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protección por su condición de expresident

Interior rechaza la escolta a Puigdemont porque “debería estar en prisión”

El Govern solicitó la protección por su condición de expresident
El Ejecutivo dice que su escolta tendría que detenerlo

D.N. - Domingo, 5 de Agosto de 2018 - Actualizado a las 06:01h

El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.

El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. (EFE)

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El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Pamplona- El Gobierno español rechazó el pasado sábado la solicitud del Govern catalán de dotar al expresident Carles Puigdemont de los servicios de escolta por su condición de exjefe del Ejecutivo catalán. El Ministerio de Interior justificó su respuesta negativa argumentando que Puigdemont ya no ostenta ninguna autoridad del Estado, además de encontrarse huido de la justicia, por lo que el policía que le escoltaría estaría obligado a detenerlo y llevarlo ante la justicia española. Según ha informado El País, Fernando Grande-Marlaska considera que Puigdemont es “un prófugo de la justicia” y, por lo tanto, rechaza la pretensión del Govern de disponer de escolta en Waterloo.

En julio, el nuevo Govern liderado por Quim Torra, tras la aplicación del artículo 155 que desmoronó la anterior ejecutiva catalana, puso en marcha los trámites para realizar varias solicitudes al Gobierno en beneficio del expresident Carles Puigdemont. Entre ellas, Torra pidió una oficina con personal, coche oficial y seguridad en Bélgica, acogiéndose a la ley que regula los privilegios que corresponden a los expresidentes de la Generalitat. Entre otras gestiones, se solicitó al Ministerio de Interior para que autorizara el desplazamiento de agentes de los Mossos para que fuesen la escolta de Puigdemont. Ante esta petición, Interior recabó un informe a la Abogacía del Estado.

Sin embargo, la Abogacía del Estado alega en su informe que el expresidente en el exilio no tiene ya este derecho ya que “no ostenta ningún cargo público y es un prófugo de la justicia”, por lo que se rechaza la solicitud. El informe argumenta que los beneficios de los expresidentes de la Generalitat los perdió cuando fue cesado de su cargo y, sobre todo, porque sobre él pesa una orden de busca y captura en España, que obligaría al funcionario policial que le acompañara a detenerle antes que a escoltarle.

Desde que se fugó al extranjero, Puigdemont ha contado con la protección de varios mossos, pero lo han hecho a título personal en sus horas libres, no en misión oficial y cobrando del erario público, como pretende ahora el Govern Torra. Además, algunos de los mossos que han acompañado estos meses a Puigdemont han sufrido las consecuencias, pues el Ministerio de Interior les ha abierto expedientes. Cuando huyó de España a finales de octubre, Puigdemont estuvo acompañado por un mosso d’esquadra, al que, en febrero, Interior retiró del servicio de escoltas tras abrirle un expediente por utilizar sus vacaciones para prestar ese servicio al expresidente.

El día en que fue detenido en Alemania le acompañaban en el vehículo cuatro personas, dos de ellas mossos, Xabier Goicoechea Fernández y Carlos de Pedro López, quienes, al igual que los otros dos acompañantes, el empresario Josep María Matamala y el historiador Josep Lluís Alay, están siendo investigados en la Audiencia Nacional por un delito de encubrimiento.

VUELTA A WATELOO

Al haber rechazado el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena la entrega de Puigdemont a España desde Alemania solo por un delito de malversación y no de rebelión, como estableció un tribunal alemán, el expresidente catalán quedó libre para regresar a su refugio en Waterloo (Bélgica), donde lleva ya residiendo una semana. Su morada en la ciudad belga se ha convertido ya en punto de peregrinación para sus adeptos. A la derecha de la puerta de entrada puede leerse: “Casa de la República”.

Pese a que Llarena retiró la orden europea de detención que había cursado contra él cuando fue detenido en Alemania -meses antes había retirado la que cursó en primer lugar a Bélgica-, el juez mantiene vigente la orden nacional de detención, por lo que Puigdemont se expone a ser detenido si elige volver a Catalunya.