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El tribunal constitucional anula la ley foral de víctimas de violencia policial y de extrema derecha

Rechaza la creación de la Comisión de Reconocimiento y Reparación por estar al “margen del poder judicial”
4 de los 12 magistrados emiten votos particulares porque creen que la ley no “suplanta” a la justicia

Lunes, 30 de Julio de 2018 - Actualizado a las 06:01h

Acto en homenaje a víctimas de violencia ultra, promovido por el Gobierno foral, el Parlamento y entidades locales en 2017.

Acto en homenaje a víctimas de violencia ultra, promovido por el Gobierno foral, el Parlamento y entidades locales en 2017. (JAVIER BERGASA)

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Acto en homenaje a víctimas de violencia ultra, promovido por el Gobierno foral, el Parlamento y entidades locales en 2017.

pamplona- El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado el grueso de la ley foral de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, aprobada por los votos de I-E, PSN, Bildu, Aralar y Geroa Bai en el Parlamento en 2015.

Este fallo, que ha contado con votos particulares de cuatro de los doce magistrados del TC, se conoce días después de que el Gobierno de Sánchez anunciara la retirada del recurso contra una ley muy parecida en la CAV en el Consejo de Ministros, aunque finalmente no lo hizo el pasado viernes.

El Constitucional desaprueba de la ley foral 16/2015 crear una Comisión de Reconocimiento y Reparación porque, según dictamina el fallo, estaría llamada a la “investigación” y “fijación” de hechos o conductas constitutivas de delito, “al margen, por entero, del poder judicial y con potestad, incluso, para desconocer lo ya resuelto por la jurisdicción penal”, lo que es “contrario a la Constitución”. La sentencia invalida cinco de los ocho artículos de la ley y anula parcialmente otro. Además suspende tres de las cuatro disposiciones adicionales y la única disposición transitoria única.

Sin embargo, el fallo incluye los votos particulares de Juan Antonio Xiol Ríos, Antonio Narváez Rodríguez, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer Callejón. Los cuatro magistrados coinciden en que la ley navarra no pretende “suplantar” al poder judicial en la persecución y castigo de los delitos, sino determinar la condición de víctima mediante la comprobación de los hechos alegados en las solicitudes. La Comisión de Reconocimiento y Reparación, según recoge la ley foral, busca reconocer y reparar a víctimas como Mikel Arregi, Mikel Zabalza, Ángel Berrueta, Gladys del Estal, José Luis Cano o Germán Rodríguez, entre otros.

el argumentoEl dictamen del TC estima parcialmente el recurso presentado por el abogado del Estado contra esta norma, que alegaba en su recurso que, a diferencia de otras normas anteriores en las que el reconocimiento de la condición de víctima exige la tramitación de un procedimiento en el que se verifica una previa actividad judicial, la ley navarra crea la denominada comisión a la que se le atribuyen funciones de averiguación y fijación de hechos delictivos a los efectos de reconocer la condición de víctima y las consecuencias asociadas a tal reconocimiento. Según el abogado del Estado, “ello supone la asunción por la citada comisión de funciones propias de la jurisdicción penal, invadiendo por ello la reserva de esta función jurisdiccional”.

La sentencia señala que “el objetivo de reconocer y reparar a las víctimas o a determinadas víctimas, no merece reproche constitucional alguno”. “Ahora bien, la libertad de configuración del legislador para ordenar tal régimen de asistencia y reparación, en el que prevalece una perspectiva compensadora en favor de quien ha sufrido el daño, tiene, no obstante, un límite constitucional indudable. No pueden confundirse esos cometidos públicos de carácter asistencial con los que son propios y reservados al poder judicial”, señala.

El TC cuestiona que el reconocimiento de la condición de víctima “se haga a resultas de una investigación y fijación extrajudiciales de hechos que pudieran ser delictivos”. La sentencia señala que “el deslinde entre la tarea administrativa de reconocimiento y compensación respecto a la investigación y persecución de hechos delictivos ha de ser particularmente claro”. “De este modo, la intervención pública para la protección de las víctimas podría ser anterior, simultánea o posterior a la iniciación, sustanciación y conclusión del proceso penal, pero el límite a estos efectos consiste en que el hecho lesivo no fuera delictivo y que se preserve en todo caso la preeminencia de la jurisdicción penal en la investigación y persecución de conductas que sí lo fueran”, señala. - S.Z.E./Agencias