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Junqueras pide recusar a la sala que juzgará el 1-O por colisión ideológica

Romeva y el expresident dudan de una sentencia imparcial dadas las “creencias” de los magistrados

Igor Santamaría - Martes, 31 de Julio de 2018 - Actualizado a las 06:01h

pamplona- Oriol Junqueras ha solicitado recusar a la sala que juzgará el referéndum del 1-O porque sus “valores, creencias e ideología” podrían entrar en “colisión” con los de los procesados y afectar a su imparcialidad, ya que se “someten” a una Constitución que los acusados “quieren cambiar”. Así lo argumentan el expresident y el exconseller de Exteriores Raül Romeva en un escrito donde piden recusar a los cinco miembros de la sala que juzgará a la cúpula del procés: el presidente Manuel Marchena y los magistrados Andrés Martínez, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Antonio Del Moral. Una vez se haya acordado la fecha para el inicio del juicio, es probable que a la sala que enjuiciará el caso se puedan sumar otros dos jueces, que casi con toda probabilidad serán Ana María García Ferrer y Andrés Palomo.

El abogado de Junqueras y Romeva, Andreu Van den Eynde, advierte de que no atender los argumentos de la recusación que plantea supondría la “violación y vulneración” de los derechos fundamentales al juez ordinario predeterminado por la ley y a un proceso público en “plena igualdad” y con “todas las garantías”, el derecho a un “tribunal imparcial” y a un “efectivo recurso”. Según el letrado, “podrían existir elementos para sospechar que los valores, creencias e ideología de los magistrados integrantes de la sala de enjuiciamiento podrían encontrarse en colisión con los de los procesados hasta el punto de afectar a la imparcialidad de los juzgadores”. El escrito relata que la causa judicial por el proceso unilateral tiene un “componente político indiscutible”, ante lo que la ideología de los juzgadores “podría llegar a suponer una barrera al dictado de una sentencia imparcial”.

Para la defensa, los “ingredientes de la sospecha de imparcialidad” son la existencia de una causa contra políticos independentistas y republicanos “sometida a enjuiciamiento por unos magistrados que naturalmente se someten a los valores de una Constitución que los procesados quieren cambiar -siempre por vías pacíficas y cauces políticos y bajo la tutela de una democracia no militante como es la española según el TC-”. Igualmente, alerta que el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, está “fuertemente criticado” por su “politización” y “alienta la actividad jurisdiccional con un único norte: la unidad indisoluble la de nación española”.

La defensa plantea la recusación para permitir también que sean los propios jueces los que analicen “su propensión a juzgar o no con imparcialidad un movimiento independentista y republicano, a fin de garantizar que la ideología política de los procesados no pueda suponer un impedimento al desarrollo de un juicio justo”. Asimismo, se alega que el sistema de elección de la cúpula judicial española ha sido criticado internacionalmente por su “permeabilidad” a las decisiones políticas.

suspensión como diputadosEn este contexto, el Tribunal Supremo confirmó la suspensión como diputados de los políticos ecarcelados, en prisión preventiva, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull -así como de Carles Puigdemont- todos ellos procesados por rebelión en la causa del proceso soberanista. En un auto, desestima los recursos de apelación formulados por los cinco procesados y apunta que la medida “no es fruto de una decisión discrecional” del instructor, Pablo Llarena, sino que está prevista en el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La Sala establece que la suspensión de cargo público no se refiere solo a los delitos de rebelión cometidos por bandas armadas y reseña que la gravedad de los hechos es “de tal evidencia, que autoriza una motivación implícita que resultaría perceptible por cualquiera”.

Por su parte, el Supremo dio tres días a las partes para informar sobre la recusación formulada por los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull y de Jordi Sànchez contra cuatro de los magistrados del alto tribunal.