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Navarra deberá reelaborar la ley de víctimas de violencia policial para salvar el veto del Constitucional

A diferencia de la ley de la CAV cuando Sánchez llegó a Moncloa, el recurso contra la norma foral estaba muy avanzado como para levantarlo
Los impulsores del texto ven sesgo político en los magistrados

Andoni Irisarri - Domingo, 5 de Agosto de 2018 - Actualizado a las 06:01h

Álvaro Baraibar, director de Paz y Convivencia, en el homenaje a víctimas de violencia policial.

Álvaro Baraibar, director de Paz y Convivencia, en el homenaje a víctimas de violencia policial. (JAVIER BERGASA)

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Álvaro Baraibar, director de Paz y Convivencia, en el homenaje a víctimas de violencia policial.

“La razón fundamental hay que buscarla en los tiempos del recurso;ya no había margen” “Hay una voluntad política para que este tipo de leyes no salgan adelante”

pamplona- La noticia de la anulación de la ley de reconocimiento a víctimas de grupos de extrema derecha y funcionarios públicos por parte del Tribunal Constitucional (TC) ha provocado tristeza e indignación -casi a partes iguales- en los grupos políticos que la aprobaron (I-E, PSN, Bildu, Aralar y Geroa Bai) en 2015. Tristeza, porque la anulación de cinco de los ocho puntos de la norma, tres de las cuatro disposiciones adicionales y la única disposición transitoria, deja prácticamente tocada de muerte una ley que se impulsó para reconocer el estatus de víctima de quienes han permanecido en el olvido desde la Transición, como Germán Rodríguez, Mikel Zabalza, Mikel Arregi, José Luis Cano o Gladys del Estal, entre otros.

Pero también indignación, porque el veredicto del Constitucional llega apenas unos días antes y de forma casi simultánea a que el Gobierno de Pedro Sánchez haya ejecutado este viernes en el Consejo de Ministros el levantamiento, por parte del Estado, del recurso interpuesto contra una ley elaborada por el Parlamento Vasco muy parecida a la navarra. Una decisión que algunos partidos navarros han considerado un agravio. El exparlamentario foral (representante de Batzarre en Nafarroa Bai) Joseba Eceolaza que fue redactor de la ley de 2015 y Txema Mauleón, también exparlamentario foral (Izquierda-Ezkerra) y ponente de la norma la legislatura pasada, analizan la sentencia del TC y aseguran que han concurrido tres aspectos fundamentales para que este veto sea efectivo: la fecha en la que se interpuso el recurso, la amplitud en la redacción y la falta de consenso por los magistrados.

el tiempo, claveLa primera razón hay que buscarla en el calendario. “Puede sonar frívolo, pero la razón fundamental de la sentencia han sido los tiempos del recurso”, considera Eceolaza. La norma navarra entró en vigor en abril de 2015, y en diciembre de ese año ya había sido recurrida y suspendida parcialmente por el TC, a instancias de una denuncia del Gobierno de Rajoy formulada a través de la Abogacía del Estado. La ley de víctimas de abusos policiales fue aprobada por la CAV el 28 de julio de 2016, y no fue recurrida hasta mayo de 2017. ¿Esto qué ha supuesto? Que la CAV (donde gobierna el PNV con el PSE), al tener mucho menos avanzado el recurso, “ha dispuesto de mayor margen” que Navarra para negociar con el nuevo Gobierno del PSOE la retirada. Para cuando Sánchez accedió al poder, la decisión del TC de tumbar la ley ya estaba casi tomada.

El segundo motivo por el que se ha derogado esta ley puede ser su propia redacción. Se hizo desde la oposición a UPN, sin el apoyo del Gobierno de Navarra, que por aquel entonces no tenía nada parecido a un departamento de derechos humanos o memoria histórica, y con un texto amplio para que los cinco partidos de oposición (entre ellos PSN y Bildu) pudiesen coincidir en el voto, con todo lo que ello implica en este caso.

La situación en la CAV era totalmente diferente: el PNV y el PSE tenían mayoría para sacar la ley que quisieran, contaban con los funcionarios de Paz y Convivencia para la redacción y con algo más de experiencia en la materia, después de que en 2012 el lehendakari Patxi López (PSE) encargase a la jueza Manuela Carmena (la actual alcaldesa de Madrid) un informe sobre otras víctimas. Eceolaza lo expresa así: “Comprobamos que cuanto menos atada era la redacción, más consenso aunaba”. Por eso se decidió escribir un texto más amplio, más abierto a todas las sensibilidades, pero que después necesitaba de un desarrollo reglamentario concreto por parte del Gobierno de Navarra, que mientras estuvo en manos de UPN no quiso saber nada de la ley. Esa redacción amplia conseguía apoyos a costa, quizá, de dejar algún aspecto menos desarrollado a la espera de reglamentos futuros. Eceolaza duda cuando se le pregunta por si pudo ser “virtud y trampa” de la ley. “No lo sé, pues igual. Pero es especular”, zanja.

Y, con todo, el pleno del TC ha anulado la ley navarra contra el criterio de cinco de sus doce magistrados, que han interpretado de manera totalmente diferente el artículo de la discordia: el número 3, ese que prevé la constitución de una comisión de expertos que estudia quién puede acogerse a la categorización de víctima de violencia política y que el PP entendió paralela a la justicia. Juan Antonio Xiol Ríos, Antonio Narváez Rodríguez, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer Callejón, los magistrados que emitieron los cuatros votos discrepantes al que se sumó Fernando Valdés, dejaron claro en sus textos que la ley navarra “no pretende suplantar” a los tribunales, sino determinar la condición de víctimas a través del estudio de las solicitudes. Txema Mauleón cree que el Constitucional “ha analizado con ojos políticos” el recurso, que denota “una voluntad política para que este tipo de leyes de reconocimiento a otras víctimas no salgan adelante”.

Ahora, mientras el Gobierno de Navarra estudia la sentencia, en este escenario, algunos impulsores de la ley como Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ya han avanzado que están “trabajando en una nueva ley para superar las objeciones del Tribunal Constitucional, sin perder de vista la finalidad que tenía” la actual. Y el propio Parlamento de Navarra se ha comprometido a buscar “todas las vías” para hacer esta ley efectiva.