Aboga por un desalojo pacífico

Barkos apuesta por acondicionar el Palacio del Marqués de Rozalejo para el Instituto de la Memoria Histórica


P. Gorría - Domingo, 12 de Agosto de 2018 - Actualizado a las 06:01h

Uxue Barkos.

Uxue Barkos. (IÑAKI PORTO)

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Uxue Barkos.

Pamplona- El Gobierno de Navarra apuesta por convertir el palacio del Marqués de Rozalejo de la plaza de Navarrería, ocupado desde hace casi un año por un grupo de jóvenes, en la sede del recién creado Instituto de la Memoria Histórica. Así lo desvela la presidenta del Ejecutivo, Uxue Barkos, en una carta que puede leerse íntegra en la página 28 del periódico, en la que valora los últimos acontecimientos relacionados con la ocupación del edificio para gaztetxe y asegura que el Gobierno no buscará “el refugio de la tensión que se buscó en etapas pasadas y que hoy en el exterior de Rozalejo vamos a evitar de forma decidida”.

El Instituto se presentó el pasado mes de mayo como una herramienta para el impulso de las políticas relacionadas con la memoria histórica. Tiene una biblioteca especializada con unos 500 volúmenes y un centro de documentación que trabaja en la recopilación y digitalización de imágenes, vídeos, documentación y testimonios con el relato de las víctimas del 36 y del terrorismo más reciente. Se trata de hacer de Rozalejo “un símbolo de la paz y la convivencia”, señala Barkos.

Según expone la presidenta, el espacio ocupado sí que tiene un proyecto social. En estos tres años, el Gobierno del cambio ha venido trabajando para determinar el coste de las obras de acondicionamiento del edificio, que cifra en unos 6 millones de euros, pero hasta ahora no se han podido llevar a cabo porque la prioridad era “la reversión de los recortes del Estado de Bienestar”, relata Barkos. La presidenta asegura que el Gobierno ha debatido “en profundidad” el uso “público y de interés general” que se le podría dar al inmueble y ahora mismo el proyecto que tiene “mayor fuerza” es ubicar allí el Instituto de la Memoria Histórica.

DIÁLOGO Y DEFENSA DE LO PÚBLICO

Barkos sostiene que la ocupación se ha realizado “sin diálogo previo” ni “comunicación con el Gobierno, que es su propietario en representación de la sociedad navarra”. Tampoco se atendió “a las condiciones de seguridad a la hora de acometer obras no supervisadas” ni se asumió “responsabilidad ninguna en la gestión de un bien público con valor histórico y cultural”. Tampoco se preguntó “a quien corresponde” si este espacio tiene un proyecto social, “que lo tiene”, asegura la presidenta, que lamenta que se ha ocupado cuando “el diálogo, esta vez sí, es posible”. Por ello, reitera la vocación de diálogo del Gobierno, pero también “de defensa firme de los bienes públicos, del patrimonio de todas y todos para toda la ciudadanía”. “Lo demás”, advierte, “es una excusa contra el Gobierno del cambio”.

Barkos recuerda los antecedentes de ocupaciones de este edificio que durante los últimos 20 años “ha simbolizado la tensión lógica entre los poderes públicos y todos aquellos movimientos sociales que han batallado por la búsqueda de un aprovechamiento real” a espacios vacíos.

Así, recuerda que el Gobierno foral compró el edificio en 2005 y solo unos meses después ya fue ocupado. La anunciada operación de Gobierno, Ayuntamiento y Cámara de Comercio de albergar allí un centro de estudios de hostelería nunca llegó a materializarse y la ocupación “no pasó de ser simbólica”. La segunda ocupación, en la primavera de 2007, “se produjo en fechas más que simbólicas”, recuerda Barkos, en vísperas de unas elecciones en las que existía la posibilidad real de desbancar de las instituciones a UPN. En el ecuador de la campaña se ocupó el palacio, que fue desalojado por la Policía Foral y la Policía Municipal dirigida por Simón Santamaría en una operación que se saldó con la detención de 45 jóvenes que fueron puestos en libertad horas después. “Desde aquel 2007 hasta nuestra llegada al Gobierno, Rozalejo ha continuado vacío. No ha sido hasta 2017 cuando se ha decidido ocuparlo”, expone Barkos.

La presidenta asegura que comparte la idea de que la participación ciudadana es “uno de los rasgos esenciales de la acción política democrática del siglo XXI” y defiende que hay que dar respuestas desde las administraciones a las demandas de los movimientos ciudadanos, también a los “espacios autogestionados” de jóvenes, siempre con un “respeto escrupuloso” a “la igualdad de oportunidades”, las “condiciones de seguridad” y “las posibilidades económicas”. “Todo este cruce de necesidades legítimas”, expone, “imponen un método de trabajo que empieza por el diálogo”. Y asegura que tanto el Gobierno como los ayuntamientos del cambio “han demostrado que el método funciona”.