Mesa de Redacción

La propaganda política a veces también la carga el diablo

Por Joseba Santamaria - Domingo, 5 de Agosto de 2018 - Actualizado a las 06:01h

Al margen del patinazo político de UPN en el supuesto acuerdo con el Gobierno del PP para prejubilar a 800 trabajadores de Volkswagen Navarra tras desvelar la nueva ministra de Industria del PSOE, Reyes Maroto, que la medida no tiene dotación presupuestaria ni encaje legal en la actual legislación española y europea, quedan también preguntas y dudas en el aire. Parece claro que todo fue un montaje de simple propaganda, pero ni siquiera es seguro que tuviera realmente recorrido alguno, incluso aunque la propuesta urdida por UGT en bandeja para Esparza tuviera la firma de Rajoy, como alega el líder de UPN. Simple papel mojado. Seguro que una medida así es buena para la planta de VW Navarra, más aún para su cuenta de resultados y para el currículo de sus directivos que ahorrarían un gasto de su propia responsabilidad, y también para los trabajadores que se pueden ver beneficiados por unas condiciones de prejubilación ventajosas y para los sindicatos que aspiran a controlar el acceso de los nuevos contratados. Pero ¿es asumible vender como una medida positiva destinar 80 millones de euros de dinero público a financiar las prejubilaciones de una multinacional privada que gana cada año 11.000 millones de euros? ¿Tiene sentido pagar de las arcas comunes todo ese montaje de intereses particulares? ¿No es un trato de privilegio clientelar injustificado? ¿No es favorecer con dinero público unas ayudas directas de dudosa legalidad que sitúan a esa multinacional en posiciones de ventaja competitiva? Más aún si ese relevo generacional reducirá los costes laborales de la empresa -con sueldos inferiores- y mejorará la productividad y, por tanto, los ratios de beneficio en la producción de la planta. ¿Se va a impulsar la misma medida para las empresas auxiliares de VW Navarra? ¿O para el conjunto del sector industrial que puede igualmente necesitar abordar el relevo generacional de sus plantillas? ¿Y por qué no al resto de los sectores, desde el primario al de servicios? ¿Qué ocurre con las pequeñas y medianas empresas, quedan de nuevo al margen de estas medidas y en inferioridad de condiciones? Por no hablar de los autónomos o comerciantes. Esto es, ¿una posible reforma de la formación dual y mejora de los contratos relevo será general o sólo para determinadas empresas y sectores? ¿Cuál es su efecto sobre la Seguridad Social y las pensiones? ¿No es contradictorio elevar la jubilación a los 67 años y subvencionar prejubilaciones a los 55 años en una empresa? ¿No es otro ejemplo más de cómo el liberalismo económico y empresarial socializa los costes y las pérdidas y se queda los beneficios, de traspaso de recursos públicos a los accionistas privados? Porque en realidad que los Presupuestos asuman ese coste de una empresa particular no significa otra cosa que el resto de los trabajadores y empresarios y el conjunto de los contribuyentes son los que pagan la operación con su trabajo, cotizaciones e impuestos. Lo que, por cierto, ya ocurre en la Función Pública con la mirada colectiva hacia otro lado. Muchas veces, la euforia de la propaganda la acaba cargando el diablo. La propaganda en este caso no sólo ha resultado fallida, sino que sitúa el debate de fondo sobre el uso de los recursos públicos, la capacidad de presión de las multinacionales, el papel de los sindicatos en el sector público y en el sector privado o, entre otros temas, el modelo de mercado de trabajo.