho tiempo.

El autor es diputado y portavoz de Justicia de Unidos Podemos en el Congreso