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no tendrá efectos en la asistencia

El Estado recurre el acuerdo del Gobierno que garantizaba la atención sanitaria a inmigrantes

Salud critica este ataque “reiterativo”, si bien no tendrá efectos en la asistencia

M. Pérez Javier Bergasa - Sábado, 4 de Agosto de 2018 - Actualizado a las 06:01h

Imagen de archivo de una concentración de 2012 contra la exclusión sanitaria de los inmigrantes.

Imagen de archivo de una concentración de 2012 contra la exclusión sanitaria de los inmigrantes. (JAVIER BERGASA)

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Imagen de archivo de una concentración de 2012 contra la exclusión sanitaria de los inmigrantes.

PAMPLONA- La Abogacía del Estado en Navarra ha interpuesto, a instancias del Ministerio de Sanidad y Consumo, un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del Gobierno de Navarra de 6 de abril de 2018 que garantizaba la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular que residen en la Comunidad Foral al eximir del pago del precio público a aquellos inmigrantes irregulares que tuvieran unos ingresos inferiores a 18.000 € al año -prácticamente todos-. Así lo explicaron desde Salud, si bien desde un punto de vista práctico este recurso no genera “ningún problema” porque el Gobierno del socialista Pedro Sánchez aprobó el pasado viernes el Real Decreto Ley que devuelve la atención sanitaria universal, después de que en el año 2012 el PP retirara la tarjeta sanitaria a estos inmigrantes.

Como recordaron desde el departamento, en la Comunidad Foral “teníamos una Ley Foral, la 8/2013, que de alguna forma devolvía la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares residentes en Navarra;asistencia que había sido arrebatada por el Real Decreto Ley de 2012”. Sin embargo, en febrero el Tribunal Constitucional anuló esta normativa por “entender que esto era una competencia del Estado” y “nos decía que teníamos que aplicar la normativa del Estado, que exige el pago por parte de los inmigrantes irregulares de un precio público que es muy alto”, porque oscilaba “entre 600 euros al año los menores de 65 años y 1.700 euros, los mayores de 65 años”, expusieron fuentes de Salud. Así, para seguir prestando este servicio con carácter gratuito y dentro del marco de competencias que había marcado el Tribunal Constitucional, el Gobierno decidió “no cobrar a quien no tiene recursos económicos”. Este acuerdo se aprobó el 6 de abril, se publicó y comenzaron a tramitar un procedimiento por el cual los residentes en Navarra que estén en esta situación empezaron a pedir el acceso al sistema con esta exención de pago y el 6 de julio recibieron un documento del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) en el que les informaban del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Abogacía del Estado en Navarra y les solicitaban el expediente.

El consejero de Salud, Fernando Domínguez, en una orden foral publicada el jueves en el Boletín Oficial de Navarra ordenaba la remisión del citado expediente a la Sala de lo Contencioso-Administrativo y emplazaba a cualquier ciudadano o entidad que pudiera verse afectada por este recurso para personarse en el tribunal en un plazo de 9 días como demandados.

ahora hay normativa estatalDesde Salud, explicaron que desde un punto de vista práctico el recurso no va a generar ningún problema al colectivo de inmigrantes irregulares porque al haberse aprobado el Real Decreto Ley 7/2018 “les vamos a poder dar un documento para que tengan asistencia sanitaria en todo el Sistema Nacional de Salud”. Y es que, como apuntaron, esta normativa estatal recoge la filosofía de la Ley foral 8/2013 y “viene a hacer lo mismo que aquí siempre se ha pedido”, que es vincular el derecho a la salud con la condición de ciudadano y desligarlo del concepto de asegurado.

Tras criticar el “reiterativo ataque por parte del Gobierno central a cualquier actuación de Navarra en materia de devolución de asistencia sanitaria gratuita al colectivo de inmigrantes irregulares”, el departamento concluyó que van a intentar que el consejero, que siempre ha defendido aquí y en Madrid este tema, hable con la ministra: “Nuestra propuesta, que era que se les dé tarjetas en todo el Sistema Nacional de Salud y que tengan los mismos derechos que el resto de ciudadanos, ha sido aceptada, con lo cual no tiene sentido que siga el recurso, como también pierde efecto el acuerdo de gobierno, porque se ha visto superado por una normativa básica que va más allá incluso de lo que en ese momento podíamos hacer”.